La contrafiscalía de Pretelt y su propio “DAS”

Haciendo uso de la enorme capacidad de sus bolsillos, el miembro de la Corte Constitucional Jorge Pretelt pagó costosos investigadores privados para su “defensa técnica”.

Suelen llamar con ese término sofístico, una de las actividades que agentes particulares asociados en firmas de pomposos nombres, ofrecen a sospechosos de haber cometido delitos para desvirtuar o deslegitimar los hallazgos de la justicia que los enreden. Como quien dice, contrafiscalías que venden sus servicios con el argumento legítimo de encontrar pruebas que favorezcan a sus clientes, pero que pueden concluir desviando los procesos que afectarían a quienes las contratan. Pocas semanas después de que estallara el escándalo por la presunta coima de $500 millones que le habría exigido al abogado Víctor Pacheco a cambio de manipular un fallo de tutela, Pretelt contrató a la empresa Forensis Global Group (FGG), “organización científica jurídica y forense”, para apoyarlo. Los dos socios de FGG son, según anuncia su página digital, Harry García y Joe Reyes, que se promocionan como exdirectores del FBI en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En abril pasado, Sonia Patricia Grazt y Roberto Bemúdez, “ingeniera” e “investigador criminalístico” de esa agencia, enviaron una carta a la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, para que les certificara “en cumplimiento de la misión encomendada por el doctor Pretelt Chaljub… en qué número de procesos funge como apoderado ante la Corte, el doctor Víctor Pacheco desde el año 2012…”.

Calle ofició a cada uno de los despachos de los magistrados del alto tribunal para obtener una respuesta concreta y, así, poder contestar con precisión. No hay que ser experto en ciencias forenses para adivinar que, tras la averiguación formal de FGG, estaría otra menos explícita: conseguir evidencias contra los compañeros de Pretelt. Si estos habían conocido algún caso en que Pacheco fuera el apoderado, Pretelt era, en su lógica retorcida, inocente y, ellos, culpables. Su estilo no es original: viene desde cuando el expresidente Uribe popularizó la conducta inmoral de enlodar a sus denunciantes e investigadores para restarles credibilidad a los procesos en su contra, y a quienes los dirigían, en lugar de demostrar su inocencia. Pretelt, simplemente, siguió la línea que marcó su promotor: descrédito, calumnias y supuestas indagaciones fundamentadas que pretenden embarrar a los acusadores con el fin de evitar que los jueces se concentren en el pasado, negocios, bienes y comportamiento del denunciado.

Abelardo de la Espriella, uno de los amenazantes abogados de Pretelt, tiene su propia firma con nombre igualmente pomposo y ridículo: De la Espriella Lawyers Enterprise. Pues bien, esta también cuenta con un área de “investigaciones forenses”, una materia cuya validez oficial reside, para todos los efectos, solo en Medicina Legal. Hace unos días, el “socio fundador” de tan exótico bufete, se lió a palabrotas con el exnarcotraficante “mono” Abello, al aire. Hay qué oírlos para establecer su nivel. Este entorno, el entorno Pretelt, explica cómo todo un magistrado de la más alta corte del país invita a su casa (como invitó a Pacheco aunque después lo negó), al conductor de un colega suyo para averiguar chismes, cualquier cosa que le fuera útil para destruir a aquel que reveló la clase de sujeto que se esconde tras su hipócrita y, de nuevo, pomposa figura.

Le falta la empleada del servicio, doctor Pretelt. O ¿ya la llevó a su apartamento? Estos episodios recuerdan las chuzadas del DAS: enlodar magistrados contradictores, averiguarles su intimidad, rastrear sus citas y cuentas, levantarles rumores, ponerles micrófonos ocultos utilizando a las señoras de los tintos, sobornar escoltas… ¿Cómo caímos en este abismo?

Haciendo uso de la enorme capacidad de sus bolsillos, el miembro de la Corte Constitucional Jorge Pretelt pagó costosos investigadores privados para su “defensa técnica”.

Suelen llamar con ese término sofístico, una de las actividades que agentes particulares asociados en firmas de pomposos nombres, ofrecen a sospechosos de haber cometido delitos para desvirtuar o deslegitimar los hallazgos de la justicia que los enreden. Como quien dice, contrafiscalías que venden sus servicios con el argumento legítimo de encontrar pruebas que favorezcan a sus clientes, pero que pueden concluir desviando los procesos que afectarían a quienes las contratan. Pocas semanas después de que estallara el escándalo por la presunta coima de $500 millones que le habría exigido al abogado Víctor Pacheco a cambio de manipular un fallo de tutela, Pretelt contrató a la empresa Forensis Global Group (FGG), “organización científica jurídica y forense”, para apoyarlo. Los dos socios de FGG son, según anuncia su página digital, Harry García y Joe Reyes, que se promocionan como exdirectores del FBI en Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En abril pasado, Sonia Patricia Grazt y Roberto Bemúdez, “ingeniera” e “investigador criminalístico” de esa agencia, enviaron una carta a la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, para que les certificara “en cumplimiento de la misión encomendada por el doctor Pretelt Chaljub… en qué número de procesos funge como apoderado ante la Corte, el doctor Víctor Pacheco desde el año 2012…”.

Calle ofició a cada uno de los despachos de los magistrados del alto tribunal para obtener una respuesta concreta y, así, poder contestar con precisión. No hay que ser experto en ciencias forenses para adivinar que, tras la averiguación formal de FGG, estaría otra menos explícita: conseguir evidencias contra los compañeros de Pretelt. Si estos habían conocido algún caso en que Pacheco fuera el apoderado, Pretelt era, en su lógica retorcida, inocente y, ellos, culpables. Su estilo no es original: viene desde cuando el expresidente Uribe popularizó la conducta inmoral de enlodar a sus denunciantes e investigadores para restarles credibilidad a los procesos en su contra, y a quienes los dirigían, en lugar de demostrar su inocencia. Pretelt, simplemente, siguió la línea que marcó su promotor: descrédito, calumnias y supuestas indagaciones fundamentadas que pretenden embarrar a los acusadores con el fin de evitar que los jueces se concentren en el pasado, negocios, bienes y comportamiento del denunciado.

Abelardo de la Espriella, uno de los amenazantes abogados de Pretelt, tiene su propia firma con nombre igualmente pomposo y ridículo: De la Espriella Lawyers Enterprise. Pues bien, esta también cuenta con un área de “investigaciones forenses”, una materia cuya validez oficial reside, para todos los efectos, solo en Medicina Legal. Hace unos días, el “socio fundador” de tan exótico bufete, se lió a palabrotas con el exnarcotraficante “mono” Abello, al aire. Hay qué oírlos para establecer su nivel. Este entorno, el entorno Pretelt, explica cómo todo un magistrado de la más alta corte del país invita a su casa (como invitó a Pacheco aunque después lo negó), al conductor de un colega suyo para averiguar chismes, cualquier cosa que le fuera útil para destruir a aquel que reveló la clase de sujeto que se esconde tras su hipócrita y, de nuevo, pomposa figura.

Le falta la empleada del servicio, doctor Pretelt. O ¿ya la llevó a su apartamento? Estos episodios recuerdan las chuzadas del DAS: enlodar magistrados contradictores, averiguarles su intimidad, rastrear sus citas y cuentas, levantarles rumores, ponerles micrófonos ocultos utilizando a las señoras de los tintos, sobornar escoltas… ¿Cómo caímos en este abismo?