Nació tan corrompido el acto legislativo “por medio del cual se reforma la justicia” que se tramita en el Capitolio, que apenas en el primer debate, de ocho que debe superar para ser aprobado, sus autores y ponentes propusieron la ampliación de su título por el de “Proyecto de acto legislativo 320 del 2021, Cámara, Por medio del cual se Reforma la Justicia (sic) y se dictan otras disposiciones”. Con las “otras disposiciones”, sus manipuladores buscaban una disculpa para introducir unos artículos que no guardan relación con la materia tratada, o, lo que significa lo mismo, para meterle “micos” al texto. Pues bien, el simio más escandaloso ya obtuvo el voto mayoritario de la Comisión Primera de esa corporación: los congresistas cómplices de los beneficiados —quienes, a su vez, les devolverán el regalo dándoles centenares de puestos que tienen en sus entidades— pretenden garantizar impunidad penal a los funcionarios que ejerzan como procurador, contralor, defensor del Pueblo, auditor y registrador, cuyas cabezas, hoy, son Margarita Cabello, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Camargo, Alma Carmenza Erazo y Alexander Vega. (Levante la mano el que confíe en ellos). Un segundo mico busca cambiar los requisitos para aspirar a ser fiscal, procurador, defensor y registrador con el cuento de que su dirección “requiere habilidades gerenciales y administrativas”, como si Barbosa, Cabello, Camargo y Vega no tuvieran subalternos especialistas en esas tareas. El truco consiste en que ya no se exigirá experiencia en el área del derecho, fuente principal de conocimiento para el desempeño de tales instituciones, sino en cualquier “profesión afín”.
En resumen, los beneficiarios de esta reforma inmoral harían moñona: de un lado, conseguirían inmunidad judicial mediante el retiro de la competencia de la Corte Suprema para juzgarlos y la asignación de esa facultad a la Comisión de Acusación de la propia Cámara, más conocida como la “Comisión de Absoluciones” puesto que ha probado que suele ser cómplice de los investigados; del lado de la rebaja de requisitos, esta parece estar hecha a la medida de un agalludo insaciable que no se conforma con un alto cargo y un único periodo de cuatro años sino que pretende dar el brinco a otro organismo para obtener un cuatrienio más y con mayor poder. Sería el caso del contralor general, Carlos Felipe Córdoba —como lo han reiterado algunos medios críticos—, cuyo tiempo en ese órgano termina en menos de un año (septiembre del 2022). Él aspiraría a ser el sucesor de Barbosa en 2024 si la Corte Constitucional que estudia una tutela al respecto no acorta la estadía del loquito en el ente investigador y lo saca antes de ese año. Córdoba lo ha negado pero, ¡vaya si su perfil se ajusta al texto propuesto en la Cámara!: “Para ser elegido fiscal general ... se requiere tener título en ciencias jurídicas (Córdoba está a punto de concluir carrera en Derecho) y experiencia profesional no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas...”. Córdoba estudió Gobierno y Relaciones Internacionales: su hoja de vida profesional casa en “ciencias sociales, humanas...”, etc. En uno de sus análisis informativos, el portal La Silla Vacía fue más allá: “La reforma a la elección del fiscal queda a la medida del contralor y su esposa”, dijo (ver). Se refiere a Marcela Yepes, exdirectora administrativa de la Fiscalía, quien es economista y también concluye sus estudios de Derecho, junto a su pareja.
Ambos, Córdoba y Yepes, resultaron favorecidos (curiosidades y coincidencias) con extrañas decisiones de la Fiscalía Barbosa, según reveló Noticias Uno el pasado lunes festivo: en cuanto a Córdoba, la Fiscalía Seccional de Pereira (ciudad natal del contralor y ciudad adoptiva de Yepes) recibió una denuncia contra él por aparentes sobrecostos en la compra de un edificio, que un par de funcionarias de primer nivel tramitaron para asignarle número de noticia criminal sin saber con quién se metían. La noticia existe, hoy, pero sin el nombre del denunciado y las dos servidoras, oriundas de la capital risaraldense, fueron trasladadas, intempestivamente, al Guainía y al Cauca (ver). En cuanto a Yepes, un fiscal subalterno de Gabriel Jaimes le archivó, en una maniobra de difícil explicación jurídica, el proceso en que resultó involucrada al lado de la famosa contratista Natalia Springer, hace seis años, debido a que quien firmó los contratos en nombre de la entidad fue Yepes (ver). Para Springer, el caso continúa abierto. Magias que hacen los poderosos cuando se apropian del Estado. Para eso les sirven las “reformas a la justicia y las otras disposiciones”. Concierto ¿para qué?
Nació tan corrompido el acto legislativo “por medio del cual se reforma la justicia” que se tramita en el Capitolio, que apenas en el primer debate, de ocho que debe superar para ser aprobado, sus autores y ponentes propusieron la ampliación de su título por el de “Proyecto de acto legislativo 320 del 2021, Cámara, Por medio del cual se Reforma la Justicia (sic) y se dictan otras disposiciones”. Con las “otras disposiciones”, sus manipuladores buscaban una disculpa para introducir unos artículos que no guardan relación con la materia tratada, o, lo que significa lo mismo, para meterle “micos” al texto. Pues bien, el simio más escandaloso ya obtuvo el voto mayoritario de la Comisión Primera de esa corporación: los congresistas cómplices de los beneficiados —quienes, a su vez, les devolverán el regalo dándoles centenares de puestos que tienen en sus entidades— pretenden garantizar impunidad penal a los funcionarios que ejerzan como procurador, contralor, defensor del Pueblo, auditor y registrador, cuyas cabezas, hoy, son Margarita Cabello, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Camargo, Alma Carmenza Erazo y Alexander Vega. (Levante la mano el que confíe en ellos). Un segundo mico busca cambiar los requisitos para aspirar a ser fiscal, procurador, defensor y registrador con el cuento de que su dirección “requiere habilidades gerenciales y administrativas”, como si Barbosa, Cabello, Camargo y Vega no tuvieran subalternos especialistas en esas tareas. El truco consiste en que ya no se exigirá experiencia en el área del derecho, fuente principal de conocimiento para el desempeño de tales instituciones, sino en cualquier “profesión afín”.
En resumen, los beneficiarios de esta reforma inmoral harían moñona: de un lado, conseguirían inmunidad judicial mediante el retiro de la competencia de la Corte Suprema para juzgarlos y la asignación de esa facultad a la Comisión de Acusación de la propia Cámara, más conocida como la “Comisión de Absoluciones” puesto que ha probado que suele ser cómplice de los investigados; del lado de la rebaja de requisitos, esta parece estar hecha a la medida de un agalludo insaciable que no se conforma con un alto cargo y un único periodo de cuatro años sino que pretende dar el brinco a otro organismo para obtener un cuatrienio más y con mayor poder. Sería el caso del contralor general, Carlos Felipe Córdoba —como lo han reiterado algunos medios críticos—, cuyo tiempo en ese órgano termina en menos de un año (septiembre del 2022). Él aspiraría a ser el sucesor de Barbosa en 2024 si la Corte Constitucional que estudia una tutela al respecto no acorta la estadía del loquito en el ente investigador y lo saca antes de ese año. Córdoba lo ha negado pero, ¡vaya si su perfil se ajusta al texto propuesto en la Cámara!: “Para ser elegido fiscal general ... se requiere tener título en ciencias jurídicas (Córdoba está a punto de concluir carrera en Derecho) y experiencia profesional no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas...”. Córdoba estudió Gobierno y Relaciones Internacionales: su hoja de vida profesional casa en “ciencias sociales, humanas...”, etc. En uno de sus análisis informativos, el portal La Silla Vacía fue más allá: “La reforma a la elección del fiscal queda a la medida del contralor y su esposa”, dijo (ver). Se refiere a Marcela Yepes, exdirectora administrativa de la Fiscalía, quien es economista y también concluye sus estudios de Derecho, junto a su pareja.
Ambos, Córdoba y Yepes, resultaron favorecidos (curiosidades y coincidencias) con extrañas decisiones de la Fiscalía Barbosa, según reveló Noticias Uno el pasado lunes festivo: en cuanto a Córdoba, la Fiscalía Seccional de Pereira (ciudad natal del contralor y ciudad adoptiva de Yepes) recibió una denuncia contra él por aparentes sobrecostos en la compra de un edificio, que un par de funcionarias de primer nivel tramitaron para asignarle número de noticia criminal sin saber con quién se metían. La noticia existe, hoy, pero sin el nombre del denunciado y las dos servidoras, oriundas de la capital risaraldense, fueron trasladadas, intempestivamente, al Guainía y al Cauca (ver). En cuanto a Yepes, un fiscal subalterno de Gabriel Jaimes le archivó, en una maniobra de difícil explicación jurídica, el proceso en que resultó involucrada al lado de la famosa contratista Natalia Springer, hace seis años, debido a que quien firmó los contratos en nombre de la entidad fue Yepes (ver). Para Springer, el caso continúa abierto. Magias que hacen los poderosos cuando se apropian del Estado. Para eso les sirven las “reformas a la justicia y las otras disposiciones”. Concierto ¿para qué?