La cabeza actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, jefe de la Casa Militar de 2002 a 2010, es decir, durante los dos gobiernos Uribe. Su nombramiento en la DNI no produjo sorpresa: a solo un mes de que Iván Duque fuera elegido y 20 días antes de que se posesionara, la prensa ya sabía que Amaya Kerquelen sería escogido para dirigir las tareas de inteligencia y contrainteligencia civil del Estado bajo el mando directo del presidente de la República desde la DNI. En efecto, Amaya fue confirmado como el hombre de la seguridad nacional en cuanto se instaló el nuevo Gobierno. Ni que hablar de la importancia del cargo en cualquier administración, pero sobre todo en una que padece la agobiante supervisión de Álvaro Uribe, tan obsesionado con la represión. Así que el novel presidente Duque no tuvo que buscar: el almirante que vigilaba en épocas uribistas todo lo que acontecía en la residencia presidencial, incluyendo, por supuesto, el suceso del 23 de abril de 2008 cuando dos enviados del narcoparamilitarismo de Antioquia ingresaron con autorización por sus sótanos y en horas nocturnas (episodio alias Job) para reunirse con el secretario jurídico del presidente, era el candidato perfecto para estar en la Dirección de Inteligencia ¡Diga usted si no!
Pese a que mantiene bajo perfil, Amaya adquiere renovada notoriedad estos días por la carta que tres congresistas de la oposición le escribieron a Iván Duque para denunciar que recibieron “información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados “objetivos políticos” de acciones encubiertas (ilegales)”. Se trata de los senadores Roy Barreras, de la U; Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, del Partido Verde. A Barreras, Cepeda y Sanguino los separan sus bancadas, sus líneas políticas y sus propias trayectorias públicas pero los une su defensa del Acuerdo de Paz. Ellos tres y sus actividades pueden producir todas las opiniones a favor o en contra suya pero no hay alguien —ni siquiera en la ultraderecha— que se atreva a afirmar bajo la gravedad del juramento que conforman un grupo armado ilegal peligroso para la existencia del Estado, único motivo válido para hacerles seguimientos o interceptaciones, previa autorización de un juez. Entonces, ¿por qué tres senadores serían “objetivos políticos” o sujetos de “operaciones de inteligencia” de la DNI, con “directrices emanadas del propio director... Amaya Kerquelen”?
En la mente enferma de los obsesos persecutores, no es posible vivir sin enemigos grandes. Desarmadas las Farc, había que crear otro monstruo que les diera una razón para odiar: el Acuerdo de Paz. De modo que los congresistas que apoyen la JEP, el Sistema de Atención a las Víctimas y la Comisión de Verdad en donde se conocerá, finalmente, quién fue quién y quién ordenó qué en los tiempo de confrontación, repito, esos parlamentarios son los nuevos “guerrilleros” que el Estado debe enfrentar porque estos luchan a favor de la inteligencia humana en contra de la mera Inteligencia estatal. Conocida la carta al presidente Duque, la DNI expidió un comunicado. Imaginen su contenido: una obviedad según la cual nada de lo denunciado es cierto.
Así fue en 2006, 2007 y 2008: tres años y más en que se filtraban las acciones ilegales del DAS, tres y más años en que desde la propia Casa de Nariño se negaba la veracidad de las versiones que indicaban que los opositores políticos de entonces, los periodistas independientes y los magistrados que investigaban a los parapolíticos aliados del Gobierno eran seguidos, interceptados, espiados hasta en los aspectos más íntimos de sus vidas y amenazados, además de ser víctimas de montajes judiciales y mediáticos. Hasta cuando la verdad, que se cuela como agua de tubería rota, se descubrió pese a que falta castigar a los máximos responsables. De acuerdo con esa verdad, hay más de 20 condenados y 30 investigados por lo que se llamó el escándalo de las “chuzadas” del DAS. Entre los procesados estaban varios secretarios y asesores de la Casa de Nariño, subalternos de Uribe; directores de departamentos; directores de Inteligencia y Contrainteligencia, agentes secretos y, claro, directores del DAS. Rodolfo Amaya Kerquelen es sucesor, en la agencia estatal de seguridad, de Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. Ambos purgan sus respectivas condenas.
La cabeza actual de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el almirante Rodolfo Amaya Kerquelen, jefe de la Casa Militar de 2002 a 2010, es decir, durante los dos gobiernos Uribe. Su nombramiento en la DNI no produjo sorpresa: a solo un mes de que Iván Duque fuera elegido y 20 días antes de que se posesionara, la prensa ya sabía que Amaya Kerquelen sería escogido para dirigir las tareas de inteligencia y contrainteligencia civil del Estado bajo el mando directo del presidente de la República desde la DNI. En efecto, Amaya fue confirmado como el hombre de la seguridad nacional en cuanto se instaló el nuevo Gobierno. Ni que hablar de la importancia del cargo en cualquier administración, pero sobre todo en una que padece la agobiante supervisión de Álvaro Uribe, tan obsesionado con la represión. Así que el novel presidente Duque no tuvo que buscar: el almirante que vigilaba en épocas uribistas todo lo que acontecía en la residencia presidencial, incluyendo, por supuesto, el suceso del 23 de abril de 2008 cuando dos enviados del narcoparamilitarismo de Antioquia ingresaron con autorización por sus sótanos y en horas nocturnas (episodio alias Job) para reunirse con el secretario jurídico del presidente, era el candidato perfecto para estar en la Dirección de Inteligencia ¡Diga usted si no!
Pese a que mantiene bajo perfil, Amaya adquiere renovada notoriedad estos días por la carta que tres congresistas de la oposición le escribieron a Iván Duque para denunciar que recibieron “información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados “objetivos políticos” de acciones encubiertas (ilegales)”. Se trata de los senadores Roy Barreras, de la U; Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Antonio Sanguino, del Partido Verde. A Barreras, Cepeda y Sanguino los separan sus bancadas, sus líneas políticas y sus propias trayectorias públicas pero los une su defensa del Acuerdo de Paz. Ellos tres y sus actividades pueden producir todas las opiniones a favor o en contra suya pero no hay alguien —ni siquiera en la ultraderecha— que se atreva a afirmar bajo la gravedad del juramento que conforman un grupo armado ilegal peligroso para la existencia del Estado, único motivo válido para hacerles seguimientos o interceptaciones, previa autorización de un juez. Entonces, ¿por qué tres senadores serían “objetivos políticos” o sujetos de “operaciones de inteligencia” de la DNI, con “directrices emanadas del propio director... Amaya Kerquelen”?
En la mente enferma de los obsesos persecutores, no es posible vivir sin enemigos grandes. Desarmadas las Farc, había que crear otro monstruo que les diera una razón para odiar: el Acuerdo de Paz. De modo que los congresistas que apoyen la JEP, el Sistema de Atención a las Víctimas y la Comisión de Verdad en donde se conocerá, finalmente, quién fue quién y quién ordenó qué en los tiempo de confrontación, repito, esos parlamentarios son los nuevos “guerrilleros” que el Estado debe enfrentar porque estos luchan a favor de la inteligencia humana en contra de la mera Inteligencia estatal. Conocida la carta al presidente Duque, la DNI expidió un comunicado. Imaginen su contenido: una obviedad según la cual nada de lo denunciado es cierto.
Así fue en 2006, 2007 y 2008: tres años y más en que se filtraban las acciones ilegales del DAS, tres y más años en que desde la propia Casa de Nariño se negaba la veracidad de las versiones que indicaban que los opositores políticos de entonces, los periodistas independientes y los magistrados que investigaban a los parapolíticos aliados del Gobierno eran seguidos, interceptados, espiados hasta en los aspectos más íntimos de sus vidas y amenazados, además de ser víctimas de montajes judiciales y mediáticos. Hasta cuando la verdad, que se cuela como agua de tubería rota, se descubrió pese a que falta castigar a los máximos responsables. De acuerdo con esa verdad, hay más de 20 condenados y 30 investigados por lo que se llamó el escándalo de las “chuzadas” del DAS. Entre los procesados estaban varios secretarios y asesores de la Casa de Nariño, subalternos de Uribe; directores de departamentos; directores de Inteligencia y Contrainteligencia, agentes secretos y, claro, directores del DAS. Rodolfo Amaya Kerquelen es sucesor, en la agencia estatal de seguridad, de Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. Ambos purgan sus respectivas condenas.