Elección en las cortes, ¡una gran frustración!

¡Decepcionante! Los candidatos del Consejo de Estado, Luis Felipe Henao, y de la Corte Suprema, Germán Varón Cotrino, para integrar la terna de la cual el Senado escogerá al próximo Procurador General en reemplazo de la señora Margarita Cabello, “gozan” de tan dudosa reputación como ella. O casi. Sus orígenes son similares: Cabello proviene de las roscas político-económicas del malhadado clan Char, que ha irrigado su poder a través de Cambio Radical. Henao y Varón nacieron a la vida pública de la mano del jefe absoluto de ese partido, Germán Vargas Lleras, que carga con la deshonra de haber tenido, entre sus adeptos, el mayor número de presos, sancionados y destituidos. Una publicación de hace siete años mencionaba la impresionante cifra de 19 congresistas de Cambio Radical condenados por trabajar para grupos paramilitares; de 349 sancionados y de 41 más, destituidos (ver). El tercer postulado a la Procuraduría será el del presidente que, lo aseguro desde ya, no tendrá opción en el Congreso, puesto que, en las actuales circunstancias de confrontación y pulsos, el aspirante que se impondrá en el Capitolio será el que les garantice a las bancadas tradicionales que ejercerá su poder contra su enemigo común: Gustavo Petro.

Sí, la decisión de las cortes es decepcionante porque, con sus seleccionados, dejaron ver las feas costuras de sus túnicas: el mismo clientelismo de la Legislativa, el mismo deseo de revancha política y la misma primacía del cálculo electoral (ganar-no-importa-cómo) por encima de su primera obligación: el fortalecimiento de los derechos. Cuando el Consejo de Estado y la Corte Suprema privilegian a un par de políticos sin gran currículum en el ejercicio del derecho sobre destacados juristas formados en la defensa de los intereses del Estado, nos envían un poderoso mensaje: la cúpula de la rama judicial desprecia la exigencia ciudadana de avanzar en la democracia real y toma el camino de la democracia de mentirillas, la de las apariencias. Por algo la identidad de sus candidatos se conocía desde el primer día (ver). De Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino puede aceptarse que son “unos príncipes” en el trato social, en sus círculos, claro. Pero esa condición no los convierte en funcionarios aptos para sacar a la Procuraduría del pantano en que se encuentra. Basta con recordar que la figuración de Henao y sus cargos públicos y privados hasta el día de hoy le llegaron gracias a su cercana amistad con Vargas Lleras (ver). Tamaña deuda no es superable: el Ministerio Público quedará al servicio –quiera que no– del precandidato presidencial de la extrema derecha que inicia su carrera hacia 2026 con la ventaja ilegítima de un organismo de gigantesco poder a su servicio.

A Varón Cotrino, cuyo argumento de que se “divorció” de Vargas hace un par años, no da, automáticamente, garantía de independencia, hay que recordarle hechos de su pasado que desdicen de su rectitud, aun cuando no haya sido, nunca, sancionado (ver). Hace 12 años, el entonces representante a la Cámara, Germán Varón, hizo parte del grupo de conciliadores del Congreso que, el día anterior a la aprobación final de una gran reforma a la justicia, la modificó sustancialmente. Esa fecha luctuosa para la decencia nacional se conoció como “la noche de los micos” por los cambios vergonzosos que los conciliadores le introdujeron al texto aprobado por Senado y Cámara: eliminaban, minimizaban o demoraban las sanciones que afectaban a los propios congresistas. En decir, se autobeneficiaban. En la práctica, desaparecían la pérdida de investidura, la posibilidad de condenarlos penalmente y de investigarlos en materia disciplinaria; favorecían a sus excolegas y compañeros de los partidos que ya estaban siendo procesados, y eliminaban las denuncias anónimas, entre otras barbaridades. De tal tamaño fue el escándalo, que el presidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno había trabajado durante dos años en esa reforma, se negó a firmarla y la “mató” por ser “inaceptable para el país” (ver). Varón alegó que él se opuso a los “micos”, pero jamás se separó de sus autores, ni mucho menos los denunció (ver). Por el contrario, el candidato de la Corte Suprema de este 2024, vea usted qué sorprendente paradoja, evidenció que era cercano al cartel de la toga, el grupo de magistrados de la propia Corte Suprema que enlodó su majestad con la venta de sus fallos. Varón no solo apoyó para la Contraloría de Bogotá, a su aliado político de Cambio Radical, Juan Carlos Granados, favorecido por ese cartel, sino que también presentó como su candidato a la Personería a quien se convertiría en su apoderado, el abogado condenado por la corrupción del cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno (ver). Este llegó a altísimo cargo en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez –también miembro de Cambio Radical– por petición de Varón. ¿No es irónico que la Corte, en lugar de enterrar para siempre el capítulo de la venta criminal de sus sentencias, en 2012 y años siguientes, termine reabriéndolo? Gran herida la que se autoinfligió. La Procuraduría, que fue creada para salvaguardar los derechos de la sociedad, seguirá siendo, con el beneplácito de las cortes, un Frankenstein hecho con partes de diferentes cadáveres.