Hace unas tres semanas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema definió la situación jurídica de uno de los personajes más sospechosos del mundo electoral colombiano de este siglo. No le impuso medida de aseguramiento pero lo vinculó, formalmente, a un proceso en que el delito por el que sería condenado es gravísimo: financiación del terrorismo, de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos con fines terroristas, que establece una pena de hasta 22 años en prisión o más, si su conducta califica como agravada. No obstante, la medida judicial no tuvo el impacto que se esperaría en la opinión, embobada con los escándalos de la mentirosa realidad virtual. El implicado es un político regional que ha sabido combinar su comportamiento poco virtuoso con el goce de un estado parecido al de impunidad. Su nombre es Yahir Acuña y es el alcalde de Sincelejo desde enero pasado. Pese a los cuestionamientos que lo acompañan desde cuando hizo sus primeros pinos en la actividad pública como consentido del asesino Salvador Arana —capo de Sucre condenado a 40 años de cárcel por asesinato— y aunque ha sido señalado por sus posteriores alianzas con personajes oscuros, Acuña se convirtió, este 2024, en el mandatario más votado del municipio sincelejano, elegido con más de 78.000 votos, una participación nunca vista en esa capital. Pero ese caudal popular no fue un “triunfo de la democracia” (la manida frase con que se describen las jornadas electorales), si uno se atiene a las denuncias: los reportes periodísticos en torno a la campaña del 2023 dejaron huella escrita, auditiva y visual de las razones que habrían impulsado a los sincelejanos a ser “pragmáticos” a la hora de votar.
Las imágenes de las multitudinarias convocatorias del candidato, a las que iba gente incentivada por la posibilidad de recibir regalos, anticipaban que el ganador no tendría rival. Sobre la organización electoral de Acuña se decía —y el rumor corría— que contaba con mucha plata y que la repartía a raudales. “En (esa) campaña en que se ha notado el dinero a manos llenas…”, publicaron varios medios, la danza de los millones se habría distribuido en obras sin licencia (asfaltar calles); en entrega de cascos y gasolina gratis para los mototaxistas; en camisetas, gorras y otros objetos (ver), y en la supuesta “compra” de los diputados de la Asamblea de Sucre (“con mil barras antes y mil barras después”), según un audio con la presunta voz del candidato, que circuló profusamente en esa etapa (ver). También se difundieron fotos de hombres con camisetas en que se destacaba el nombre del futuro alcalde cuando les entregaban a personas del común lo que parecía ser un anticipo monetario por su voto y se divulgó un video de otro individuo contando un fajo de dólares en plena manifestación para el amo de Sincelejo (ver). Sin embargo y pese a las tremendas violaciones a las normas que rigen las elecciones denunciadas con esos fuertes indicios, no se ha iniciado indagación judicial alguna.
La Corte Suprema no procesa al mandatario local por estos hechos recientes sino por un viejo caso de la época en que Acuña era representante a la Cámara (2010 -2014). Ese expediente ha pasado de mano en mano hasta cuando llegó a un despacho firme: el del magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, quien acaba de avanzar un paso procesal en que, de acuerdo con las sólidas evidencias acopiadas, es probable que el intocable político de Sincelejo deje de serlo. Tal como se definió su situación jurídica, hoy se le podría acusar por haber recibido apoyo político para su campaña al Congreso (bajo amenaza a los electores de Sucre) de dos antiguos jefes paramilitares y de sus sucesores, los Rastrojos Costeños, a cambio de retribución en dinero ($1.500 millones) y asignación de contratos públicos. La alianza criminal habría incluido la ejecución de varios asesinatos selectivos (ver). Hace pocos días fue grabado, en video, el asalto de seis encapuchados que portaban armas cortas y largas a una clínica privada de Barranquilla (ver). En el centro médico se encontraba alias el Gato, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la chancera condenada, y ya fallecida, Enilce López, alias la Gata. En principio, se informó que los asaltantes iban a matar a López. Pero el que resultó baleado fue un sujeto del bajo mundo sucreño, Edelmiro el Chino Anaya, a quien el temible Acuña había denunciado por armar un supuesto plan para asesinarlo (ver). Salvador Arana —exgobernador de Álvaro Uribe Vélez—, el alcalde de Sincelejo, alias la Gata, alias el Gato y alias el Chino Anaya han tenido relaciones de todo tipo desde comienzos de los años 2000 (ver). La balacera en la clínica no parece ser un hecho desconectado. La parapolítica o política dominada por el paramilitarismo, que creímos eliminada, reverdece con energía, control y poder en las regiones.
Hace unas tres semanas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema definió la situación jurídica de uno de los personajes más sospechosos del mundo electoral colombiano de este siglo. No le impuso medida de aseguramiento pero lo vinculó, formalmente, a un proceso en que el delito por el que sería condenado es gravísimo: financiación del terrorismo, de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos con fines terroristas, que establece una pena de hasta 22 años en prisión o más, si su conducta califica como agravada. No obstante, la medida judicial no tuvo el impacto que se esperaría en la opinión, embobada con los escándalos de la mentirosa realidad virtual. El implicado es un político regional que ha sabido combinar su comportamiento poco virtuoso con el goce de un estado parecido al de impunidad. Su nombre es Yahir Acuña y es el alcalde de Sincelejo desde enero pasado. Pese a los cuestionamientos que lo acompañan desde cuando hizo sus primeros pinos en la actividad pública como consentido del asesino Salvador Arana —capo de Sucre condenado a 40 años de cárcel por asesinato— y aunque ha sido señalado por sus posteriores alianzas con personajes oscuros, Acuña se convirtió, este 2024, en el mandatario más votado del municipio sincelejano, elegido con más de 78.000 votos, una participación nunca vista en esa capital. Pero ese caudal popular no fue un “triunfo de la democracia” (la manida frase con que se describen las jornadas electorales), si uno se atiene a las denuncias: los reportes periodísticos en torno a la campaña del 2023 dejaron huella escrita, auditiva y visual de las razones que habrían impulsado a los sincelejanos a ser “pragmáticos” a la hora de votar.
Las imágenes de las multitudinarias convocatorias del candidato, a las que iba gente incentivada por la posibilidad de recibir regalos, anticipaban que el ganador no tendría rival. Sobre la organización electoral de Acuña se decía —y el rumor corría— que contaba con mucha plata y que la repartía a raudales. “En (esa) campaña en que se ha notado el dinero a manos llenas…”, publicaron varios medios, la danza de los millones se habría distribuido en obras sin licencia (asfaltar calles); en entrega de cascos y gasolina gratis para los mototaxistas; en camisetas, gorras y otros objetos (ver), y en la supuesta “compra” de los diputados de la Asamblea de Sucre (“con mil barras antes y mil barras después”), según un audio con la presunta voz del candidato, que circuló profusamente en esa etapa (ver). También se difundieron fotos de hombres con camisetas en que se destacaba el nombre del futuro alcalde cuando les entregaban a personas del común lo que parecía ser un anticipo monetario por su voto y se divulgó un video de otro individuo contando un fajo de dólares en plena manifestación para el amo de Sincelejo (ver). Sin embargo y pese a las tremendas violaciones a las normas que rigen las elecciones denunciadas con esos fuertes indicios, no se ha iniciado indagación judicial alguna.
La Corte Suprema no procesa al mandatario local por estos hechos recientes sino por un viejo caso de la época en que Acuña era representante a la Cámara (2010 -2014). Ese expediente ha pasado de mano en mano hasta cuando llegó a un despacho firme: el del magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, quien acaba de avanzar un paso procesal en que, de acuerdo con las sólidas evidencias acopiadas, es probable que el intocable político de Sincelejo deje de serlo. Tal como se definió su situación jurídica, hoy se le podría acusar por haber recibido apoyo político para su campaña al Congreso (bajo amenaza a los electores de Sucre) de dos antiguos jefes paramilitares y de sus sucesores, los Rastrojos Costeños, a cambio de retribución en dinero ($1.500 millones) y asignación de contratos públicos. La alianza criminal habría incluido la ejecución de varios asesinatos selectivos (ver). Hace pocos días fue grabado, en video, el asalto de seis encapuchados que portaban armas cortas y largas a una clínica privada de Barranquilla (ver). En el centro médico se encontraba alias el Gato, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la chancera condenada, y ya fallecida, Enilce López, alias la Gata. En principio, se informó que los asaltantes iban a matar a López. Pero el que resultó baleado fue un sujeto del bajo mundo sucreño, Edelmiro el Chino Anaya, a quien el temible Acuña había denunciado por armar un supuesto plan para asesinarlo (ver). Salvador Arana —exgobernador de Álvaro Uribe Vélez—, el alcalde de Sincelejo, alias la Gata, alias el Gato y alias el Chino Anaya han tenido relaciones de todo tipo desde comienzos de los años 2000 (ver). La balacera en la clínica no parece ser un hecho desconectado. La parapolítica o política dominada por el paramilitarismo, que creímos eliminada, reverdece con energía, control y poder en las regiones.