La infinita actividad clientelista de Cabello


Debido a sus funciones públicas como examinadores de la conducta de otros, quienes integran la Rama Judicial (fiscales, jueces, magistrados de tribunales y cortes) deberían ser los mejores ciudadanos: ejemplares, intachables, rectos. Si no, ¿con cuál autoridad califican a los demás? Pero nuestros juzgadores son espejos de los políticos que ellos condenan, al menos en la arraigada práctica del clientelismo corruptor. La clientelista Margarita Cabello está próxima a retirarse de la Procuraduría: su periodo de cuatro años termina el 15 de enero de 2025. Ese día o unas horas antes, el también clientelista Carlos Felipe Córdoba, su más seguro sucesor de acuerdo con lo que se ha sabido por las vueltas malucas en que anda, se posesionará en su reemplazo para hacer un festín con los miles de cargos de esa entidad, más otros 1.200 que ella logró añadir a su nómina el 24 de diciembre del 2021, con la complicidad de su jefe Iván Duque, quien, cual Niño Dios, le entregó ese paquetazo que nos costó, a quienes tributamos, la bicoca de $12.000 millones de entonces. Como llaman en Antioquia los regalos de fin de año, el “traído” de Navidad para Cabello se concretó en el combo de amigos de ese Gobierno que tenía a la exministra de Duque como punta de lanza para prolongar su poder. Lo armaron mediante un decreto que, además de la firma del presidente, llevaba las de sus ministros José Manuel Restrepo, de Hacienda; Wilson Ruiz, de Justicia, y Neiro Alvis, director de la Función Pública (ver). Puesto que el sistema clientelar crece en medio de la maleza, de los compromisos entre compinches y del apoyo a la tribu ampliada de parientes personales o de familiares de amigos de los amigos, la asignación a dedo de los puestos con mayores ingresos pulula. Pues bien, Cabello Blanco ha demostrado que merece ser grado 33 de la masonería. Ella sabe más que cualquiera de métodos politiqueros.

Debido a sus funciones públicas como examinadores de la conducta de otros, quienes integran la Rama Judicial (fiscales, jueces, magistrados de tribunales y cortes) deberían ser los mejores ciudadanos: ejemplares, intachables, rectos. Si no, ¿con cuál autoridad califican a los demás? Pero nuestros juzgadores son espejos de los políticos que ellos condenan, al menos en la arraigada práctica del clientelismo corruptor. La clientelista Margarita Cabello está próxima a retirarse de la Procuraduría: su periodo de cuatro años termina el 15 de enero de 2025. Ese día o unas horas antes, el también clientelista Carlos Felipe Córdoba, su más seguro sucesor de acuerdo con lo que se ha sabido por las vueltas malucas en que anda, se posesionará en su reemplazo para hacer un festín con los miles de cargos de esa entidad, más otros 1.200 que ella logró añadir a su nómina el 24 de diciembre del 2021, con la complicidad de su jefe Iván Duque, quien, cual Niño Dios, le entregó ese paquetazo que nos costó, a quienes tributamos, la bicoca de $12.000 millones de entonces. Como llaman en Antioquia los regalos de fin de año, el “traído” de Navidad para Cabello se concretó en el combo de amigos de ese Gobierno que tenía a la exministra de Duque como punta de lanza para prolongar su poder. Lo armaron mediante un decreto que, además de la firma del presidente, llevaba las de sus ministros José Manuel Restrepo, de Hacienda; Wilson Ruiz, de Justicia, y Neiro Alvis, director de la Función Pública (ver). Puesto que el sistema clientelar crece en medio de la maleza, de los compromisos entre compinches y del apoyo a la tribu ampliada de parientes personales o de familiares de amigos de los amigos, la asignación a dedo de los puestos con mayores ingresos pulula. Pues bien, Cabello Blanco ha demostrado que merece ser grado 33 de la masonería. Ella sabe más que cualquiera de métodos politiqueros.

A seis meses de irse a disfrutar de una de las pensiones más altas del país, la procuradora continúa ejecutando sus picardías de manera frenética: aún puede ubicar más fichas en su tablero de ajedrez. Hace unos días, un tuitero enterado, de esos que observan los procesos internos de la “justicia” para sustituir a los magistrados que se van, “adivinó” el futuro: predijo uno de los nombres ganadores. Aseguró que, de una lista de 83 aspirantes que pretendían ocupar el cargo de Gloria Stella López, togada del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema ya tenía una predilecta. En efecto, ese tribunal publicó los nombres de sus 10 preseleccionados el pasado 23 de mayo (ver). Nueve días antes, el 14 de mayo, el clarividente digital pronosticó que estaría incluida Paulina Leonor Cabello Campo, togada del Tribunal de La Guajira. La afortunada Paulina, prima de la procuradora, según el prestidigitador, será la elegida puesto que Margarita Cabello así lo dispuso: “… ya tiene los votos en la Suprema” (ver) para garantizar que su pariente querida brincará de Riohacha a Bogotá con un notable incremento salarial que será, de acuerdo con un cuadro del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, de $62 millones. La masona nunca pierde el tiempo.

Entre paréntesis. Sea cierto o no que Cabello Campo es familiar de Cabello Blanco, no hay duda de la experticia de la procuradora en materias politiqueras. Sin ponerse con tapaderas, nombró a la prima de sus hijos, María José Campo, jefe de la Oficina de Selección y Carrera de esa entidad, o sea, la que le controla y mantiene en reserva todos los demás nombramientos (ver) (salario: $25 millones); a su amiga íntima, Lourdes Hernández Mindiola, como procuradora II delegada, que trabaja al lado de la jefe y es quien manda en esa mole de poder (asignación mensual: $49 millones); a la esposa de su médico de cabecera, Janny Jadith Jalal, graduada en derecho canónico (¿?), como procuradora judicial II (salario: $36,5 millones); a Carolina María Quiroz Monsalvo, hermana de otro de sus grandes amigos y quien fuera presidente de la Suprema, Aroldo Quiroz, como procuradora judicial II de Tunja pero con permiso de trabajar en Bogotá (recibe más de $36 millones); a la hermana del exfiscal Francisco Barbosa, María Paula Barbosa Delgado, asesora del despacho de la procuradora, grado 25, el máximo del escalafón (salario: $17 millones). La lista es muchísimo más extensa. Esta pequeña muestra solo dimensiona las capacidades corruptas de la señora.