Les importa un bledo. Incluso la presencia en Colombia de una delegación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza su presidenta, Antonia Urrejola, no les preocupa más allá del disimulo diplomático. Al gobierno Duque, a su partido, a sus aliados en el Congreso, a unos magistrados blanqueados de las altas cortes que fungen como auxiliares del uribismo más que como jueces, y a las cabezas de los organismos de control que dejaron de ser los vigilantes del Ejecutivo para convertirse en sus subalternos solo les interesan las apariencias. A ellos les sirve parecer, no ser: mientras reciben en salones elegantes a la CIDH, desdeñan a los delegados del Comité del Paro; mientras se visten con las chaquetas verdes de la Policía en señal de respaldo al temido Esmad, anuncian —para que vea la galería internacional— que en adelante serán de color azul ONU; mientras militarizan las calles por orden presidencial, el mensajero de ellos, el ministro de Justicia, culpa a los alcaldes de lo que suceda en los bloqueos.
Ellos, los que integran el poder oficial, pretenden dominar la nación como se hacía antes del estallido social: se reúnen en privado (Duque y Uribe, Duque y Pastrana, Duque y Gaviria, Duque y Vargas Lleras, etc.) para repartirse, otra vez, ministerios, contratos, puestos y presupuestos engordados con la próxima reforma tributaria. Ellos siguen canjeando votos en Senado y Cámara por cuotas nacionales y regionales, y continúan amangualándose con los jefes de la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría para que sus entidades no vean, oigan ni digan nada, y, a cambio, ellos les aprueben, en el Capitolio, las reformas que requieren para tener más dinero, más puestos y más contratos para distribuir entre... los que ellos digan.
Hace un mes nos asombraba la torpeza del presidente y su ministro Carrasquilla con un proyecto tributario que levantó la ira popular. Pero estamos alelados, atontados, con otra reforma más grosera: la de la Procuraduría de la señora Cabello, exministra de Duque, en que se burla de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hermana mayor de nuestros visitantes de la CIDH. En este fallo, la Corte condenó al Estado colombiano por violar los derechos políticos del senador Petro cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy sentado al lado de la presidenta Urrejola de la CIDH, como embajador del gobierno Duque) lo separó de la Alcaldía de Bogotá y eliminó sus derechos políticos durante 15 años. Pues bien, la Corte IDH conminó a Colombia a adecuar las funciones de la Procuraduría para que ese atropello no pudiera volver a ocurrir, para que nunca más el órgano estatal intentara destituir a nadie elegido por voto popular. Pero la “avivata” Cabello le dio la vuelta a la decisión judicial y le propuso al Congreso, que ya le aprobó buena parte de su reforma, convertir a la Procuraduría en jueza de los funcionarios elegidos. Lo contrario de lo que exigió la Corte IDH.
La procuradora general no pierde tiempo: les abrió investigaciones a cuatro congresistas de la oposición un día antes de la votación de su reforma en las Comisiones Primeras conjuntas con lo que impidió que participaran en el debate. Dentro de pocos días, el Ministerio Público será copia de la policía política de las dictaduras, que persigue a unos y privilegia a otros. La senadora María Fernanda Cabal dio su voto afirmativo a la reforma diabólica de Cabello la semana pasada; no tuvo problemas de conciencia con el favor que acababa de recibir de la procuradora: esta contrató a una de las abogadas de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) como procuradora judicial II ante la JEP: Laura Virginia Benedetti Roncallo, pese a no tener experiencia en litigio. Pero eso no importa siempre y cuando sea una de “ellos” como, en efecto, lo es, porque trabaja con Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie desde 2003. Con Lafaurie, en la Superintendencia de Notariado y Registro. Después, con Cabal, tanto en Cámara como en Senado. Ahora será su mano derecha en la Procuraduría de Cabello, en donde Benedetti ganará $30 millones mensuales (ver). Y en donde, por si fuera poco, será la espía de Lafaurie-Cabal en las audiencias reservadas de la JEP. Cabello beneficia a Cabal, Cabal beneficia a Cabello con sus votos. Faltan datos de otros congresistas favorecidos. “Ellos” con todo. Nosotros con nada.
Les importa un bledo. Incluso la presencia en Colombia de una delegación oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que encabeza su presidenta, Antonia Urrejola, no les preocupa más allá del disimulo diplomático. Al gobierno Duque, a su partido, a sus aliados en el Congreso, a unos magistrados blanqueados de las altas cortes que fungen como auxiliares del uribismo más que como jueces, y a las cabezas de los organismos de control que dejaron de ser los vigilantes del Ejecutivo para convertirse en sus subalternos solo les interesan las apariencias. A ellos les sirve parecer, no ser: mientras reciben en salones elegantes a la CIDH, desdeñan a los delegados del Comité del Paro; mientras se visten con las chaquetas verdes de la Policía en señal de respaldo al temido Esmad, anuncian —para que vea la galería internacional— que en adelante serán de color azul ONU; mientras militarizan las calles por orden presidencial, el mensajero de ellos, el ministro de Justicia, culpa a los alcaldes de lo que suceda en los bloqueos.
Ellos, los que integran el poder oficial, pretenden dominar la nación como se hacía antes del estallido social: se reúnen en privado (Duque y Uribe, Duque y Pastrana, Duque y Gaviria, Duque y Vargas Lleras, etc.) para repartirse, otra vez, ministerios, contratos, puestos y presupuestos engordados con la próxima reforma tributaria. Ellos siguen canjeando votos en Senado y Cámara por cuotas nacionales y regionales, y continúan amangualándose con los jefes de la Registraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría para que sus entidades no vean, oigan ni digan nada, y, a cambio, ellos les aprueben, en el Capitolio, las reformas que requieren para tener más dinero, más puestos y más contratos para distribuir entre... los que ellos digan.
Hace un mes nos asombraba la torpeza del presidente y su ministro Carrasquilla con un proyecto tributario que levantó la ira popular. Pero estamos alelados, atontados, con otra reforma más grosera: la de la Procuraduría de la señora Cabello, exministra de Duque, en que se burla de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hermana mayor de nuestros visitantes de la CIDH. En este fallo, la Corte condenó al Estado colombiano por violar los derechos políticos del senador Petro cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez (hoy sentado al lado de la presidenta Urrejola de la CIDH, como embajador del gobierno Duque) lo separó de la Alcaldía de Bogotá y eliminó sus derechos políticos durante 15 años. Pues bien, la Corte IDH conminó a Colombia a adecuar las funciones de la Procuraduría para que ese atropello no pudiera volver a ocurrir, para que nunca más el órgano estatal intentara destituir a nadie elegido por voto popular. Pero la “avivata” Cabello le dio la vuelta a la decisión judicial y le propuso al Congreso, que ya le aprobó buena parte de su reforma, convertir a la Procuraduría en jueza de los funcionarios elegidos. Lo contrario de lo que exigió la Corte IDH.
La procuradora general no pierde tiempo: les abrió investigaciones a cuatro congresistas de la oposición un día antes de la votación de su reforma en las Comisiones Primeras conjuntas con lo que impidió que participaran en el debate. Dentro de pocos días, el Ministerio Público será copia de la policía política de las dictaduras, que persigue a unos y privilegia a otros. La senadora María Fernanda Cabal dio su voto afirmativo a la reforma diabólica de Cabello la semana pasada; no tuvo problemas de conciencia con el favor que acababa de recibir de la procuradora: esta contrató a una de las abogadas de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) como procuradora judicial II ante la JEP: Laura Virginia Benedetti Roncallo, pese a no tener experiencia en litigio. Pero eso no importa siempre y cuando sea una de “ellos” como, en efecto, lo es, porque trabaja con Cabal y su esposo, José Félix Lafaurie desde 2003. Con Lafaurie, en la Superintendencia de Notariado y Registro. Después, con Cabal, tanto en Cámara como en Senado. Ahora será su mano derecha en la Procuraduría de Cabello, en donde Benedetti ganará $30 millones mensuales (ver). Y en donde, por si fuera poco, será la espía de Lafaurie-Cabal en las audiencias reservadas de la JEP. Cabello beneficia a Cabal, Cabal beneficia a Cabello con sus votos. Faltan datos de otros congresistas favorecidos. “Ellos” con todo. Nosotros con nada.