La catadura sórdida del Congreso de la República se oculta bajo venias sociales, labia formalista y trajes, corbatas y tacones de marca con que se visten quienes asisten a sus salones: la apariencia es el alma del mundillo político. Se entiende, entonces, que los aliados del Gobierno “cumplieran el pacto” al que se comprometieron al inicio de la administración Duque, eligiendo a los presidentes de Senado y Cámara que señalaran Uribe y sus subalternos de la Casa de Nariño sin consideraciones de ningún otro tipo, ni siquiera las de su imagen frente a las demás naciones. Casi todos ellos depositaron la dignidad del Estado, en su Rama Legislativa, en dos personas que ninguna empresa privada con prestigio seleccionaría para dirigir sus operaciones por la vergüenza de tener, a la cabeza de sus negocios, a alguien que no puede presentar a los miembros de su familia por sus pasados carcelarios.
Juan Diego Gómez Jiménez, político conservador antioqueño archiconocido por sus habilidades, en particular en los alrededores de Bello, es el presidente del Senado. En su hoja de vida figura, por supuesto, el nombre de su padre: Orlando de Jesús Gómez Botero, fallecido. Este fue conocido, en ciertos entornos paisas, con el mote de “la Ballena”. El 8 de noviembre de 2011 fue condenado, mediante sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que confirmaba la decisión de un juez del circuito de Bello, a ocho años de cárcel sin derecho a ejecución condicional de la pena ni a prisión domiciliaria. La Sala Penal de la Corte Suprema revisó el caso a pedido de su abogado defensor, en 2012, y encontró el fallo ajustado a la ley. O sea, su condena pasó todos los filtros sin duda de su culpabilidad. El padre del presidente del Senado fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso cuando con base en la adulteración, la doble identidad de un individuo y la construcción fraudulenta de una propiedad se adueñó criminalmente de un predio urbano de 33.000 m², es decir, de un megaterreno. La Corte dijo, refiriéndose al padre del honorable señor presidente del Congreso, que “conformó toda una empresa criminal para obtener la declaración judicial de pertenencia del bien”. Su hijo, el senador, heredó sus líos y sus negocios como cualquier descendiente de fallecido.
Jennifer Arias, representante por el Centro Democrático a la Cámara por el Meta, también es famosa por sus destrezas, como Gómez Jiménez, en los círculos llaneros, especialmente en las empresas pequeñas de aviación que les prestaron sus servicios de transporte a candidatos en campaña, entre estos a Uribe Vélez, a Duque y a otros notables del uribismo, según investigación de la Fundación Pares. Arias, muy cercana, además de al expresidente, al ministro del Interior, es tan encantadora que fue capaz de desbancar a los representantes Edward Rodríguez, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro y hasta a Enrique Cabrales, cuñado de Tomás, hijo de Uribe. Pese a su juventud (34 años) Arias ya ha sido directora del uribismo en el Meta, candidata a la Alcaldía de Villavicencio y jefe de la campaña de Duque en los amplios Llanos. La presidenta de la Cámara tampoco puede presentar a sus parientes: su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, fue condenado, en 1993, por asesinar a un hombre. Un juzgado de la capital del Meta lo condenó a 40 meses de prisión cuando aceptó que mató a Alfonso Leguízamo Lozada. Pero como un currículo penal, en Colombia, es una recomendación más que un impedimento, el señor Arias Castellanos ha sido adjudicatario de jugosos contratos públicos en su departamento, en un acople casual con las influencias políticas de su exitosa hija. Pares documentó al menos dos negocios de Arias Castellanos por $8.000 millones. Andrés, hermano de la fulgurante belleza que hoy preside la Cámara, recibió una condena por narcotráfico en 2008, en una corte del Distrito Sur de Florida. Los parientes en primer grado de consanguinidad de los presidentes de Senado y Cámara asesinaron, traficaron con cocaína, cometieron fraude judicial, falsificaron la identidad de una persona, conformaron empresas criminales, se apropiaron de 33.000 m² e indujeron a otros a dar falsos testimonios. Pero, eso sí, los ciudadanos de a pie podemos sentirnos orgullosos de que los partidos de nuestra institucionalidad “respetaron sus acuerdos políticos”.
Nota. Esta columna fue escrita horas antes de la elección de los dos presidentes del Senado y la Cámara.
La catadura sórdida del Congreso de la República se oculta bajo venias sociales, labia formalista y trajes, corbatas y tacones de marca con que se visten quienes asisten a sus salones: la apariencia es el alma del mundillo político. Se entiende, entonces, que los aliados del Gobierno “cumplieran el pacto” al que se comprometieron al inicio de la administración Duque, eligiendo a los presidentes de Senado y Cámara que señalaran Uribe y sus subalternos de la Casa de Nariño sin consideraciones de ningún otro tipo, ni siquiera las de su imagen frente a las demás naciones. Casi todos ellos depositaron la dignidad del Estado, en su Rama Legislativa, en dos personas que ninguna empresa privada con prestigio seleccionaría para dirigir sus operaciones por la vergüenza de tener, a la cabeza de sus negocios, a alguien que no puede presentar a los miembros de su familia por sus pasados carcelarios.
Juan Diego Gómez Jiménez, político conservador antioqueño archiconocido por sus habilidades, en particular en los alrededores de Bello, es el presidente del Senado. En su hoja de vida figura, por supuesto, el nombre de su padre: Orlando de Jesús Gómez Botero, fallecido. Este fue conocido, en ciertos entornos paisas, con el mote de “la Ballena”. El 8 de noviembre de 2011 fue condenado, mediante sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que confirmaba la decisión de un juez del circuito de Bello, a ocho años de cárcel sin derecho a ejecución condicional de la pena ni a prisión domiciliaria. La Sala Penal de la Corte Suprema revisó el caso a pedido de su abogado defensor, en 2012, y encontró el fallo ajustado a la ley. O sea, su condena pasó todos los filtros sin duda de su culpabilidad. El padre del presidente del Senado fue declarado responsable de los delitos de fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso cuando con base en la adulteración, la doble identidad de un individuo y la construcción fraudulenta de una propiedad se adueñó criminalmente de un predio urbano de 33.000 m², es decir, de un megaterreno. La Corte dijo, refiriéndose al padre del honorable señor presidente del Congreso, que “conformó toda una empresa criminal para obtener la declaración judicial de pertenencia del bien”. Su hijo, el senador, heredó sus líos y sus negocios como cualquier descendiente de fallecido.
Jennifer Arias, representante por el Centro Democrático a la Cámara por el Meta, también es famosa por sus destrezas, como Gómez Jiménez, en los círculos llaneros, especialmente en las empresas pequeñas de aviación que les prestaron sus servicios de transporte a candidatos en campaña, entre estos a Uribe Vélez, a Duque y a otros notables del uribismo, según investigación de la Fundación Pares. Arias, muy cercana, además de al expresidente, al ministro del Interior, es tan encantadora que fue capaz de desbancar a los representantes Edward Rodríguez, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro y hasta a Enrique Cabrales, cuñado de Tomás, hijo de Uribe. Pese a su juventud (34 años) Arias ya ha sido directora del uribismo en el Meta, candidata a la Alcaldía de Villavicencio y jefe de la campaña de Duque en los amplios Llanos. La presidenta de la Cámara tampoco puede presentar a sus parientes: su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, fue condenado, en 1993, por asesinar a un hombre. Un juzgado de la capital del Meta lo condenó a 40 meses de prisión cuando aceptó que mató a Alfonso Leguízamo Lozada. Pero como un currículo penal, en Colombia, es una recomendación más que un impedimento, el señor Arias Castellanos ha sido adjudicatario de jugosos contratos públicos en su departamento, en un acople casual con las influencias políticas de su exitosa hija. Pares documentó al menos dos negocios de Arias Castellanos por $8.000 millones. Andrés, hermano de la fulgurante belleza que hoy preside la Cámara, recibió una condena por narcotráfico en 2008, en una corte del Distrito Sur de Florida. Los parientes en primer grado de consanguinidad de los presidentes de Senado y Cámara asesinaron, traficaron con cocaína, cometieron fraude judicial, falsificaron la identidad de una persona, conformaron empresas criminales, se apropiaron de 33.000 m² e indujeron a otros a dar falsos testimonios. Pero, eso sí, los ciudadanos de a pie podemos sentirnos orgullosos de que los partidos de nuestra institucionalidad “respetaron sus acuerdos políticos”.
Nota. Esta columna fue escrita horas antes de la elección de los dos presidentes del Senado y la Cámara.