Fuera de la desgracia de la pandemia, este año 2020 podría sobrevenirnos otra menos perceptible, pero con efectos tan devastadores como la expansión del virus: mientras nos concentramos en la cuarentena, los antiguos y nuevos clientelistas que han logrado cargos y, no obstante, aspiran a tener a su disposición miles de puestos más, se ocupan en buscar candidatos que les garanticen fidelidad a sus causas mezquinas, y en organizarles apoyos para apropiarse de las dignidades del Estado que quedan vacantes. La jauría anda suelta este segundo semestre cuando se aproxima el fin de los periodos de procurador general y defensor del Pueblo y es necesario elegir a los reemplazos de Fernando Carrillo y Carlos Negret. Pero la manada hambrienta de burocracia y contratos públicos ha crecido: además del mandatario en ejercicio que mete baza en la terna de la Procuraduría y arma, solo, la de la Defensoría; los partidos y sus jefes expresidentes o exvicepresidentes que creen tener derecho de propiedad sobre estos entes de frondosa burocracia, ahora también construyen trincas los hermanados Barbosa y Córdoba cuya curiosa ética del manejo de los bienes públicos ha sorprendido aún en Colombia, en donde la moral es elástica y estira hasta donde se requiera.
De esa mezcolanza de intereses no pueden surgir aspirantes admirables. Por el contrario, las ternas, si se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos, reflejarán la decadencia de la nación en esta época oscura. Los jugadores expertos en artificios apuestan por una conformada así: Margarita Cabello, candidata del presidente de la República; Gregorio Eljach, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores. En cambio, hay muchas historias para recordar sobre cómo “ajustan” sus actos dependiendo de la ocasión.
Cabello, al parecer única candidata que Duque tiene para la Procuraduría —tal es su ascendiente sobre él—, es conocida de autos: hace apenas dos semanas, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero denunció la injerencia irrespetuosa de la ministra de Justicia en las decisiones y elecciones internas de ese tribunal. Según Botero, “ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte”, el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado, compinche y amigo Francisco Acuña, debía encabezar las elecciones. ¡Y lo logró! Así fue como los colombianos nos ganamos el premio mayor de la lotería con Barbosa en la Fiscalía. Para integrar el gabinete ministerial, Cabello renunció a ser magistrada en la Suprema con un frío cálculo, pues le faltaba solo un año para cumplir los ocho del periodo legal. Ella, trepadora, no iba a pasar a la simple condición de ex: hizo méritos para integrar el círculo presidencial, a tiempo. La evidencia indica que este era solo un escalón más para conseguir la meta: la Procuraduría General en donde se sentará en el sillón que ocupó su ídolo Alejandro Ordóñez cuya reelección fue anulada cuando se comprobó que incurrió en actos prohibidos por la Constitución, actos similares a los que la magistrada-ministra-procuradora ejecuta cada vez que quiere.
Gregorio Eljach es el secretario general del Senado y pretende ser elegido procurador, en nuestras narices, por los mismos parlamentarios a los que sirve desde hace ocho años. Eljach es aquel personaje que le dijo, cerca de un micrófono, al congresista que presidía un debate de control político, en 2015, la elegante y democrática frase: “No le des más papaya a Robledo que está haciendo un show ahí, marica. Levanta la sesión, levántala”. Se refería al senador Jorge Enrique Robledo. Eljach, supuesto garante de los derechos ciudadanos si llegara a la Procuraduría, es quien logró cercenar el derecho a debatir del congresista del Polo. Lo aplaudieron algunos de los que, seguramente, votarán pronto por él. El secretario del Senado fue también denunciado por el representante investigador del exmagistrado Jorge Pretelt (declarado indigno por el Congreso), por intentar desequilibrar, a favor del investigado, el debate en que se discutían sus culpas de carácter penal. Y la belleza de Eljach se atrevió a ordenar la detención, dentro del Capitolio, de una estudiante de periodismo a quien sus escoltas le quitaron a la fuerza su celular y le borraron su material de su trabajo. Ella no presentó queja formal pero ha debido hacerlo aunque fuera para dejar la constancia.
Wilson Ruiz es recordado por sus sinuosas posiciones, casi tan sinuosas como sus declaraciones cuando fue elegido en ese antro denominado Consejo Superior de la Judicatura. Ruiz marcha con Cabello y Eljach, a la par. Cuentan quienes conocen su cara sin careta, que ejerció como abogado y más que abogado, de un testaferro del narcotraficante alias Chupeta; y que era asiduo visitante del pabellón de la Picota cuando estaba preso el excongresista de mañas tenebrosas Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni en los peores momentos de la historia, el poder público había caído tan bajo. Soportamos una pandemia que mata el honor.
Fuera de la desgracia de la pandemia, este año 2020 podría sobrevenirnos otra menos perceptible, pero con efectos tan devastadores como la expansión del virus: mientras nos concentramos en la cuarentena, los antiguos y nuevos clientelistas que han logrado cargos y, no obstante, aspiran a tener a su disposición miles de puestos más, se ocupan en buscar candidatos que les garanticen fidelidad a sus causas mezquinas, y en organizarles apoyos para apropiarse de las dignidades del Estado que quedan vacantes. La jauría anda suelta este segundo semestre cuando se aproxima el fin de los periodos de procurador general y defensor del Pueblo y es necesario elegir a los reemplazos de Fernando Carrillo y Carlos Negret. Pero la manada hambrienta de burocracia y contratos públicos ha crecido: además del mandatario en ejercicio que mete baza en la terna de la Procuraduría y arma, solo, la de la Defensoría; los partidos y sus jefes expresidentes o exvicepresidentes que creen tener derecho de propiedad sobre estos entes de frondosa burocracia, ahora también construyen trincas los hermanados Barbosa y Córdoba cuya curiosa ética del manejo de los bienes públicos ha sorprendido aún en Colombia, en donde la moral es elástica y estira hasta donde se requiera.
De esa mezcolanza de intereses no pueden surgir aspirantes admirables. Por el contrario, las ternas, si se componen como lo anticipan quienes conocen tales mundillos, reflejarán la decadencia de la nación en esta época oscura. Los jugadores expertos en artificios apuestan por una conformada así: Margarita Cabello, candidata del presidente de la República; Gregorio Eljach, del Consejo de Estado, y Wilson Ruiz, escogido por la Corte Suprema. Sobre ellos hay pocas certificaciones en materia de pulcritud profesional, detalle que tiene sin cuidado a sus nominadores. En cambio, hay muchas historias para recordar sobre cómo “ajustan” sus actos dependiendo de la ocasión.
Cabello, al parecer única candidata que Duque tiene para la Procuraduría —tal es su ascendiente sobre él—, es conocida de autos: hace apenas dos semanas, el magistrado de la Corte Suprema Gerardo Botero denunció la injerencia irrespetuosa de la ministra de Justicia en las decisiones y elecciones internas de ese tribunal. Según Botero, “ella puso como condición para destrabar la elección de fiscal general y de magistrados de la Corte”, el retiro de la presidencia de la corporación del togado Álvaro Fernando García. Su aliado, compinche y amigo Francisco Acuña, debía encabezar las elecciones. ¡Y lo logró! Así fue como los colombianos nos ganamos el premio mayor de la lotería con Barbosa en la Fiscalía. Para integrar el gabinete ministerial, Cabello renunció a ser magistrada en la Suprema con un frío cálculo, pues le faltaba solo un año para cumplir los ocho del periodo legal. Ella, trepadora, no iba a pasar a la simple condición de ex: hizo méritos para integrar el círculo presidencial, a tiempo. La evidencia indica que este era solo un escalón más para conseguir la meta: la Procuraduría General en donde se sentará en el sillón que ocupó su ídolo Alejandro Ordóñez cuya reelección fue anulada cuando se comprobó que incurrió en actos prohibidos por la Constitución, actos similares a los que la magistrada-ministra-procuradora ejecuta cada vez que quiere.
Gregorio Eljach es el secretario general del Senado y pretende ser elegido procurador, en nuestras narices, por los mismos parlamentarios a los que sirve desde hace ocho años. Eljach es aquel personaje que le dijo, cerca de un micrófono, al congresista que presidía un debate de control político, en 2015, la elegante y democrática frase: “No le des más papaya a Robledo que está haciendo un show ahí, marica. Levanta la sesión, levántala”. Se refería al senador Jorge Enrique Robledo. Eljach, supuesto garante de los derechos ciudadanos si llegara a la Procuraduría, es quien logró cercenar el derecho a debatir del congresista del Polo. Lo aplaudieron algunos de los que, seguramente, votarán pronto por él. El secretario del Senado fue también denunciado por el representante investigador del exmagistrado Jorge Pretelt (declarado indigno por el Congreso), por intentar desequilibrar, a favor del investigado, el debate en que se discutían sus culpas de carácter penal. Y la belleza de Eljach se atrevió a ordenar la detención, dentro del Capitolio, de una estudiante de periodismo a quien sus escoltas le quitaron a la fuerza su celular y le borraron su material de su trabajo. Ella no presentó queja formal pero ha debido hacerlo aunque fuera para dejar la constancia.
Wilson Ruiz es recordado por sus sinuosas posiciones, casi tan sinuosas como sus declaraciones cuando fue elegido en ese antro denominado Consejo Superior de la Judicatura. Ruiz marcha con Cabello y Eljach, a la par. Cuentan quienes conocen su cara sin careta, que ejerció como abogado y más que abogado, de un testaferro del narcotraficante alias Chupeta; y que era asiduo visitante del pabellón de la Picota cuando estaba preso el excongresista de mañas tenebrosas Juan Carlos Martínez Sinisterra. Ni en los peores momentos de la historia, el poder público había caído tan bajo. Soportamos una pandemia que mata el honor.