La actuación “irregular y sospechosa” de un fiscal
Gabriel Jaimes, el fiscal que ya se hizo tristemente famoso porque pedirá, contra toda lógica judicial, la preclusión en el único caso en que Álvaro Uribe Vélez ha podido ser procesado por la débil justicia colombiana, es un personaje perverso. Y perverso es, según la Real Academia Española de la Lengua, “el que corrompe las costumbres...”. Un episodio de la carrera oscura de Jaimes fue revelado, el domingo pasado, por Noticias Uno, y lo dibuja de cuerpo entero: se autoarchivó una investigación penal que cursaba contra él, en la misma entidad en que trabaja como uno de sus más altos funcionarios. Con autoarchivo quiero decir que, siendo Jaimes quien dirige el grupo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, uno de sus subalternos, Jorge Hernán Díaz Soto, “decidió” cerrar, a favor de su jefe directo, el expediente que lo involucraba y que podría haber conducido a lo contrario: una imputación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público.
En febrero de este año, Díaz Soto estampó el sello de “archivo por conducta atípica” en el proceso Jaimes y salió, por fin, del lío que le habría costado su puesto si se hubiera atrevido a hacer otra cosa. Se deduce, además, que Díaz no resolvió con libertad, en este caso especial, sino que consultó a su superior puesto que la orden de Jaimes, enviada mediante un mensaje de WhatsApp, hace un tiempo, a quienes le reportan, fue clarísima: “Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”. Además, no consta que Jaimes o Díaz se hubieran preguntado si deberían declararse impedidos; mucho menos, que hubieran sugerido que se nombrara un fiscal ad hoc, independiente del subalterno, del encartado, de Barbosa y, desde luego, de Uribe, pues a este es al que menos le conviene que el fiscal que se recordará por solicitar una preclusión en caso de tan clara culpa también sea acusado por un delito que tiene que ver con falsedades.
La historia del proceso que se autoarchivó Jaimes es así: en 2010, él era procurador delegado para Asuntos Penales, nombrado por su amigo y padrino de matrimonio, Alejandro Ordóñez, otro que no tuvo, nunca, como lo recuerda el país, objeciones de conciencia para imponerle sanciones disciplinarias a quien le estorbara, motivo por el cual Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un día de mayo de ese año 2010, el 31, para ser exacta, Jaimes firmó una carta con frases dolosas sobre una extraña mujer de nombre Guiomar (o “Giomar”) Patricia Riveros Gaitán, con el fin de dar aspecto de legalidad a un contrato por $42 millones que el general Ricardo Gómez Nieto, que llegó a ser comandante del Ejército, ya le había otorgado a ella, puesto que la señora Riveros “es una persona de mi íntegra confianza”, de acuerdo con la explicación que dio el militar después. La carta de Jaimes al general Gómez, solicitada, al parecer, por este mismo y entregada por el firmante a la interesada en su mano, aseguraba que “no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Giomar Patricia Riveros G. ... no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para que la mencionada doctora contrate con ustedes ... Avalo la contratación con esta entidad (Hospital Militar)” (ver).
El problema para el oficial y para Jaimes surgió porque ambos sabían que la contratista había sido condenada un año antes, en 2009, por el delito de “abuso de confianza (con) sanción privativa (de libertad) por 12 meses ... y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. La situación judicial del general Gómez y del procurador Jaimes se complicó: la información sobre la condena a su protegida estaba publicada en la página web de la propia Procuraduría, en donde se registran los antecedentes disciplinarios de los servidores del Estado. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema dijo, en documento sobre la investigación que abrió contra el general Gómez Nieto, que “la actuación (de Jaimes) fue irregular y sospechosa” no solo por falsa (ver). También porque él no tenía funciones disciplinarias para expedir ese tipo de certificados. Y, por si fuera poco, porque escribió la recomendación días después de que el contrato había sido firmado. Es decir, formalizó, usando su nombre y su cargo, una farsa para favorecer intereses particulares y en perjuicio del Estado y la justicia. Tal como ejerce, hoy, sus funciones como fiscal de la preclusión de Uribe.
Gabriel Jaimes, el fiscal que ya se hizo tristemente famoso porque pedirá, contra toda lógica judicial, la preclusión en el único caso en que Álvaro Uribe Vélez ha podido ser procesado por la débil justicia colombiana, es un personaje perverso. Y perverso es, según la Real Academia Española de la Lengua, “el que corrompe las costumbres...”. Un episodio de la carrera oscura de Jaimes fue revelado, el domingo pasado, por Noticias Uno, y lo dibuja de cuerpo entero: se autoarchivó una investigación penal que cursaba contra él, en la misma entidad en que trabaja como uno de sus más altos funcionarios. Con autoarchivo quiero decir que, siendo Jaimes quien dirige el grupo de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, uno de sus subalternos, Jorge Hernán Díaz Soto, “decidió” cerrar, a favor de su jefe directo, el expediente que lo involucraba y que podría haber conducido a lo contrario: una imputación en su contra por el delito de falsedad ideológica en documento público.
En febrero de este año, Díaz Soto estampó el sello de “archivo por conducta atípica” en el proceso Jaimes y salió, por fin, del lío que le habría costado su puesto si se hubiera atrevido a hacer otra cosa. Se deduce, además, que Díaz no resolvió con libertad, en este caso especial, sino que consultó a su superior puesto que la orden de Jaimes, enviada mediante un mensaje de WhatsApp, hace un tiempo, a quienes le reportan, fue clarísima: “Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”. Además, no consta que Jaimes o Díaz se hubieran preguntado si deberían declararse impedidos; mucho menos, que hubieran sugerido que se nombrara un fiscal ad hoc, independiente del subalterno, del encartado, de Barbosa y, desde luego, de Uribe, pues a este es al que menos le conviene que el fiscal que se recordará por solicitar una preclusión en caso de tan clara culpa también sea acusado por un delito que tiene que ver con falsedades.
La historia del proceso que se autoarchivó Jaimes es así: en 2010, él era procurador delegado para Asuntos Penales, nombrado por su amigo y padrino de matrimonio, Alejandro Ordóñez, otro que no tuvo, nunca, como lo recuerda el país, objeciones de conciencia para imponerle sanciones disciplinarias a quien le estorbara, motivo por el cual Colombia fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un día de mayo de ese año 2010, el 31, para ser exacta, Jaimes firmó una carta con frases dolosas sobre una extraña mujer de nombre Guiomar (o “Giomar”) Patricia Riveros Gaitán, con el fin de dar aspecto de legalidad a un contrato por $42 millones que el general Ricardo Gómez Nieto, que llegó a ser comandante del Ejército, ya le había otorgado a ella, puesto que la señora Riveros “es una persona de mi íntegra confianza”, de acuerdo con la explicación que dio el militar después. La carta de Jaimes al general Gómez, solicitada, al parecer, por este mismo y entregada por el firmante a la interesada en su mano, aseguraba que “no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Giomar Patricia Riveros G. ... no existe ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para que la mencionada doctora contrate con ustedes ... Avalo la contratación con esta entidad (Hospital Militar)” (ver).
El problema para el oficial y para Jaimes surgió porque ambos sabían que la contratista había sido condenada un año antes, en 2009, por el delito de “abuso de confianza (con) sanción privativa (de libertad) por 12 meses ... y la imposibilidad de contratar con el Estado hasta marzo de 2014”. La situación judicial del general Gómez y del procurador Jaimes se complicó: la información sobre la condena a su protegida estaba publicada en la página web de la propia Procuraduría, en donde se registran los antecedentes disciplinarios de los servidores del Estado. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema dijo, en documento sobre la investigación que abrió contra el general Gómez Nieto, que “la actuación (de Jaimes) fue irregular y sospechosa” no solo por falsa (ver). También porque él no tenía funciones disciplinarias para expedir ese tipo de certificados. Y, por si fuera poco, porque escribió la recomendación días después de que el contrato había sido firmado. Es decir, formalizó, usando su nombre y su cargo, una farsa para favorecer intereses particulares y en perjuicio del Estado y la justicia. Tal como ejerce, hoy, sus funciones como fiscal de la preclusión de Uribe.