Como si ya no fuera suficiente el descrédito por corrupción que sufren los tribunales de la cúpula judicial, ¡la Corte Constitucional incurre en el increíble acto de publicar una información falsa! Se trata del anuncio sobre su aprobación a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), una decisión trascendental en cuanto a la ruta jurídica que debe seguir el país para clausurar 50 años de guerra. Horas después de la difusión de un texto errado en su página web sobre los artículos de la JEP que declaraba constitucionales y cuyo contenido despertó las alarmas hasta en el exterior, el presidente de la corporación, Guillermo Guerrero, aceptó la equivocación y ordenó una nueva publicación con el texto aprobado en sala plena. ¡Más de 500 cambios tuvo la tercera versión con respecto de la segunda, un “borrador” que se filtró, según se dijo como justificación! Hay que saber que la norma revisada se conoció el mismo día de su votación; que horas después se dio a conocer otro texto que no coincidía, casi nada, con el primero; y que un tercer comunicado aclaraba que la validez residía en el primero y no en el segundo: un galimatías, ¿por descuido o por malicia?
La explicación somera que se dio en la página oficial de la Corte en el sentido de que tal error fue “de transcripción” no es suficiente ni mucho menos satisfactoria. El despacho de Guerrero, jurista permeado por los grupos de la derecha y ultraderecha colombiana, tiene la obligación de rendir un informe a la sociedad sobre este incidente que revelaría el escaso rigor con que funciona la actual corporación, compuesta mayoritariamente por togados sintonizados con unas facciones políticas en campaña más que con el espíritu igualitario de la Constitución. ¿Es cierto que la publicación equivocada correspondía a un proyecto que Guerrero llevó a sala, pero que fue hondamente reformado por sus colegas? ¿Es verdad que los magistrados auxiliares del despacho del presidente de la Corte, es decir, los subalternos de Guerrero, subieron a la red su ponencia rechazada a ciencia, y conciencia, de lo que hacían? ¿Por qué y con cuál intención se sublevaron contra sus superiores, los magistrados titulares, y decidieron “revelar” la ponencia del presidente de la Corte como la que surtía efectos legales? La peor respuesta a los interrogantes anteriores es que era una conspiración con el objetivo de crear confusión durante un lapso que, a su vez, produjera unos efectos políticos. La menos grave, que fue impulsada por el ánimo guerrerista de Guerrero y sus muchachos. En cualquier caso, la decisión sobre la JEP de la Corte Constitucional, hoy dominada por un ala engreída y egocéntrica, fue mala para la reconciliación nacional.
Examinado solo el punto del derecho de las víctimas a conocer la verdad de la guerra, hay que aceptar que esta fue cercenada con la exclusión de la obligación de los terceros involucrados en el conflicto de comparecer ante el Tribunal de Paz. Significa que ganaderos, organizaciones agrarias, empresarios de renombre, pero de doble moral, civiles con cargos oficiales como jueces, notarios, alcaldes, gobernadores y congresistas que contribuyeron a la extensión de los horrores que se vieron en los campos, no rendirán cuentas. Seguirán gozando de sus estatus de privilegio, de mantener en secreto sus culpas capitales sin reparación de ninguna índole. Pongámoslo en blanco y negro: si no estuviera ya en prisión, el exsenador Álvaro García Romero, el mayor dominador político de Sucre durante los últimos tres decenios y quien fuera condenado a 40 años de cárcel por impulsar a los asesinos que cometieron la masacre de Macayepo, no tendría que comparecer al Tribunal de Paz, contarles la verdad a sus víctimas, ni mucho menos aceptar responsabilidad. Este criminal seguiría tranquilo en su casa y en su feudo haciendo lo que le diera la gana. Inaudito que la Corte Constitucional haya propiciado semejante despropósito incompatible con los estándares internacionales. Como era de esperarse, el Senado, liderado por el partido de Germán Vargas Lleras y por el de Álvaro Uribe, empeoró la línea cortesana y cortó, todavía con mayor vigor, la posibilidad de que los terceros poderosos asumieran su responsabilidad. Los extremistas exigen verdad, pero solo a las Farc. La de los militares ojalá no se ventile. La de los civiles debe silenciarse para que ellos permanezcan tranquilos y al mando. Este es el país que les parece justo. Sabemos bien por qué.
Como si ya no fuera suficiente el descrédito por corrupción que sufren los tribunales de la cúpula judicial, ¡la Corte Constitucional incurre en el increíble acto de publicar una información falsa! Se trata del anuncio sobre su aprobación a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), una decisión trascendental en cuanto a la ruta jurídica que debe seguir el país para clausurar 50 años de guerra. Horas después de la difusión de un texto errado en su página web sobre los artículos de la JEP que declaraba constitucionales y cuyo contenido despertó las alarmas hasta en el exterior, el presidente de la corporación, Guillermo Guerrero, aceptó la equivocación y ordenó una nueva publicación con el texto aprobado en sala plena. ¡Más de 500 cambios tuvo la tercera versión con respecto de la segunda, un “borrador” que se filtró, según se dijo como justificación! Hay que saber que la norma revisada se conoció el mismo día de su votación; que horas después se dio a conocer otro texto que no coincidía, casi nada, con el primero; y que un tercer comunicado aclaraba que la validez residía en el primero y no en el segundo: un galimatías, ¿por descuido o por malicia?
La explicación somera que se dio en la página oficial de la Corte en el sentido de que tal error fue “de transcripción” no es suficiente ni mucho menos satisfactoria. El despacho de Guerrero, jurista permeado por los grupos de la derecha y ultraderecha colombiana, tiene la obligación de rendir un informe a la sociedad sobre este incidente que revelaría el escaso rigor con que funciona la actual corporación, compuesta mayoritariamente por togados sintonizados con unas facciones políticas en campaña más que con el espíritu igualitario de la Constitución. ¿Es cierto que la publicación equivocada correspondía a un proyecto que Guerrero llevó a sala, pero que fue hondamente reformado por sus colegas? ¿Es verdad que los magistrados auxiliares del despacho del presidente de la Corte, es decir, los subalternos de Guerrero, subieron a la red su ponencia rechazada a ciencia, y conciencia, de lo que hacían? ¿Por qué y con cuál intención se sublevaron contra sus superiores, los magistrados titulares, y decidieron “revelar” la ponencia del presidente de la Corte como la que surtía efectos legales? La peor respuesta a los interrogantes anteriores es que era una conspiración con el objetivo de crear confusión durante un lapso que, a su vez, produjera unos efectos políticos. La menos grave, que fue impulsada por el ánimo guerrerista de Guerrero y sus muchachos. En cualquier caso, la decisión sobre la JEP de la Corte Constitucional, hoy dominada por un ala engreída y egocéntrica, fue mala para la reconciliación nacional.
Examinado solo el punto del derecho de las víctimas a conocer la verdad de la guerra, hay que aceptar que esta fue cercenada con la exclusión de la obligación de los terceros involucrados en el conflicto de comparecer ante el Tribunal de Paz. Significa que ganaderos, organizaciones agrarias, empresarios de renombre, pero de doble moral, civiles con cargos oficiales como jueces, notarios, alcaldes, gobernadores y congresistas que contribuyeron a la extensión de los horrores que se vieron en los campos, no rendirán cuentas. Seguirán gozando de sus estatus de privilegio, de mantener en secreto sus culpas capitales sin reparación de ninguna índole. Pongámoslo en blanco y negro: si no estuviera ya en prisión, el exsenador Álvaro García Romero, el mayor dominador político de Sucre durante los últimos tres decenios y quien fuera condenado a 40 años de cárcel por impulsar a los asesinos que cometieron la masacre de Macayepo, no tendría que comparecer al Tribunal de Paz, contarles la verdad a sus víctimas, ni mucho menos aceptar responsabilidad. Este criminal seguiría tranquilo en su casa y en su feudo haciendo lo que le diera la gana. Inaudito que la Corte Constitucional haya propiciado semejante despropósito incompatible con los estándares internacionales. Como era de esperarse, el Senado, liderado por el partido de Germán Vargas Lleras y por el de Álvaro Uribe, empeoró la línea cortesana y cortó, todavía con mayor vigor, la posibilidad de que los terceros poderosos asumieran su responsabilidad. Los extremistas exigen verdad, pero solo a las Farc. La de los militares ojalá no se ventile. La de los civiles debe silenciarse para que ellos permanezcan tranquilos y al mando. Este es el país que les parece justo. Sabemos bien por qué.