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En un país dominado por el clasismo, los odios y las venganzas, Piedad Córdoba acumuló varias características que la llevaron a ser presa de los adoradores de esos tres maleficios: era negra con el agravante —ante los fóbicos de raza— de que también se atrevió a deslumbrar con su inteligencia; fue avezada, buena oradora, crecida en los escenarios públicos de predominio masculino; generosa defensora de sometidos, minorías o desvalidos a costa de su propio prestigio; frentera cuando se sentía traicionada; poderosa por lo que los demás creían que sabía (y diría algún día). En su lado negativo era una imprudente sin cálculo, voluble, rencorosa aunque con el tiempo se olvidaba de sus peleas, fantasiosa, amante de la buena vida, gusto que, según la presunción general nunca confirmada en sentencias judiciales, la habría conducido a cometer actos indebidos y a frecuentar personajes poco claros.
Piedad Córdoba no dejaba indiferente a nadie, ni a Uribe, el presidente blanco de sus ataques en los encendidos discursos humanitarios que ella pronunciaba en su contra, ni al mismísimo nuncio apostólico quien dudaba si era correcto recibirla en visita protocolaria. Quienes la apreciamos en una etapa de su apasionante vida profesional nos quedamos sin establecer la verdad sobre sus límites éticos, pero no porque “la justicia divina” la hubiera castigado, como dijo un congresista famoso en las redes por su vulgaridad, sino porque los operadores del sistema judicial que conocieron procesos con su nombre la persiguieron con enfermiza pasión política en lugar de investigar los hechos y llegar a conclusiones creíbles.
Hasta en su féretro, Piedad tuvo que soportar ataques desmedidos, no solo de los ignorantes que quieren sumar focas que los aplaudan por sus videos en Instagram o en TikTok; también de unas togas, como la de la mal llamada magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, quien ha usado su investidura para ser persecutora de unos, como lo fue de Córdoba, o defensora de otros, en el caso del hijo de la corrupción electoral, el exdetenido Arturo Char a cuya libertad Lombana le ha dedicado todos sus esfuerzos argumentativos.
Volviendo a Piedad y a sus “jueces”, hay que recordar al santurrón que hizo daño en la Procuraduría cuando, creyéndose dios, despojó de su curul a la senadora fallecida y la destituyó ¡dos veces!: la primera, en 2010, con prohibición de ejercer funciones públicas por 18 años y la segunda, pocos meses más tarde, para rematarla, con inhabilidad de 14 años. Ambas decisiones tomadas por el perverso Alejandro Ordóñez fueron anuladas en el Consejo de Estado seis años después y la Nación tuvo que indemnizar a Córdoba con el dinero de los impuestos. Los bolsillos de Ordóñez permanecieron intactos, sin multas de repetición, nada. Hablando de abusos judiciales, no es hora de olvidar los actos de la togada Lombana. Por el contrario, es necesario publicitarlos para que permanezcan en la memoria colectiva. Circuló, por ahí, un escrito de 2022, de la exoficial militar, en el que proponía la apertura de investigación —en realidad, reapertura de uno de los procesos que el Consejo de Estado le anuló a Ordóñez por falta de pruebas— debido a la supuesta pertenencia de Córdoba a las FARC. El escrito de Lombana se basaba en chismes propalados por los gobiernos de Uribe y en los rumores que Íngrid Betancourt escuchó. La Sala de Instrucción de la Corte pasó una vergüenza.
Entre tanto, la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, única que puede conocer quejas contra togados de las cortes, ha dejado oculta, quietecita en un cajón, la denuncia que una testigo de una conversación entre Lombana y otras personas formuló contra esta magistrada: “La señora (magistrada) empezó a hablar en contra de Piedad Córdova (sic) y le preguntaba a uno de los señores (que charlaba con ella) sobre los hijos, los nietos, hasta de un hijo (enfermo), que quién lo cuidaba, que si sabía si (Piedad) tenía plata. Y el señor respondía que no sabía, que los había visto la última vez hace como 15 años”. Tan inusual —por no decir ilegal— forma de instruir un proceso habría llegado al punto de la instigación de Lombana a ese futuro testigo, para que declarara falsamente.
De acuerdo con la denunciante, la togada le habría dicho al interlocutor que “tenía que declarar que había visto cómo la senadora recibía dinero del Gobierno venezolano (…) el señor repetía que eso no lo iba a decir porque no era cierto y que jamás había visto eso…”. Murió la senadora Córdoba con fama de victimaria, en un sector del país. Pese a ello, a nadie le consta que lo haya sido. En cambio, Ordóñez y Lombana son ejemplos vivos de que sí fue una víctima: la de ellos dos.