El jueves pasado, 20 de octubre, fiscales de Lavado de Activos acusaron, ante un juez penal, a alias Memo Fantasma, alias Guillermo Camacho, alias Sebastián Colmenares, por tres delitos: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. En el mismo escrito, les imputaron cargos a la mamá y la abuela de Fantasma, apodado así porque, aun cuando hacía años que traficaba con cocaína, era miembro del sanguinario grupo narcoparamilitar Bloque Central Bolívar, “cuidaba” las finanzas de su banda y amasaba, para sí, una fortuna extraordinaria, su existencia era desconocida para la justicia y para los agentes de seguridad del Estado porque sabía mimetizarse: esta es una posibilidad. La otra, que gozaba de la protección oficial que podían brindarle unos personajes de la política o cercanos a esta, y miembros bajos y altos de la Policía quienes habrían podido impedir que sus actividades llamaran la atención de los investigadores mientras mutaba su perfil de criminal al de ganadero y empresario. El nombre real de Memo es Guillermo León Acevedo Giraldo quien, hasta hace poco, disfrutaba de una mansión, en Madrid, al lado de su más reciente pareja, una señora de la alta sociedad antioqueña que iba bien con su nueva personalidad. Hoy Fantasma reside en La Picota, donde corresponde.
“La Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene documentado que alias Guillermo Camacho dirige todo un outsourcing criminal con el objetivo de ... blanquear y/o darles apariencia de legalidad a recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal...”, se lee en el escrito de acusación de la semana pasada. Agrega que “la FGN ha identificado tipologías de lavado de activos que ha venido desarrollando (el acusado) desde el año 2005 y hasta el año 2020 aproximadamente ... (y ha logrado) establecer, en esta línea de investigación, un total de 46 (de sus) bienes”. La primera propiedad de Memo Fantasma relacionada en el documento es el edificio Torre 85, en el norte de Bogotá, en donde el capturado posee, siempre en concurso con su abuela y madre, 23 unidades: tres oficinas avaluadas en $9.808 millones y 20 garajes que cuestan algo más de $1.000 millones. Los socios en la construcción de Torre 85 fueron alias Memo, con el 45 % de participación; Álvaro Rincón Muñoz, de la firma Hitos Urbanos, con 45 %, y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, con 10 %. Fantasma, mamá y abuela aportaron los predios en donde se levantaría la construcción, en el año 2006, cuando él todavía tenía un pie en el delito y otro en los negocios lícitos.
Sobre la gran tajada del edificio que le pertenece y sobre otras 26 propiedades de Acevedo en tierras de pleno asentamiento paramilitar en Córdoba pesan, hoy, medidas judiciales de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo, o sea, la antesala a la extinción de dominio que se aplica a los lavadores de activos. Hasta aquí, todo indicaría —como dijo el presidente Duque de alias Otoniel— que Acevedo sería “otro Pablo Escobar”. Pero en este caso hay significativas diferencias: el país se enteró, en marzo del año pasado, gracias a la meticulosa investigación del medio de investigación Insight Crime y de su codirector Jeremy McDermott y de su grupo de periodistas, que Memo Fantasma levantó el elegante proyecto inmobiliario de la calle 85 en sociedad con el esposo de la vicepresidenta de la República, Álvaro Rincón, representante de la empresa Hitos Urbanos en que la poderosa política conservadora Marta Lucía Ramírez es, a su vez, socia. En las fechas del negocio, Ramírez ya había sido ministra de Comercio Exterior y embajadora en Francia del gobierno Pastrana, y ministra de Defensa de Álvaro Uribe. El miembro minoritario del grupo de promotores del edificio Torre 85, Carlos Gutiérrez Robayo, se casó con la hermana de la esposa de Gustavo Petro, el candidato que registra mayor favorabilidad en las encuestas presidenciales. Petro ha dicho, una y otra vez, que no tiene ningún tipo de cercanía con Gutiérrez y este, de regular fama, también lo sostiene en privado. No obstante, para Guillermo Acevedo, un individuo que venía de la profundidad criminal, ese par de socios constituyeron un trofeo por las cumbres sociales y políticas que tocó. Pero no es todo. En la investigación de Insight Crime se afirma que Fantasma tuvo intensos negocios de narcotráfico, entre muchos carteles, con el Clan de los Cifuentes, de Antioquia (“una organización que tenía contactos políticos de alto nivel y trabajaba directamente con el Cartel de Sinaloa”). Una Cifuentes, Dolly, estuvo casada y tuvo una hija con un hermano de Uribe Vélez. Acevedo, según las fuentes de McDermott, “tenía algunos policías colombianos en su nómina y los usaba para desaparecer archivos judiciales y desviar investigaciones”, entre ellos, agentes subalternos del general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, extraditado, años después, a Estados Unidos. Otra fuente mencionó a Mario Uribe, el primo del exsenador a quien Memo le habría dado financiación y prestado helicópteros para su campaña. Y así, ve uno, asombrado, cómo el mundo político, social y policial se toca y entrelaza con el de los grandes delincuentes. Pero tranquilos: aquí no pasa nada.
El jueves pasado, 20 de octubre, fiscales de Lavado de Activos acusaron, ante un juez penal, a alias Memo Fantasma, alias Guillermo Camacho, alias Sebastián Colmenares, por tres delitos: lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. En el mismo escrito, les imputaron cargos a la mamá y la abuela de Fantasma, apodado así porque, aun cuando hacía años que traficaba con cocaína, era miembro del sanguinario grupo narcoparamilitar Bloque Central Bolívar, “cuidaba” las finanzas de su banda y amasaba, para sí, una fortuna extraordinaria, su existencia era desconocida para la justicia y para los agentes de seguridad del Estado porque sabía mimetizarse: esta es una posibilidad. La otra, que gozaba de la protección oficial que podían brindarle unos personajes de la política o cercanos a esta, y miembros bajos y altos de la Policía quienes habrían podido impedir que sus actividades llamaran la atención de los investigadores mientras mutaba su perfil de criminal al de ganadero y empresario. El nombre real de Memo es Guillermo León Acevedo Giraldo quien, hasta hace poco, disfrutaba de una mansión, en Madrid, al lado de su más reciente pareja, una señora de la alta sociedad antioqueña que iba bien con su nueva personalidad. Hoy Fantasma reside en La Picota, donde corresponde.
“La Fiscalía General de la Nación (FGN) tiene documentado que alias Guillermo Camacho dirige todo un outsourcing criminal con el objetivo de ... blanquear y/o darles apariencia de legalidad a recursos y bienes inmuebles que fueron obtenidos de una fuente ilegal...”, se lee en el escrito de acusación de la semana pasada. Agrega que “la FGN ha identificado tipologías de lavado de activos que ha venido desarrollando (el acusado) desde el año 2005 y hasta el año 2020 aproximadamente ... (y ha logrado) establecer, en esta línea de investigación, un total de 46 (de sus) bienes”. La primera propiedad de Memo Fantasma relacionada en el documento es el edificio Torre 85, en el norte de Bogotá, en donde el capturado posee, siempre en concurso con su abuela y madre, 23 unidades: tres oficinas avaluadas en $9.808 millones y 20 garajes que cuestan algo más de $1.000 millones. Los socios en la construcción de Torre 85 fueron alias Memo, con el 45 % de participación; Álvaro Rincón Muñoz, de la firma Hitos Urbanos, con 45 %, y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, con 10 %. Fantasma, mamá y abuela aportaron los predios en donde se levantaría la construcción, en el año 2006, cuando él todavía tenía un pie en el delito y otro en los negocios lícitos.
Sobre la gran tajada del edificio que le pertenece y sobre otras 26 propiedades de Acevedo en tierras de pleno asentamiento paramilitar en Córdoba pesan, hoy, medidas judiciales de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo, o sea, la antesala a la extinción de dominio que se aplica a los lavadores de activos. Hasta aquí, todo indicaría —como dijo el presidente Duque de alias Otoniel— que Acevedo sería “otro Pablo Escobar”. Pero en este caso hay significativas diferencias: el país se enteró, en marzo del año pasado, gracias a la meticulosa investigación del medio de investigación Insight Crime y de su codirector Jeremy McDermott y de su grupo de periodistas, que Memo Fantasma levantó el elegante proyecto inmobiliario de la calle 85 en sociedad con el esposo de la vicepresidenta de la República, Álvaro Rincón, representante de la empresa Hitos Urbanos en que la poderosa política conservadora Marta Lucía Ramírez es, a su vez, socia. En las fechas del negocio, Ramírez ya había sido ministra de Comercio Exterior y embajadora en Francia del gobierno Pastrana, y ministra de Defensa de Álvaro Uribe. El miembro minoritario del grupo de promotores del edificio Torre 85, Carlos Gutiérrez Robayo, se casó con la hermana de la esposa de Gustavo Petro, el candidato que registra mayor favorabilidad en las encuestas presidenciales. Petro ha dicho, una y otra vez, que no tiene ningún tipo de cercanía con Gutiérrez y este, de regular fama, también lo sostiene en privado. No obstante, para Guillermo Acevedo, un individuo que venía de la profundidad criminal, ese par de socios constituyeron un trofeo por las cumbres sociales y políticas que tocó. Pero no es todo. En la investigación de Insight Crime se afirma que Fantasma tuvo intensos negocios de narcotráfico, entre muchos carteles, con el Clan de los Cifuentes, de Antioquia (“una organización que tenía contactos políticos de alto nivel y trabajaba directamente con el Cartel de Sinaloa”). Una Cifuentes, Dolly, estuvo casada y tuvo una hija con un hermano de Uribe Vélez. Acevedo, según las fuentes de McDermott, “tenía algunos policías colombianos en su nómina y los usaba para desaparecer archivos judiciales y desviar investigaciones”, entre ellos, agentes subalternos del general (r) Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del presidente Uribe, extraditado, años después, a Estados Unidos. Otra fuente mencionó a Mario Uribe, el primo del exsenador a quien Memo le habría dado financiación y prestado helicópteros para su campaña. Y así, ve uno, asombrado, cómo el mundo político, social y policial se toca y entrelaza con el de los grandes delincuentes. Pero tranquilos: aquí no pasa nada.