Exfiscal de “hierro” resultó ser de humo

Los casos de corrupción que se ventilan en la prensa tienen un distintivo: con frecuencia se sindica a entidades y altos funcionarios del gobierno central, a uno que otro congresista y, con menor regularidad, a alcaldes y gobernadores. Pero muy pocos se dedican (me incluyo) a vigilar las actuaciones sospechosas de la rama judicial y de los órganos de control. Por el contrario, en una especie de acuerdo tácito de omisión y consecuente silencio, la mayoría mediática les echa incienso, como si fueran santos, a los magistrados de las cortes y a los jefes de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, investidos, todos estos, de una inimputabilidad de facto sin importar si su conducta luce recta o torcida. Mientras a los primeros les cae el peso del juicio público como se prevé en las democracias, a los segundos se les exime, a priori, de explicar sus actuaciones. Así, por ejemplo, la saliente procuradora Cabello usó sus cuatro años para beneficiar, con contratos millonarios, a empresas y aliados de su Barranquilla; abusó de los cargos altos y medianos de ese organismo con el fin de que los ocuparan sus parientes y los parientes de sus amigos; y manipuló los procesos disciplinarios para salvar a unos –Abudinem-Centros Poblados– o para perseguir a otros –exsuperintendente Guillermo Pérez-. Nunca prosperaron las denuncias interpuestas en su contra. Pese a la copiosa documentación que la condena, Cabello todavía recibe homenajes de admiración como el que expresó un columnista esta semana quien sin pretender aludir a ella, se refirió a “los premios a los delincuentes…” (ver).

Lo mismo sucedió con el exfiscal Francisco Barbosa quien gozó de exención de crítica durante su “reinado”. Un 85, 90 % de las noticias que cubrían sus pasos, y de las entrevistas que le hacían sin tocarle los puntos que le molestaban, fue publicado para rendirle honores aunque unos pocos denunciamos, sin cesar, sus excesos en el manejo de los bienes públicos y su decisión de sesgar las investigaciones penales según fuera el “marrano”. El chisgarabís que se creyó importante e insustituible, recibió no pocos aplausos de pie en congresos gremiales, y fue protagonista de portadas de revistas, primeras páginas de periódicos e inicios de noticieros en emisoras y canales. Barbosa se fue sin castigo.

Y a propósito de la Fiscalía, las alimañas enquistadas en ese ente desde hace años empiezan a quedar al descubierto con la llegada de Luz Adriana Camargo, sujeto de ataques del sector que perdió el control político de los procesos penales. Un individuo del círculo de la poderosa exvicefiscal Marta Mancera, afirmó la semana pasada que le terminaron el contrato en la institución “por persecución” en su contra cuando la realidad es que una abogada ganó, por concurso, el puesto que él ocupaba gracias a ser el favorito de unas funcionarias del despacho. Ahora, una ejemplar de ese zoológico en que convirtieron al ente investigador, ha sido obligada a salir de su madriguera, supongo, que debido a que Camargo desató las manos de sus funcionarios. Claudia Carrasquilla, hiperponderada exfiscal de Antioquia que fue elevada al cargo de directora nacional contra el Crimen Organizado por Néstor Humberto Martínez Neira (ver), fue citada por un juez penal de Valledupar que atiende una denuncia formulada en su contra desde mediados de 2017 (ver) cuando no existía ninguna posibilidad de que ese caso prosperara por ser ella, la “llave” de Martínez.

Temprano o tarde, puesto que se excusó de asistir a la audiencia judicial, Carrasquilla tendrá que escuchar la acusación que le hará el Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Un antecedente desconocido parece sustentar la realidad judicial de la exfiscal antes denominada de “hierro”, en realidad, de humo: la formulación de cargos disciplinarios en su contra, en el año 2019, por las conductas que ahora escuchará el juez penal. La entonces Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar le dictó esos cargos (ver PDF). En resumen, la historia es así: un policía de a pie, William Molina Torres, exinvestigador criminal de la Sijín en el Cesar, fue a parar a la cárcel durante más de cuatro meses, en 2015, por las maromas, al parecer ilegales, de la señora Carrasquilla que lo acusó de pertenecer a una banda de “apartamenteros”. La agresiva funcionaria se basó en las declaraciones de dos presos. Uno de los declarantes había sido condenado por el trabajo investigativo de Molina. La exfiscal, ahora oronda concejal de Medellín por el uribismo, ocultó el pequeño detalle del móvil de venganza que podía inducir al denunciante de Molina. El otro preso no conocía a la víctima de la exfiscal. Los dos testigos se retractaron ante el juez y le pidieron perdón al afectado. En definitiva, se trató de un falso positivo judicial según todo indica. De eso ¡hace ya cinco años! La justicia cojea pero ¿llega?

Entre paréntesis I.- Esa concejal que también quiere posar de víctima, asegura que “la persiguen” por ser opositora del gobierno actual. Nada más falso: sus problemas legales vienen desde 2017. Ahora las fieras quieren aparentar que son corderos.

Entre paréntesis II.- Muy probablemente como parte de su estrategia de defensa, la exfiscal de humo me denunció hace poco, por unas informaciones publicadas por Noticias Uno hace más de dos años en que se develaban sus falsos positivos judiciales. Veremos qué puede argumentar después de ser imputada por hechos similares sufridos por los entrevistados de esas notas.