Un paseo del presidente de la Corte Constitucional por la prensa nacional, ¿para qué? El fin de semana pasado encontramos que el magistrado José Fernando Reyes, que representa a esa corporación, dio entrevistas simultáneas a varios medios de alcance nacional, todas publicadas el domingo 22, pero con apariencia de ser distintas. No se trataba de una declaración o una rueda de prensa. No. Era inocultable: el vocero de la corte, tal vez mediante uno de sus subalternos, escogió a su arbitrio dónde quería figurar, y lo logró. Sucedió de ese modo o la coincidencia de personaje dominical en El Tiempo, Cambio y Semana fue extraordinaria. Intrigada, leí las tres entrevistas para descubrir cuál era el motivo que impulsaba a Reyes, uno de los dignatarios más apetecidos por periodistas y micrófonos cuando hay noticia, a buscar por sí mismo a los medios. No lo conseguí. En su lugar, hallé una anotación por aquí sobre la libertad de expresión del presidente; otra por allá acerca de la libertad de movilización de los ciudadanos; una más para “defender” al presidente de otra corte, la Suprema, a quien el jefe de Estado habría agraviado cuando le habría dicho “negro conservador”. (Veo que el togado Reyes, lejos de la responsabilidad que le impone su rango, se basó en las versiones de oídas y no escuchó el discurso del mandatario, en Chocó). El representante de la corte también se refirió en sus entrevistas a la facultad que tiene la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, facultad entregada al Ministerio Público por la sala plena del tribunal que regenta Reyes, en una decisión tan políticamente correcta que no parece tomada por juristas. Tal vez, entre tanto brinco temático, el magistrado Reyes quería enviarles un mensaje a sus colegas del Consejo de Estado entre los que hay unos que no han tenido en cuenta la sentencia de su corte, y han fallado en contra del poder sancionatorio de la Procuraduría.
Paréntesis histórico: los abogados que vivieron en su juventud el holocausto del Palacio de Justicia como profesores recién egresados, estudiantes de derecho o hijos y familiares de los magistrados inmolados hace 39 años, han sido testigos no solo de esa desgracia mayúscula en que desaparecieron la mayoría de las mentes lúcidas y rectas del derecho, sino del deterioro lento pero constante que ha sufrido la integración de las cortes en las décadas posteriores. Doble luto los acompaña: perdieron a sus maestros y no tuvieron cómo llenar, a plenitud, el vacío que dejaron. Claro, ha habido brillantes juristas, algunos de los cuales ascendieron a los altos tribunales, y otros que no accedieron a esos estrados, no por falta de méritos –por el contrario, les sobran– sino porque la cooptación, despojada de las exigencias académicas y profesionales de antaño, fue degradándose hasta tomar forma de roscas y clientelas. Los entendidos les echan la culpa del deterioro a la propia cooptación y a las funciones electorales que la Carta Política les dio a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. Los hechos demuestran que esos críticos tienen razón.
Botón de muestra: el Consejo de Estado no escogió como su candidato a procurador a un gran conocedor de las leyes; prefirió a un político subalterno de Vargas Lleras. Y la Corte Suprema tampoco consideró que la Procuraduría, garante de los derechos, estaría mejor con un jurista de quilates; seleccionó a otro político que también es, o fue, un segundo de Vargas. Es decir, los magistrados de la Suprema y el Consejo se metieron al barro de la politiquería y abandonaron el ámbito limpio de los jueces. La deficiente escogencia de togados para las altas cortes afecta, además, a la guardiana de la Constitución porque la votación final sobre quiénes ocuparán las nueve sillas de su sala depende de los marrulleros del Senado. El cartel de la toga, como se llamó ese horrendo grupo de criminales que vendía sentencias en la Suprema hace unos años, valido del poder de sus túnicas, y el caso de Jorge Pretelt que llegó a la Corte Constitucional postulado por Uribe y por el mal reputado exrector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, ejemplifican la situación descrita. Como se recuerda, Pretelt fue condenado por el delito de exigir dinero a cambio de sentencias. No hay que generalizar, pero tampoco ocultar la realidad en el presente inmediato que enfrentamos, menos aún cuando cuatro de los miembros de la Constitucional terminarán pronto su periodo. Como sucedió frente a la Procuraduría, Vargas Lleras abrió sus fauces ante las sillas vacías de esa corte: tres de las cuatro vacantes dependen de los aspirantes que avalen el Consejo de Estado y la Suprema en donde ya el jefe del nefasto Cambio Radical demostró que tiene mucha, pero mucha capacidad de incidir. Probablemente Vargas Lleras perdió la Procuraduría por la jugada de Petro con Gregorio Eljach, pero tiene el camino despejado para imponer a los togados que asumirán en 2025. Y así, tendremos una Corte Constitucional más derechizada de lo que está y, encima, manejando los intereses vargaslleristas. Vienen tempestades.