El caso Uribe en la Fiscalía: una burla al país

La orgía de entrevistas y declaraciones del agrandado individuo que dentro de unos días será un ciudadano de a pie es síntoma del terror de Barbosa por volver a hacer parte de la masa humana a la que siempre perteneció (tan anodino que fue y sigue siendo) y a tener que vivir en el espacio de los comunes en donde uno se gana la vida a punta de esfuerzos diarios, sin gabelas, viajes, aviones, vehículos, servidumbre, miles de cargos a disposición o un millonario presupuesto para dilapidarlo a su antojo, como se conocerá cuando se vaya y su código de tráfico de complicidades se caiga. De acuerdo con lo que admiten los servidores más osados de la Fiscalía que, en cualquier caso, no revelan los detalles de lo que les consta por miedo a ser echados a la calle, el periodo Barbosa quedará marcado por su venalidad en el gasto del dinero público, por sus prácticas nepotistas y las de sus amigas y amiguitas en la cúpula de la entidad y, sobre todo, por el manejo politizado de la justicia, la peor de las corrupciones puesto que derruye el axioma democrático de que todos somos iguales ante la ley. Solo en un país de opereta puede ocurrir, como si fuera un incidente normal, que quien se proclama gladiador de la institucionalidad lleve tres años, tres meses, tomándonos del pelo con el caso Uribe Vélez, emblemático porque el involucrado es, si no el más, uno de los más poderosos personajes de Colombia.

Barbosa no actuó inocentemente cuando le asignó a Gabriel Jaimes el manejo del proceso Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal que la Corte Suprema le imputó al ex jefe de Estado. En manos de Jaimes, ese expediente estaría bajo control, aunque invisible, de Iván Duque, vía su escudero agradecido, Barbosa, y de este, vía su también agradecido escudero, Jaimes. Fechas de guía: Duque se posesionó en agosto de 2018; en octubre de 2019, la Sala de Instrucción del alto tribunal escuchó en indagatoria a Uribe; en febrero de 2020, el hijo político de Uribe posesionó a Barbosa como fiscal general en el momento en que necesitaba a un aliado en la entidad adonde iría a parar el expediente del exmandatario cuando este, para salvar su pellejo, renunciara a su fuero de congresista, lo que ocurrió en septiembre del 2020, fecha del aterrizaje de este caso en el despacho de Jaimes. Redondo es…

Pero las cosas se salieron de madre cuando una jueza independiente rechazó dar su fallo a favor de Uribe, como lo solicitó Jaimes, y envió a este mediocre funcionario a mejorar su estudio de las pruebas. Por un vacío increíble de las leyes, Barbosa pudo seguir manipulando el caso. Para remediar la ignorancia de Jaimes, nombró, con un segundo plazo de 90 interminables días, a un subalterno del propio Jaimes. Llegó, entonces, el delegado Javier Cárdenas, quien repitió la fórmula de la preclusión y recibió, como era de esperarse, regaño de otra jueza y, encima, de un tribunal. Dos veces y el fiscal general continuó con el timón del expediente y una nueva extensión de 90 días para que un tercer delegado diera su dictamen. Le tocó el turno a Andrés Palencia, quien se tomó los tres meses para anunciar, el último día, ¡que renunciaba! En este carrusel inagotable del circo judicial colombiano, Barbosa nombró a un cuarto fiscal, tercer subalterno directo de Jaimes, con 90 días más de tiempo. No es un chiste: es serio y es grave. El otro jinete del apocalipsis era el fiscal Víctor Salcedo. Con este arribamos al cinismo total: íntimo colega de Jaimes desde épocas de su natal Bucaramanga y compañeros de credos, ideologías y trabajos, Salcedo recibió el regalo de su puesto y sueldazo en 2021, después de haber absuelto a Uribe y elogiado, casi hasta la lagartería, a… Barbosa y Jaimes, en columnas de prensa. El bumangués llegó, calladito, a darle la estocada definitiva al proceso que trasnocha al expresidente, cuando investigadores periodísticos autónomos descubrieron sus enormes conflictos de intereses. Aunque muy a su pesar, Salcedo tuvo que declararse impedido. Otra treta que se le cayó a la Fiscalía General. El carrusel no termina: Barbosa todavía tiene 23 días para maniobrar. En estas tres semanas podrá incidir en su quinto (¡quinto!) fiscal, Gilberto Villarreal que estudiará, otra vez, el proceso del exmandatario sobre el cual ya dio su concepto superior la Corte Suprema. Una burla del tamaño de una ballena. Y, entre tanto, la Corte, primera irrespetada por Barbosa pues fue ella la que acusó al expresidente, se enreda en procedimientos para la elección de quien, por fin, pueda devolverle la dignidad a la nación y a los profesionales de la investigación criminal. Barbosa cuenta con varios magistrados de la Corte.

La orgía de entrevistas y declaraciones del agrandado individuo que dentro de unos días será un ciudadano de a pie es síntoma del terror de Barbosa por volver a hacer parte de la masa humana a la que siempre perteneció (tan anodino que fue y sigue siendo) y a tener que vivir en el espacio de los comunes en donde uno se gana la vida a punta de esfuerzos diarios, sin gabelas, viajes, aviones, vehículos, servidumbre, miles de cargos a disposición o un millonario presupuesto para dilapidarlo a su antojo, como se conocerá cuando se vaya y su código de tráfico de complicidades se caiga. De acuerdo con lo que admiten los servidores más osados de la Fiscalía que, en cualquier caso, no revelan los detalles de lo que les consta por miedo a ser echados a la calle, el periodo Barbosa quedará marcado por su venalidad en el gasto del dinero público, por sus prácticas nepotistas y las de sus amigas y amiguitas en la cúpula de la entidad y, sobre todo, por el manejo politizado de la justicia, la peor de las corrupciones puesto que derruye el axioma democrático de que todos somos iguales ante la ley. Solo en un país de opereta puede ocurrir, como si fuera un incidente normal, que quien se proclama gladiador de la institucionalidad lleve tres años, tres meses, tomándonos del pelo con el caso Uribe Vélez, emblemático porque el involucrado es, si no el más, uno de los más poderosos personajes de Colombia.

Barbosa no actuó inocentemente cuando le asignó a Gabriel Jaimes el manejo del proceso Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal que la Corte Suprema le imputó al ex jefe de Estado. En manos de Jaimes, ese expediente estaría bajo control, aunque invisible, de Iván Duque, vía su escudero agradecido, Barbosa, y de este, vía su también agradecido escudero, Jaimes. Fechas de guía: Duque se posesionó en agosto de 2018; en octubre de 2019, la Sala de Instrucción del alto tribunal escuchó en indagatoria a Uribe; en febrero de 2020, el hijo político de Uribe posesionó a Barbosa como fiscal general en el momento en que necesitaba a un aliado en la entidad adonde iría a parar el expediente del exmandatario cuando este, para salvar su pellejo, renunciara a su fuero de congresista, lo que ocurrió en septiembre del 2020, fecha del aterrizaje de este caso en el despacho de Jaimes. Redondo es…

Pero las cosas se salieron de madre cuando una jueza independiente rechazó dar su fallo a favor de Uribe, como lo solicitó Jaimes, y envió a este mediocre funcionario a mejorar su estudio de las pruebas. Por un vacío increíble de las leyes, Barbosa pudo seguir manipulando el caso. Para remediar la ignorancia de Jaimes, nombró, con un segundo plazo de 90 interminables días, a un subalterno del propio Jaimes. Llegó, entonces, el delegado Javier Cárdenas, quien repitió la fórmula de la preclusión y recibió, como era de esperarse, regaño de otra jueza y, encima, de un tribunal. Dos veces y el fiscal general continuó con el timón del expediente y una nueva extensión de 90 días para que un tercer delegado diera su dictamen. Le tocó el turno a Andrés Palencia, quien se tomó los tres meses para anunciar, el último día, ¡que renunciaba! En este carrusel inagotable del circo judicial colombiano, Barbosa nombró a un cuarto fiscal, tercer subalterno directo de Jaimes, con 90 días más de tiempo. No es un chiste: es serio y es grave. El otro jinete del apocalipsis era el fiscal Víctor Salcedo. Con este arribamos al cinismo total: íntimo colega de Jaimes desde épocas de su natal Bucaramanga y compañeros de credos, ideologías y trabajos, Salcedo recibió el regalo de su puesto y sueldazo en 2021, después de haber absuelto a Uribe y elogiado, casi hasta la lagartería, a… Barbosa y Jaimes, en columnas de prensa. El bumangués llegó, calladito, a darle la estocada definitiva al proceso que trasnocha al expresidente, cuando investigadores periodísticos autónomos descubrieron sus enormes conflictos de intereses. Aunque muy a su pesar, Salcedo tuvo que declararse impedido. Otra treta que se le cayó a la Fiscalía General. El carrusel no termina: Barbosa todavía tiene 23 días para maniobrar. En estas tres semanas podrá incidir en su quinto (¡quinto!) fiscal, Gilberto Villarreal que estudiará, otra vez, el proceso del exmandatario sobre el cual ya dio su concepto superior la Corte Suprema. Una burla del tamaño de una ballena. Y, entre tanto, la Corte, primera irrespetada por Barbosa pues fue ella la que acusó al expresidente, se enreda en procedimientos para la elección de quien, por fin, pueda devolverle la dignidad a la nación y a los profesionales de la investigación criminal. Barbosa cuenta con varios magistrados de la Corte.