Prada: ¿un mentiroso juzgando a otros por mentir?


Parece tan deshonesto Álvaro Hernán Prada —exrepresentante a la Cámara por el uribismo y, hoy, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) gracias al mismo partido—, que presentó impedimento ante la sala plena de ese órgano cuando lo designaron para investigar los manejos financieros de la campaña a la Presidencia de Petro, pero con un truco: dijo que pertenecía al Centro Democrático, gran revelación que todos conocían pues cada uno de los mal llamados “magistrados” del Consejo tiene puesto ahí, precisamente, como delegado de su propia colectividad partidista. Como era obvio, sus colegas negaron esa absurda petición aunque ninguno ignoraba los motivos de peso jurídico y ético que él calló y que imposibilitan que el obsecuente servidor del expresidente Uribe funja de juez de las conductas de una agrupación política (la izquierda) de la que se ha expresado en términos inaceptables en el debate democrático. Así, por ejemplo, el “juez” electoral Prada afirmó en un trino: “Las Farc han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar que su principal objetivo es meter preso a Uribe… (sic)” (2018). También dejó en evidencia su inquina hacia el entonces candidato, actual presidente: “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta (sic)” (2017) (ver). Prada se refería, con irrespeto, al Consejo de Estado por su decisión de anular la destitución de Petro de la Alcaldía de Bogotá. Para mostrarlo de manera gráfica, sería como si Gustavo Bolívar llegara al CNE y fuera designado juez de las cuentas de una campaña de Uribe. Estamos hablando de actos tan grotescos que no son imaginables sino en dictaduras tipo Ortega, el sátrapa de Nicaragua.

Parece tan deshonesto Álvaro Hernán Prada —exrepresentante a la Cámara por el uribismo y, hoy, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) gracias al mismo partido—, que presentó impedimento ante la sala plena de ese órgano cuando lo designaron para investigar los manejos financieros de la campaña a la Presidencia de Petro, pero con un truco: dijo que pertenecía al Centro Democrático, gran revelación que todos conocían pues cada uno de los mal llamados “magistrados” del Consejo tiene puesto ahí, precisamente, como delegado de su propia colectividad partidista. Como era obvio, sus colegas negaron esa absurda petición aunque ninguno ignoraba los motivos de peso jurídico y ético que él calló y que imposibilitan que el obsecuente servidor del expresidente Uribe funja de juez de las conductas de una agrupación política (la izquierda) de la que se ha expresado en términos inaceptables en el debate democrático. Así, por ejemplo, el “juez” electoral Prada afirmó en un trino: “Las Farc han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar que su principal objetivo es meter preso a Uribe… (sic)” (2018). También dejó en evidencia su inquina hacia el entonces candidato, actual presidente: “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta (sic)” (2017) (ver). Prada se refería, con irrespeto, al Consejo de Estado por su decisión de anular la destitución de Petro de la Alcaldía de Bogotá. Para mostrarlo de manera gráfica, sería como si Gustavo Bolívar llegara al CNE y fuera designado juez de las cuentas de una campaña de Uribe. Estamos hablando de actos tan grotescos que no son imaginables sino en dictaduras tipo Ortega, el sátrapa de Nicaragua.

Pues bien, los compañeros de Prada en el Consejo Electoral, unos por ser sus aliados, otros por desentendidos, no solo se hicieron los de la vista gorda con su bulto de impedimentos a la hora de designarlo como segundo miembro de la comisión investigadora de la campaña Petro, sino que ¡lo hicieron por unanimidad cuando votaron por él! Las dos consejeras del Pacto Histórico estuvieron de acuerdo. El primer investigador de la campaña del mandatario es el liberal Benjamín Ortiz, abogado experto en derecho electoral y, hasta donde se sabe, un profesional mesurado y sin apasionamientos. Ortiz adelantaba, solo, la tarea de revisión de la campaña pero le metieron palos en la rueda cuando la sala decidió nombrarle como compañero a Prada. ¿Por qué y para qué? Como sea, la ponencia confiable en manos de Ortiz y enturbiada con las opiniones y firma de Prada está para la aprobación o desaprobación de los otros siete miembros del CNE. De ella se deduce que la campaña sobrepasó los topes de gastos en más de $5.000 millones. Si el documento se hubiera quedado en ese punto, la controversia política sería menor. La alta tensión surgió porque los dos investigadores imputaron cargos no solo al gerente de la campaña, Ricardo Roa, sino al presidente de la República que goza de fuero. Solo puede investigarlo la Comisión de Acusación (ver).

Surge la gran sombra uribista como juzgadora ilegítima de su contradictor-enemigo de toda la vida. Su influencia en la ponencia no puede ignorarse porque Álvaro Hernán Prada ha demostrado que “sabe hacer caso” cuando una voz superior le da órdenes. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema citó a Prada para hoy, miércoles 15 de mayo, con el fin de iniciar juicio en su contra como presunto cómplice del delito de soborno a testigo en actuación penal con causal de agravación, según se lee en el escrito de acusación. En resumen, el investigador de la campaña Petro será enjuiciado por haber contactado a alias Caliche, un delincuente de Neiva, con el fin de que convenciera a Juan Guillermo Monsalve, testigo principal en contra de Uribe, de que se retractara y dijera que el senador Iván Cepeda lo había convencido de mentir para inculpar falsamente al exmandatario. El mismo procedimiento que intentó ejecutar Diego Cadena, abogado del expresidente a punto de ser condenado por esos hechos. Existen decenas de mensajes y audios entre Caliche y Monsalve que incriminan a Prada, como este: “… ahí me llegaron estos viejos y me dijieron lo mismo, que se comprometen … ese señor Prada está cag… de miedo y ese hp., está todo … y me dijo … que me cumplían … (sic)”. El ingrediente principal del delito de soborno a testigo imputado al “magistrado” Prada es “faltar a la verdad o callarla total o parcialmente en un testimonio en provecho suyo o de un tercero”. ¿La persona que es juzgada por intentar que alguien falte a la verdad puede juzgar a otros de quienes asegura que faltaron a la verdad?