“Soy una periodista colombiana que lleva más de 25 años ejerciendo su profesión. Entre 1999 y 2000 era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y ‘compra y venta’ de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento y en donde ocurrían todo tipo de hechos, desde tráfico de armas hasta descuartizamientos y desapariciones. Esa investigación tenía un componente especial y era que allí confluían todos los grupos armados: paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que, públicamente, los agentes del Estado (estoy hablando de integrantes del Ejército y, especialmente, de la Policía) combatían estos grupos ilegales pero, dentro de la cárcel, tenían alianzas. La Modelo era la ‘oficina’ desde donde se conectaba todo el crimen del país. Las amenazas habían iniciado a finales de 1998 y por eso decidí dejar RCN Radio, donde trabajaba, y cuando ingresé a El Espectador y retomé la investigación sobre la cárcel, se reiniciaron las amenazas. En mayo de 1999, mi mamá y yo fuimos víctimas de un atentado que denunciamos ante la Policía pero nunca se investigó. Cuando las amenazas se incrementaron, enviamos una carta al antiguo DAS pidiendo un esquema de seguridad. La carta fue enviada en agosto y la repuesta del Estado llegó en noviembre de 1999. Me contestaron que yo no estaba en riesgo. El atentado contra mi madre y contra mí nunca se investigó.
En mayo del 2000 se registró una masacre de 32 internos en esa prisión. El Espectador hizo una serie de publicaciones. Seguimos con las investigaciones y recibí llamadas en que me decían que me quedaban tres días de vida. Con el director del periódico y mi editor, Jorge Cardona, decidimos acudir a la Policía. Hombres de Inteligencia de ese organismo estuvieron en el periódico. Tomaron testimonios y nos dijeron que la mejor solución para que terminaran las amenazas era que me entrevistara con los paramilitares. Esa misma noche recibimos una llamada en que nos ponían cita para ir a entrevistar a uno de ellos. Acudí la mañana del 25 de mayo con mi editor, Jorge Cardona, y el fotógrafo, para hacer la entrevista. Era una trampa. Cuando estábamos en la puerta de La Modelo, una persona del Inpec nos dijo que la boleta para el ingreso estaba lista. Mientras mi editor iba por el fotógrafo (que estaba en el vehículo), fui abordada por un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó en frente de una patrulla de la Policía. Me llevaron a un lugar cercano, me amarraron, me golpearon, me subieron a un carro y me sacaron de la ciudad. Empezó una travesía de muchas horas. (Cometieron contra mí) abusos y torturas que terminaron en violación masiva. Después no sé qué ocurrió. Me dejaron abandonada en una carretera, casi muerta.
(Mientras me torturaban) manifestaron que era un escarmiento para la prensa, que los periodistas éramos la plaga. Mi editor, Jorge Cardona, puso la denuncia y allegamos varias pruebas. Con el CTI de la Fiscalía hicimos unas grabaciones con unas personas sobre quiénes eran los autores materiales del hecho, cómo habían conseguido las armas, cómo me habían secuestrado. Esas pruebas se perdieron. Durante 11 años el fiscal que estaba encargado del caso me llamaba para decirme que por qué no investigaba yo, y que le entregara los resultados a él. El proceso estuvo paralizado todos esos años, y solo cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) decidió presentar mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reactivó el proceso con muchas revictimizaciones y hechos que hoy siguen ocurriendo como persecuciones, intimidaciones, amenazas. Tuve que narrar mi violación 12 veces ante la Fiscalía. La investigación que yo adelantaba llevaba a establecer que había personas de la Policía implicadas. Muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas, pero también a los testimonios que han entregado paramilitares que han sido llamados al proceso, logramos establecer que la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la Policía en complicidad con otras personas de ese organismo. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero mi vida se acabó: tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura es algo que no me permite cerrar este ciclo definitivamente. ¿Qué más dolor se puede cargar y qué más sufrimiento cuando ya te han matado? Es imposible volver a morir. Tengo que confesar que hubo un momento muy difícil cuando tomé la decisión de suicidarme pero el poder seguir haciendo periodismo gracias a El Espectador me hizo concentrarme 100 % en mi trabajo. Un día el director de la Policía le dijo al director del periódico en donde trabajo hoy, el diario El Tiempo, que lo mejor era que me fuera del país porque no podía garantizar mi vida. Mataron a una de mis fuentes después de que me reuní con ella y me entregó toda la documentación del responsable de mi secuestro, un general de la Policía. Una hora después de despedirme de él, lo asesinaron. Pero no me voy a callar. Voy a levantar mi voz” (extracto de la declaración de la periodista Jineth Bedoya, esta semana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga al Estado colombiano por las atroces vejaciones que ella ha sufrido desde hace 21 años, sin apoyo de los gobiernos que han transcurrido desde entonces, ni de la justicia).
Entre paréntesis. Colombia, representada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solo intervino ante la Corte IDH para decir que se retiraba porque “no tenía garantías”. ¡Ignominia!
“Soy una periodista colombiana que lleva más de 25 años ejerciendo su profesión. Entre 1999 y 2000 era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y ‘compra y venta’ de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento y en donde ocurrían todo tipo de hechos, desde tráfico de armas hasta descuartizamientos y desapariciones. Esa investigación tenía un componente especial y era que allí confluían todos los grupos armados: paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que, públicamente, los agentes del Estado (estoy hablando de integrantes del Ejército y, especialmente, de la Policía) combatían estos grupos ilegales pero, dentro de la cárcel, tenían alianzas. La Modelo era la ‘oficina’ desde donde se conectaba todo el crimen del país. Las amenazas habían iniciado a finales de 1998 y por eso decidí dejar RCN Radio, donde trabajaba, y cuando ingresé a El Espectador y retomé la investigación sobre la cárcel, se reiniciaron las amenazas. En mayo de 1999, mi mamá y yo fuimos víctimas de un atentado que denunciamos ante la Policía pero nunca se investigó. Cuando las amenazas se incrementaron, enviamos una carta al antiguo DAS pidiendo un esquema de seguridad. La carta fue enviada en agosto y la repuesta del Estado llegó en noviembre de 1999. Me contestaron que yo no estaba en riesgo. El atentado contra mi madre y contra mí nunca se investigó.
En mayo del 2000 se registró una masacre de 32 internos en esa prisión. El Espectador hizo una serie de publicaciones. Seguimos con las investigaciones y recibí llamadas en que me decían que me quedaban tres días de vida. Con el director del periódico y mi editor, Jorge Cardona, decidimos acudir a la Policía. Hombres de Inteligencia de ese organismo estuvieron en el periódico. Tomaron testimonios y nos dijeron que la mejor solución para que terminaran las amenazas era que me entrevistara con los paramilitares. Esa misma noche recibimos una llamada en que nos ponían cita para ir a entrevistar a uno de ellos. Acudí la mañana del 25 de mayo con mi editor, Jorge Cardona, y el fotógrafo, para hacer la entrevista. Era una trampa. Cuando estábamos en la puerta de La Modelo, una persona del Inpec nos dijo que la boleta para el ingreso estaba lista. Mientras mi editor iba por el fotógrafo (que estaba en el vehículo), fui abordada por un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó en frente de una patrulla de la Policía. Me llevaron a un lugar cercano, me amarraron, me golpearon, me subieron a un carro y me sacaron de la ciudad. Empezó una travesía de muchas horas. (Cometieron contra mí) abusos y torturas que terminaron en violación masiva. Después no sé qué ocurrió. Me dejaron abandonada en una carretera, casi muerta.
(Mientras me torturaban) manifestaron que era un escarmiento para la prensa, que los periodistas éramos la plaga. Mi editor, Jorge Cardona, puso la denuncia y allegamos varias pruebas. Con el CTI de la Fiscalía hicimos unas grabaciones con unas personas sobre quiénes eran los autores materiales del hecho, cómo habían conseguido las armas, cómo me habían secuestrado. Esas pruebas se perdieron. Durante 11 años el fiscal que estaba encargado del caso me llamaba para decirme que por qué no investigaba yo, y que le entregara los resultados a él. El proceso estuvo paralizado todos esos años, y solo cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) decidió presentar mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reactivó el proceso con muchas revictimizaciones y hechos que hoy siguen ocurriendo como persecuciones, intimidaciones, amenazas. Tuve que narrar mi violación 12 veces ante la Fiscalía. La investigación que yo adelantaba llevaba a establecer que había personas de la Policía implicadas. Muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas, pero también a los testimonios que han entregado paramilitares que han sido llamados al proceso, logramos establecer que la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la Policía en complicidad con otras personas de ese organismo. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor. Pero mi vida se acabó: tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura es algo que no me permite cerrar este ciclo definitivamente. ¿Qué más dolor se puede cargar y qué más sufrimiento cuando ya te han matado? Es imposible volver a morir. Tengo que confesar que hubo un momento muy difícil cuando tomé la decisión de suicidarme pero el poder seguir haciendo periodismo gracias a El Espectador me hizo concentrarme 100 % en mi trabajo. Un día el director de la Policía le dijo al director del periódico en donde trabajo hoy, el diario El Tiempo, que lo mejor era que me fuera del país porque no podía garantizar mi vida. Mataron a una de mis fuentes después de que me reuní con ella y me entregó toda la documentación del responsable de mi secuestro, un general de la Policía. Una hora después de despedirme de él, lo asesinaron. Pero no me voy a callar. Voy a levantar mi voz” (extracto de la declaración de la periodista Jineth Bedoya, esta semana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga al Estado colombiano por las atroces vejaciones que ella ha sufrido desde hace 21 años, sin apoyo de los gobiernos que han transcurrido desde entonces, ni de la justicia).
Entre paréntesis. Colombia, representada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solo intervino ante la Corte IDH para decir que se retiraba porque “no tenía garantías”. ¡Ignominia!