El orden de los factores sí afecta el resultado, en particular cuando se invierten los tiempos en que ocurrieron los hechos para alterar la realidad: primero fue el regreso del uribismo a la Casa de Nariño después de ocho años de acumular odio contra Juan Manuel Santos a quien encarcelaría, a perpetuidad, por firmar el acuerdo de paz con las Farc; segundo, la purga militar y policial ejecutada en cuanto se instaló el nuevo gobierno, con el fin de expulsar a los generales, coroneles y mayores que, obedeciendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, actuaron con lealtad durante el proceso de negociación; tercero, la retoma o, más bien, el reforzamiento del control sobre los cuerpos de Inteligencia estatal en donde instalaron a los uniformados más cercanos al ultraderechismo del partido oficial y de su bancada en el Congreso, algunos de cuyos parlamentarios más notables se mueven en la legalidad formal mientras se sirven de los recursos de un mundo oscuro en donde no hay leyes sino objetivos que se cumplen a como dé lugar. Cuarto, el restablecimiento de la estrategia “disimulo y espío”, de las dos administraciones del paterfamilias, predecesoras de Santos, era en que se desplegaron las célebres “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sus montajes con falsas historias, sus seguimientos y la invasión, con micrófonos ocultos e infiltración de agentes secretos, a las salas de redacción, las oficinas de defensores de derechos humanos, los despachos de unos magistrados y hasta al salón de deliberaciones de la Corte Suprema.
Quinto, y en plena etapa Duque: reescritura de los instructivos del alto mando a sus oficiales y tropas con premios a la “eficiencia operativa” que implicaba sumar enemigos muertos y evitar los capturados. Sexto, denuncias periodísticas del corresponsal de The New York Times y del investigador Ricardo Calderón, de la revista Semana impresa, sobre los renovados operativos de espionaje de Inteligencia estatal a periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas, políticos influyentes, generales, etc., etc., sospechosos por haber simpatizado con el acuerdo de paz, expresado su oposición a destruir la JEP o la Comisión de la Verdad en donde se pueden ventilar, precisamente, las verdades y culpas del pasado; culpables por haber entrevistado a exguerrilleros desmovilizados o por criticar a Duque y, por supuesto, a Uribe.
Vamos llegando al escándalo de hoy. Séptimo, llamadas de Semana, anteriores a la publicación de sus artículos de la presente edición, al gobierno civil y a sus mandos militares para obtener respuestas sobre el contenido de 130 carpetas de Inteligencia en que se disecciona la vida de las víctimas del espionaje ilegal. Octavo, apresurada rueda de prensa del ministro de Defensa para anunciar el retiro de 11 oficiales “por el empleo irregular de las capacidades de Inteligencia militar”, sin informar —como correspondía hacerlo por lealtad con la revista y para honrar la verdad— que la separación de los uniformados no era el resultado de procesos internos de depuración de las Fuerzas Armadas, como lo dio a entender, sino que buscaba adelantarse al escándalo que iban a producir las revelaciones periodísticas de Calderón.
Noveno: los trinos de Duque que constituyen un triste epílogo de la obra teatral del disimulo con que su gobierno intenta minimizar los sucesos. Cuando apareció tardíamente, pues no pronunció palabra sobre el tema durante día y medio, publicó un mensaje impreciso, por decir lo menos: “Tras instrucción dada al ministro de Defensa, destaco que investigaciones estén dando resultados”. Y después de frases comunes para la ocasión como “rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento”, añadió, en un segundo trino, algo sorprendente: “Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo desde cuando llegó al Ministerio de Defensa adelantar rigurosa investigación de labores de Inteligencia de últimos diez años”. O sea, pasar, de largo, una revisión del año y meses de su administración, para bucear profundamente en los años 2010 al 2018, de Santos; parar ahí y no mirar hacia atrás, los del 2002 al 2010, justo donde se encuentra la génesis de las “chuzadas” uribistas, las de su poderoso partido, corresponsable de su gobierno. La estrategia del fisgoneo fascista es perenne, en esa facción, con los mismos ordenadores del ilícito, los mismos instigadores civiles y militares (sea dentro o fuera del mando formal), los mismos receptores de la información criminal, el mismo gran beneficiario y controlador de nuestras vidas, y las mismas víctimas. ¿Por qué nos extrañamos?
El orden de los factores sí afecta el resultado, en particular cuando se invierten los tiempos en que ocurrieron los hechos para alterar la realidad: primero fue el regreso del uribismo a la Casa de Nariño después de ocho años de acumular odio contra Juan Manuel Santos a quien encarcelaría, a perpetuidad, por firmar el acuerdo de paz con las Farc; segundo, la purga militar y policial ejecutada en cuanto se instaló el nuevo gobierno, con el fin de expulsar a los generales, coroneles y mayores que, obedeciendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, actuaron con lealtad durante el proceso de negociación; tercero, la retoma o, más bien, el reforzamiento del control sobre los cuerpos de Inteligencia estatal en donde instalaron a los uniformados más cercanos al ultraderechismo del partido oficial y de su bancada en el Congreso, algunos de cuyos parlamentarios más notables se mueven en la legalidad formal mientras se sirven de los recursos de un mundo oscuro en donde no hay leyes sino objetivos que se cumplen a como dé lugar. Cuarto, el restablecimiento de la estrategia “disimulo y espío”, de las dos administraciones del paterfamilias, predecesoras de Santos, era en que se desplegaron las célebres “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sus montajes con falsas historias, sus seguimientos y la invasión, con micrófonos ocultos e infiltración de agentes secretos, a las salas de redacción, las oficinas de defensores de derechos humanos, los despachos de unos magistrados y hasta al salón de deliberaciones de la Corte Suprema.
Quinto, y en plena etapa Duque: reescritura de los instructivos del alto mando a sus oficiales y tropas con premios a la “eficiencia operativa” que implicaba sumar enemigos muertos y evitar los capturados. Sexto, denuncias periodísticas del corresponsal de The New York Times y del investigador Ricardo Calderón, de la revista Semana impresa, sobre los renovados operativos de espionaje de Inteligencia estatal a periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas, políticos influyentes, generales, etc., etc., sospechosos por haber simpatizado con el acuerdo de paz, expresado su oposición a destruir la JEP o la Comisión de la Verdad en donde se pueden ventilar, precisamente, las verdades y culpas del pasado; culpables por haber entrevistado a exguerrilleros desmovilizados o por criticar a Duque y, por supuesto, a Uribe.
Vamos llegando al escándalo de hoy. Séptimo, llamadas de Semana, anteriores a la publicación de sus artículos de la presente edición, al gobierno civil y a sus mandos militares para obtener respuestas sobre el contenido de 130 carpetas de Inteligencia en que se disecciona la vida de las víctimas del espionaje ilegal. Octavo, apresurada rueda de prensa del ministro de Defensa para anunciar el retiro de 11 oficiales “por el empleo irregular de las capacidades de Inteligencia militar”, sin informar —como correspondía hacerlo por lealtad con la revista y para honrar la verdad— que la separación de los uniformados no era el resultado de procesos internos de depuración de las Fuerzas Armadas, como lo dio a entender, sino que buscaba adelantarse al escándalo que iban a producir las revelaciones periodísticas de Calderón.
Noveno: los trinos de Duque que constituyen un triste epílogo de la obra teatral del disimulo con que su gobierno intenta minimizar los sucesos. Cuando apareció tardíamente, pues no pronunció palabra sobre el tema durante día y medio, publicó un mensaje impreciso, por decir lo menos: “Tras instrucción dada al ministro de Defensa, destaco que investigaciones estén dando resultados”. Y después de frases comunes para la ocasión como “rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento”, añadió, en un segundo trino, algo sorprendente: “Pedí al ministro Carlos Holmes Trujillo desde cuando llegó al Ministerio de Defensa adelantar rigurosa investigación de labores de Inteligencia de últimos diez años”. O sea, pasar, de largo, una revisión del año y meses de su administración, para bucear profundamente en los años 2010 al 2018, de Santos; parar ahí y no mirar hacia atrás, los del 2002 al 2010, justo donde se encuentra la génesis de las “chuzadas” uribistas, las de su poderoso partido, corresponsable de su gobierno. La estrategia del fisgoneo fascista es perenne, en esa facción, con los mismos ordenadores del ilícito, los mismos instigadores civiles y militares (sea dentro o fuera del mando formal), los mismos receptores de la información criminal, el mismo gran beneficiario y controlador de nuestras vidas, y las mismas víctimas. ¿Por qué nos extrañamos?