A pesar de que he seguido el caso publicitado como el “‘entrampamiento’ a Santrich”, que realmente fue una gran conspiración contra la JEP, el Acuerdo de Paz y su legitimidad social, me asombraron los detalles que describe la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana, de la Sección de Revisión de esa jurisdicción especial, sobre los desarrollos de ese negro episodio que organizó el exfiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez Neira, con una maldad que solo conciben las mentes retorcidas, según se deduce de ese recuento. El relato de la valerosa jurista se encuentra en el libro digital titulado La JEP vista por sus jueces (versión 2022–2023), un proyecto editorial histórico del que tuve pronta noticia gracias al aviso de un abogado de renombre (ver). En 53 páginas (págs. 461 a 514), la magistrada Heyck –de cuya honestidad intelectual e independencia nadie que sea bien intencionado tiene dudas–, denuncia la trama que urdieron personajes del poder político, judicial y diplomático de Colombia y Estados Unidos con el fin de alterar los compromisos jurídicos del pacto de paz firmados años atrás, para hacer que parecieran una sospechosa forma de protección de los togados de su sección a un guerrillero narcotraficante. En el libreto armado por Martínez Neira, alias ‘Santrich’ resultó ser tan bandido pero, al mismo tiempo, tan idiota, que, a pesar de saber que era vigilado con cámaras instaladas en la casa-albergue que le había dado el propio Gobierno, negociaba coca frente a ellas.
En resumen, los tres miembros de la sala de revisión del Tribunal de Paz (Heyck, Bobadilla y Murillo) quienes aprobaron la “garantía de no extradición” de Santrich contra dos salvamentos de voto, se vieron sometidos al escarnio público desde el 15 de mayo de 2019, día en que se conoció que habían firmado esa orden. Fieles a la ligereza de juicio que nos caracteriza, muy pocos colombianos leyeron entonces sus argumentos de ley: contra las reiteradas peticiones de los tres magistrados a Martínez Neira (19 abril, 16 mayo, 27 junio, 12 septiembre, 23 octubre de 2018), para que este les enviara constancia de fechas y pruebas de que el exjefe de las extintas FARC había delinquido, su fiscalía les sacó el cuerpo de tal manera que los togados no pudieron “evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte [Santrich] ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización” (ver), razón legal por la cual no podían darle curso a la extradición del exguerrillero so pena de incumplir el reglamento de su propia jurisdicción y caer en irregularidades.
Martínez Neira, el todopoderoso de la época que se dio el lujo de complotar hasta contra el presidente de la República (Santos) que lo nombró ministro e hizo posible su elección en la Fiscalía General, contaba con ojos fuera y dentro de la JEP. Cuenta la magistrada Heyck cómo días antes de que terminara el debate interno de la sección recibió una llamada intimidatoria de un individuo cercano al fiscal que la amenazó con que le iban a retirar la visa norteamericana si firmaba. No fue la única presión. Hubo otras que incluyeron tratos internos indignantes. Pero, contra todo pronóstico, el influyente Martínez Neira perdió el pulso e incumplió la promesa que seguramente les había hecho a la DEA y a la embajada de Estados Unidos de entregarles un trofeo narco-izquierdista. De inmediato, renunció “irrevocablemente” a su cargo en medio de una gran comparsa (ver). Histriónico como es, el exfiscal anunció que se iba porque “mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me impiden (aceptar la determinación de no extraditar a Santrich). Eso sí, Martínez se cuidó de explicar por qué se negó a proporcionarle a la JEP los elementos judiciales para viabilizar, constitucionalmente, la entrega del exguerrillero a Estados Unidos. La Corte Suprema le aceptó la renuncia rápidamente.
En el guión del exfiscal tuvieron roles principales agentes de la DEA sin autorización para actuar como “provocadores” de delitos en Colombia; oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculados por matrimonio y afinidad política con las derechas del país; algunos de sus subalternos, congresistas y políticos de su misma orilla. Y, sorpréndanse, dignatarios de la misma JEP, asustados con el poder del fiscal o aliados con él, quienes decidieron callar e impedir la denuncia penal a Martínez por obstaculizar la justicia. De manera maquiavélica, contrataron para representar a la jurisdicción especial a dos abogados, Camilo Sampedro y Gerardo Barbosa (hoy magistrado de la Corte Suprema, ver para creer), ¡que actuaron como defensores de su contraparte, el fiscal, mientras recibían pago de la JEP! Así lo narra la magistrada Heyck, quien ha sufrido discriminación, silenciamiento y trampas en su sitio de trabajo. Si esta es la JEP encargada de satisfacer el derecho a la verdad y la justicia de Colombia… ¡estamos fregados!
Entre paréntesis: Vivo como es, Néstor Humberto Martínez nunca habló de la espada de Damocles que pendía sobre él cuando renunció intempestivamente a la Fiscalía: al día siguiente de su dramático retiro, la Sala Plena de la Corte Suprema se reuniría para resolver si, además del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, nombrado para investigar un proceso Odebrecht debido a los impedimentos de Martínez, elegirían a otro fiscal ad hoc para los demás procesos que cursaban en el ente investigador por ese caso de corrupción. Si la decisión de la corte hubiera sido contra el fiscal general, imagínense el golpe moral y el daño de reputación que habría sufrido el vanidoso personaje. Pero, vivo como es, Martínez Neira se fue antes de la votación. Vivo, sí.
A pesar de que he seguido el caso publicitado como el “‘entrampamiento’ a Santrich”, que realmente fue una gran conspiración contra la JEP, el Acuerdo de Paz y su legitimidad social, me asombraron los detalles que describe la magistrada Ana Caterina Heyck Puyana, de la Sección de Revisión de esa jurisdicción especial, sobre los desarrollos de ese negro episodio que organizó el exfiscal general de entonces, Néstor Humberto Martínez Neira, con una maldad que solo conciben las mentes retorcidas, según se deduce de ese recuento. El relato de la valerosa jurista se encuentra en el libro digital titulado La JEP vista por sus jueces (versión 2022–2023), un proyecto editorial histórico del que tuve pronta noticia gracias al aviso de un abogado de renombre (ver). En 53 páginas (págs. 461 a 514), la magistrada Heyck –de cuya honestidad intelectual e independencia nadie que sea bien intencionado tiene dudas–, denuncia la trama que urdieron personajes del poder político, judicial y diplomático de Colombia y Estados Unidos con el fin de alterar los compromisos jurídicos del pacto de paz firmados años atrás, para hacer que parecieran una sospechosa forma de protección de los togados de su sección a un guerrillero narcotraficante. En el libreto armado por Martínez Neira, alias ‘Santrich’ resultó ser tan bandido pero, al mismo tiempo, tan idiota, que, a pesar de saber que era vigilado con cámaras instaladas en la casa-albergue que le había dado el propio Gobierno, negociaba coca frente a ellas.
En resumen, los tres miembros de la sala de revisión del Tribunal de Paz (Heyck, Bobadilla y Murillo) quienes aprobaron la “garantía de no extradición” de Santrich contra dos salvamentos de voto, se vieron sometidos al escarnio público desde el 15 de mayo de 2019, día en que se conoció que habían firmado esa orden. Fieles a la ligereza de juicio que nos caracteriza, muy pocos colombianos leyeron entonces sus argumentos de ley: contra las reiteradas peticiones de los tres magistrados a Martínez Neira (19 abril, 16 mayo, 27 junio, 12 septiembre, 23 octubre de 2018), para que este les enviara constancia de fechas y pruebas de que el exjefe de las extintas FARC había delinquido, su fiscalía les sacó el cuerpo de tal manera que los togados no pudieron “evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte [Santrich] ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización” (ver), razón legal por la cual no podían darle curso a la extradición del exguerrillero so pena de incumplir el reglamento de su propia jurisdicción y caer en irregularidades.
Martínez Neira, el todopoderoso de la época que se dio el lujo de complotar hasta contra el presidente de la República (Santos) que lo nombró ministro e hizo posible su elección en la Fiscalía General, contaba con ojos fuera y dentro de la JEP. Cuenta la magistrada Heyck cómo días antes de que terminara el debate interno de la sección recibió una llamada intimidatoria de un individuo cercano al fiscal que la amenazó con que le iban a retirar la visa norteamericana si firmaba. No fue la única presión. Hubo otras que incluyeron tratos internos indignantes. Pero, contra todo pronóstico, el influyente Martínez Neira perdió el pulso e incumplió la promesa que seguramente les había hecho a la DEA y a la embajada de Estados Unidos de entregarles un trofeo narco-izquierdista. De inmediato, renunció “irrevocablemente” a su cargo en medio de una gran comparsa (ver). Histriónico como es, el exfiscal anunció que se iba porque “mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me impiden (aceptar la determinación de no extraditar a Santrich). Eso sí, Martínez se cuidó de explicar por qué se negó a proporcionarle a la JEP los elementos judiciales para viabilizar, constitucionalmente, la entrega del exguerrillero a Estados Unidos. La Corte Suprema le aceptó la renuncia rápidamente.
En el guión del exfiscal tuvieron roles principales agentes de la DEA sin autorización para actuar como “provocadores” de delitos en Colombia; oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, vinculados por matrimonio y afinidad política con las derechas del país; algunos de sus subalternos, congresistas y políticos de su misma orilla. Y, sorpréndanse, dignatarios de la misma JEP, asustados con el poder del fiscal o aliados con él, quienes decidieron callar e impedir la denuncia penal a Martínez por obstaculizar la justicia. De manera maquiavélica, contrataron para representar a la jurisdicción especial a dos abogados, Camilo Sampedro y Gerardo Barbosa (hoy magistrado de la Corte Suprema, ver para creer), ¡que actuaron como defensores de su contraparte, el fiscal, mientras recibían pago de la JEP! Así lo narra la magistrada Heyck, quien ha sufrido discriminación, silenciamiento y trampas en su sitio de trabajo. Si esta es la JEP encargada de satisfacer el derecho a la verdad y la justicia de Colombia… ¡estamos fregados!
Entre paréntesis: Vivo como es, Néstor Humberto Martínez nunca habló de la espada de Damocles que pendía sobre él cuando renunció intempestivamente a la Fiscalía: al día siguiente de su dramático retiro, la Sala Plena de la Corte Suprema se reuniría para resolver si, además del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa, nombrado para investigar un proceso Odebrecht debido a los impedimentos de Martínez, elegirían a otro fiscal ad hoc para los demás procesos que cursaban en el ente investigador por ese caso de corrupción. Si la decisión de la corte hubiera sido contra el fiscal general, imagínense el golpe moral y el daño de reputación que habría sufrido el vanidoso personaje. Pero, vivo como es, Martínez Neira se fue antes de la votación. Vivo, sí.