Se profundiza la campaña sucia para destruir a quienes sean clasificados como peligrosos para Álvaro Uribe, el “líder de la nación”, como llamarían en una republiqueta africana al dictador que aplasta a quien no se someta. Y como en republiqueta africana, los hijos del autócrata desafían la existencia de los jueces, la democracia, su sistema de pesos y contrapesos, ahora inexistente, y la moral pública demostrándonos que aquí no hay que ser honestos ni cumplir las leyes, sino ser ricos y poderosos. Para eso, además de herederos de la republiqueta que ya empezaron a manejar, Tomás y Jerónimo Uribe multiplicaron sus fortunas con apenas “veintipico” de años durante los dos cuatrienios en que su padre fue presidente. Entonces, y no satisfechos con la profusa propaganda local que el procesado y sus cómplices consiguieron difundir fácilmente en los medios del país y que, además, lograron disfrazar en modo columnas de “opinión”, contrataron a una firma en Estados Unidos especializada en distorsionarle las realidades a la gente-objetivo, según lo que el cliente pague.
DCI Group AZ, L.L.C. es una empresa de lobby, de relaciones públicas o, más bien, un grupo de presión experto en diseminar en las redes sociales —también en prensa y en círculos sociales económicos y políticos influyentes— estribillos, frases, trinos, lemas (hashtags) y mensajes con afirmaciones para favorecer, desde luego, a quien solicite sus servicios. De acuerdo con el formulario publicado por la agencia Associated Press (AP) que se ha replicado en Colombia y que se conoce, abiertamente, en sus detalles gracias a las leyes de transparencia que rigen en Estados Unidos, en donde no hay Uribe que valga cuando del acatamiento a las normas se trata, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para “liderar la campaña pública en defensa” del detenido exsenador. 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe hace unos años. Tenía sede en Bogotá, pero en 2014 se reunió en asamblea de yo con yo y un par de gatos, para trasladarla a Medellín, y para que el gerente Tomás contara con un gerente suplente, Jerónimo.
Con pompa que supera al padre, Tomás Uribe firmó el acuerdo publicitario con DCI como el “CEO” de 31416, cuya dirección de registro fue “35 Palms, Floor 4” de la capital antioqueña. Al lado, estampó su rúbrica Justin M. Peterson, del consejo de administración de DCI. Las cláusulas indican que el grupo de presión estadounidense recibirá, como precio básico, 40.000 dólares por cada mes hasta noviembre, es decir, 120.000 dólares; más la fracción equivalente a los días de agosto que ya trabajó; más los gastos de representación, por ejemplo, viajes, viáticos etc.; más el valor de la publicidad en medios que el “cliente” (Tomás o, en su defecto, Jerónimo) tendrá que pagar de inmediato si es inferior a 100.000 dólares, o con un plazo de unos pocos días si es superior a esa suma. Haciendo un cálculo ligero, los vástagos Uribe invertirán en insultos a la Corte Suprema y en publicar, en ese país, que “el senador Cepeda es «nueva generación Farc»”, el equivalente a unos 267.000 dólares, o alrededor de 1.000 millones de pesos, una bicoca para los Uribe Vélez y los Uribe Moreno.
De acuerdo con el primer comunicado de DCI, “el arresto del expresidente” es “arbitrario”; “ha provocado indignación en Colombia”; “tiene serios cuestionamientos legales y constitucionales por la politización de la justicia”; “las actuaciones de la Corte Suprema (también) son ilegales e inconstitucionales porque ha usado pruebas dudosas” y porque el proceso contra el exsenador “está conectado (en una especie de venganza) a su lucha contra las terroristas Fuerzas Armadas de Colombia, Farc”. O sea, lo mismo que nos vienen repitiendo aquí, gratis o de regalados (… bueno…) no pocos periodistas o experiodistas. Pero DCI cobra, también, lo que valen otros servicios que podrían incluir su incidencia en decisiones de gobiernos o congresos. En un análisis sobre el tema, se lee que DCI Group ha tenido entre sus clientes a Azerbaiyán, país cuestionado por violación de derechos humanos, y a la junta militar de Birmania, en 2002. “El nuevo juego consiste en dominar el ambiente en que se toman decisiones políticas” e incidir, por esa vía, en la prensa local. En otras palabras, engañar, mentir, crear falsas verdades. Historia conocida pero maquillada entre nosotros. Ahora es explícita.
Se profundiza la campaña sucia para destruir a quienes sean clasificados como peligrosos para Álvaro Uribe, el “líder de la nación”, como llamarían en una republiqueta africana al dictador que aplasta a quien no se someta. Y como en republiqueta africana, los hijos del autócrata desafían la existencia de los jueces, la democracia, su sistema de pesos y contrapesos, ahora inexistente, y la moral pública demostrándonos que aquí no hay que ser honestos ni cumplir las leyes, sino ser ricos y poderosos. Para eso, además de herederos de la republiqueta que ya empezaron a manejar, Tomás y Jerónimo Uribe multiplicaron sus fortunas con apenas “veintipico” de años durante los dos cuatrienios en que su padre fue presidente. Entonces, y no satisfechos con la profusa propaganda local que el procesado y sus cómplices consiguieron difundir fácilmente en los medios del país y que, además, lograron disfrazar en modo columnas de “opinión”, contrataron a una firma en Estados Unidos especializada en distorsionarle las realidades a la gente-objetivo, según lo que el cliente pague.
DCI Group AZ, L.L.C. es una empresa de lobby, de relaciones públicas o, más bien, un grupo de presión experto en diseminar en las redes sociales —también en prensa y en círculos sociales económicos y políticos influyentes— estribillos, frases, trinos, lemas (hashtags) y mensajes con afirmaciones para favorecer, desde luego, a quien solicite sus servicios. De acuerdo con el formulario publicado por la agencia Associated Press (AP) que se ha replicado en Colombia y que se conoce, abiertamente, en sus detalles gracias a las leyes de transparencia que rigen en Estados Unidos, en donde no hay Uribe que valga cuando del acatamiento a las normas se trata, la firma colombiana 31416 S.A.S. contrató a DCI en agosto pasado para “liderar la campaña pública en defensa” del detenido exsenador. 31416 S.A.S. fue creada por los hermanos Uribe hace unos años. Tenía sede en Bogotá, pero en 2014 se reunió en asamblea de yo con yo y un par de gatos, para trasladarla a Medellín, y para que el gerente Tomás contara con un gerente suplente, Jerónimo.
Con pompa que supera al padre, Tomás Uribe firmó el acuerdo publicitario con DCI como el “CEO” de 31416, cuya dirección de registro fue “35 Palms, Floor 4” de la capital antioqueña. Al lado, estampó su rúbrica Justin M. Peterson, del consejo de administración de DCI. Las cláusulas indican que el grupo de presión estadounidense recibirá, como precio básico, 40.000 dólares por cada mes hasta noviembre, es decir, 120.000 dólares; más la fracción equivalente a los días de agosto que ya trabajó; más los gastos de representación, por ejemplo, viajes, viáticos etc.; más el valor de la publicidad en medios que el “cliente” (Tomás o, en su defecto, Jerónimo) tendrá que pagar de inmediato si es inferior a 100.000 dólares, o con un plazo de unos pocos días si es superior a esa suma. Haciendo un cálculo ligero, los vástagos Uribe invertirán en insultos a la Corte Suprema y en publicar, en ese país, que “el senador Cepeda es «nueva generación Farc»”, el equivalente a unos 267.000 dólares, o alrededor de 1.000 millones de pesos, una bicoca para los Uribe Vélez y los Uribe Moreno.
De acuerdo con el primer comunicado de DCI, “el arresto del expresidente” es “arbitrario”; “ha provocado indignación en Colombia”; “tiene serios cuestionamientos legales y constitucionales por la politización de la justicia”; “las actuaciones de la Corte Suprema (también) son ilegales e inconstitucionales porque ha usado pruebas dudosas” y porque el proceso contra el exsenador “está conectado (en una especie de venganza) a su lucha contra las terroristas Fuerzas Armadas de Colombia, Farc”. O sea, lo mismo que nos vienen repitiendo aquí, gratis o de regalados (… bueno…) no pocos periodistas o experiodistas. Pero DCI cobra, también, lo que valen otros servicios que podrían incluir su incidencia en decisiones de gobiernos o congresos. En un análisis sobre el tema, se lee que DCI Group ha tenido entre sus clientes a Azerbaiyán, país cuestionado por violación de derechos humanos, y a la junta militar de Birmania, en 2002. “El nuevo juego consiste en dominar el ambiente en que se toman decisiones políticas” e incidir, por esa vía, en la prensa local. En otras palabras, engañar, mentir, crear falsas verdades. Historia conocida pero maquillada entre nosotros. Ahora es explícita.