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“Si Antioquia resiste, Colombia se salva”: así termina su destemplada respuesta al presidente el gobernador Andrés Julián Rendón, conductor del departamento en donde, de tanto en tanto, surgen sentimientos separatistas incentivados por la clase política y económica local que, sin embargo, oculta su participación en ese disparate para evitar que se afecten sus intereses particulares los cuales dependen de los consumidores (y votantes) de todo el país. Con su frase, Rendón, quien triunfó en las elecciones con el discurso más extremista del Centro Democrático, reivindica, entre líneas, la alegada superioridad de sus paisanos sobre el resto de colombianos. Pero, al mismo tiempo, le exige a la administración central que lo apoye mediante giros por $1.5 billones de pesos (de $3.5 billones que espera): “demandamos que el Gobierno nacional ponga los recursos que está obligados (sic) a poner para culminar las vías de cuarta generación…” (ver). No se entiende entonces si “Antioquia resiste” o si, al final, “Colombia la salva”.
Este nuevo encontrón entre el gobierno Petro y la región enclave del uribismo se origina en uno de los discursos con que el jefe de Estado suele prender los ataques en su contra como si su táctica consistiera en sumar enemigos cada vez que se expresa o, lo que es lo mismo, en disminuir el número de amigos y aliados. No se trata de que sus afirmaciones, por crudas, sean falsas. Por el contrario, suelen contener verdades; su problema consiste en que no conducen a ningún propósito. En el caso de Antioquia, Petro se refirió a las billonarias inversiones en infraestructura vial que –según aseguró– han favorecido a los sectores más pudientes de la zona porque las han ejecutado en donde se encuentran sus propiedades, valorizadas con esas obras (ver). No obstante, después de las denuncias presidenciales, tal vez injustamente generalizadas por el mandatario, no se produjo una acción gubernamental estratégica, por ejemplo, del Ministerio de Transporte, que hubiera podido hacer presencia con una inyección de recursos en las zonas más empobrecidas del departamento, pero no hubo más que nuevos enfrentamientos.
La reacción de Uribe ante la polémica planteada por Petro fue, también, desmedida, retadora y divisionista en esta Colombia desarticulada; por eso, irresponsable y, probablemente, ilegal e inconstitucional: “que un millón de antioqueños aporten, aportemos [para la construcción de las vías], de a $1 millón de pesos, unos más, unos menos; unos a título de donación, otros a título de préstamo, que esto lo lideren el gobernador, el alcalde de Medellín… los trabajadores…” (ver). La “vaca” por Antioquia propuesta por el líder absoluto de la región, quien, simultáneamente, fue el gran perdedor de la contienda presidencial de 2022, tomó cuerpo cuando fue acatada por su subalterno Rendón que se autonombró captador masivo de las donaciones en el momento en que puso a su servicio la página oficial de la Gobernación en la que ordenó alojar un formulario para que la gente transfiriera, desde allí, su “millón” (ver). Además, Rendón impuso una “junta” para vigilar la plata que entre y cuya meta, no hay que olvidarlo, es de $1 billón de pesos. ¡Un billón! Por si fuera poco, aparecieron supuestos aportes del criminal Clan del Golfo lo que, de ser cierto, configuraría lavado de activos con el concurso de Uribe y Rendón. Su “vaca” amenaza con ingresar al Código Penal:
Artículo 316: “El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses... Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte. Artículo 316A: (…) quien, habiendo captado recursos del público, no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión de 96 a 180 meses…”. La única institución competente para autorizar la captación masiva de dinero en el país al que todavía pertenece Antioquia es la Superintendencia Financiera (adscrita al Ministerio de Hacienda) que debe avisarle a la Superintendencia de Sociedades (adscrita al Ministerio de Comercio) quiénes están incurriendo en ese delito para intervenirlos. Rendón y Uribe lo conocen de sobra, pero creen que a ellos, por ser parte de la presunta mayoría opositora actual, no los cobijan las leyes financieras ni el Código Penal ni la Constitución que ordena la unidad nacional.
Entre paréntesis: Por ironía histórica, el presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó, en 2008, fortalecer “la capacidad de la Superintendencia Financiera para detectar y reprimir actividades de captación o recaudo no autorizado de recursos y facultar a la Superintendencia de Sociedades para intervenir rápidamente tales actividades…” (ver) ante la proliferación de las ‘pirámides’, tipo DMG, que les robaron miles de millones de pesos a incautos ciudadanos que entregaron sus dineros a quienes no tenían licencia para recibirlos (ver).