Iván Velásquez, héroe fuera, vejado en Colombia

Sigilosamente y moviéndose como un gato antes de atacar, Alejandro Ordóñez alista otra de sus venganzas personales disfrazada de decisión judicial.

Lo curioso es que, en esta ocasión, la víctima del procurador une a este, con las cabezas de otros órganos de la justicia que parecieran ser sus antagónicos. Quien está haciendo el milagro de acercar los intereses de Ordóñez a los del presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y, muy probablemente, a los del fiscal Montelegre, es Iván Velásquez, el exmagistrado estrella que impulsó el descubrimiento judicial de las alianzas político-paramilitares, y que hoy es el prestigioso director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) como delegado de Naciones Unidas, a despecho de la pequeñez colombiana que aún lo persigue. Pues bien, el comisionado Velásquez, la fiscal general guatemalteca Thelma Aldana y sus equipos adelantaron la investigación que concluyó con la caída del presidente Otto Pérez Molina, y con la orden de encarcelar a su vicepresidenta, su yerno y su secretario privado, involucrados en una red de corrupción. Ayer, Guatemala vivió otro remezón derivado de las actividades de la Cicig y de la fiscal Aldana: fueron capturados un magistrado y dos lobistas por cobrarle $10 millones de quetzales (moneda local) —para torcer un fallo— a una empresa que debía devolverle al Estado $93 millones. También fueron capturadas dos juezas, una por enriquecimiento ilícito (tenía a su nombre propiedades que no podía comprar con su salario); y otra por recibir dinero para darles libertad a unos sospechosos, clientes del “bufete de la impunidad”, o sea, abogados que desvían las sentencias comprando jueces. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia.

¡Qué envidia! Allá se logró en poco más de dos años lo que aquí no se pudo: Iván Velásquez fue expulsado por atreverse a examinar la conducta de cuellos blancos intocables y la inmensa mayoría de colombianos se alza de hombros ante, por ejemplo, un jefe de Estado en cuyo Gobierno hubo ejecuciones mortales; un magistrado de la Corte Constitucional denunciado por pedir $500 millones para desviar la decisión de una tutela, o unas candidatas actuales a cargos de elección popular que se dejaron ayudar de narcos y paramilitares. Cuando las pesquisas del entonces magistrado Velásquez ya eran famosas, el esposo de la “primera dama de la Corte Suprema” le adelantó un juicio sumario ante sus colegas de Sala Plena, por una columna que esta periodista publicó y que no le gustó a su majestad. Bustos conminó a Velásquez a aceptar que era responsable del texto que tenía mi firma y lo culpó de escanear unos expedientes, aunque para ese momento ya eran públicos, para poderlo expulsar. Esos hechos ocurrieron en 2012. Pero el señor procurafdor general se acordó, de repente, del asunto y le inició proceso disciplinario “de oficio” —o sea, porque le dio la gana—; se autonombró investigador único del caso sin quién lo controle ni quién revise su decisión. Y podrá destituirlo e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos cuantos años quiera, sin apelación.

Al mismo tiempo, se rumora que la Fiscalía —aliada del presidente de la Corte Suprema en múltiples objetivos— está buscando cómo iniciarle proceso penal dizque por utilizar falsos testigos para enlodar el nombre de políticos de trayectoria archiconocida de autos. La historieta de los falsos testigos con que unos individuos de mala conducta y peor trayectoria se quieren beneficiar, merece columna aparte ¿Se juntan los reyes disciplinarios y penales para caerle a un hombre probo que tiene medidas cautelares de organismos internacionales de derechos humanos? Tal vez, sí. Son tan atrevidos que creen que a ellos nunca les llegará la justicia.