Tomás y Jerónimo, los reyes Midas de Colombia

Tomás y Jerónimo Uribe, hijos de Álvaro Uribe, que entonces llevaba unos meses en la Presidencia de la República, contaban, en ese momento, con 22 y 20 años respectivamente.

Hablamos de 2003. No obstante su juventud y sus obligaciones universitarias, ya se perfilaban, más que por los libros y la ciencia, por una vena empresarial de visionarios: ese año nació una de sus firmas, Residuos Ecoeficiencia, con un modesto capital de $10 millones y con el objeto de negociar chatarra, comprándola a proveedores pequeños y vendiéndola a los grandes exportadores. El dúo de vástagos presidenciales conformó su junta directiva con ellos mismos como miembros principales, y con su abuelo y tío maternos —expertos inversionistas— como suplentes. Pese a las protestas iniciales de un grupo de recicladores callejeros que quedaron sin producto para rebuscarse la vida y a cuyos reclamos nadie les puso mayor atención, Ecoeficiencia siguió de largo su marcha acelerada.

Tres años después, en 2006, una entidad financiera suscribió un contrato de fiducia con el representante legal de Ecoeficiencia (Tomás) para que este pudiera adquirir, para su empresa, dos predios rurales equivalentes a 32 hectáreas, en Mosquera (Cund.). Dos años más tarde, en 2008, el director de la DIAN, nombrado por el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, expidió una resolución en que declaraba “Zona Franca Permanente” esos terrenos. Así se completaba una especie de triple salto mortal en la suerte loca que tuvieron los noveles empresarios pues, poco antes, el alcalde de Mosquera —que después les compró parte de esos lotes a los Uribe— había decretado el cambio de uso de la tierra: de rural la elevó a industrial con lo que hizo posible que esta casara en las actividades de la zona. Así, los predios de los hijos del presidente de la República en ejercicio de su segundo periodo de gobierno, pasaron de costar $33 millones en que los compraron, a $3.000 millones, una valorización de 91 veces su precio, en un lapso de 24 meses. Saltemos al año 2011. Ecoeficiencia presentó su declaración de renta de 2010 *. Pues bien, quienes ya para esa época eran prósperos negociantes con varias firmas en su haber, millonarios terrenos citadinos, copropiedad de haciendas y de hatos ganaderos, según se ha publicado en informes periodísticos documentados, reportaron que la empresita que arrancó con $10 millones tenía, siete años después, ingresos netos de más de $42.000 millones; un total de patrimonio bruto de $11.000 millones y de patrimonio líquido de $4.500 millones, aproximadamente. El rey Midas estaría orgulloso de, valga la redundancia, su eficiencia.

En el formulario entregado a la DIAN cuando esta ya había entrado a era ajena al círculo presidencial paterno, figuran los siguientes rubros: saldo a pagar por impuesto, 0 (cero); total saldo a pagar, 0 (cero); “total saldo a favor”: $350 millones. Significa que la Nación, es decir ustedes y yo, les debíamos devolver a los hermanos esa suma. Paradójicamente, este reclamo activó una investigación de cuatro años por parte de la entidad que encontró gruesas inexactitudes entre las que se destaca la subvaloración, en cerca de $6 mil millones de pesos, de su renta líquida gravable y, en consecuencia, del impuesto que tenían que pagar. En conclusión, Ecoeficiencia pasó de pedir devolución, a tener que pagar más de $1.800 millones, sin incluir sanciones e intereses. Con estos, la cifra ascendía a $3.500 millones para un total a pagar de $5.400 millones. Por si fuera poco, la DIAN encontró que proveedores que figuraban en la contabilidad, recibiendo cheques por sus ventas a la empresa, no la conocían; que unas operaciones no fueron realizadas con quienes firmaban las facturas y que cheques girados a unos, eran cobrados por terceros diferentes. A través de abogado penalista, Tomás y Jerónimo Uribe denunciaron a quienes podrían haberlos asaltado en su buena fe, según afirmaron, porque todo sucedió a sus espaldas. Pero más allá de su lío puntual, Colombia todavía no se escandaliza con el enriquecimiento, fuera de serie, de los hijos, apenas pos-adolescentes, de quien fuera el Jefe de Estado durante los mismos ocho años en que ellos amasaron semejantes fortunas. Sí, con el sector privado, pero con el empujón explícito (como el de la zona franca de Occidente) o implícito del poder Ejecutivo, del que dependen todas o casi todas las actividades comerciales de cualquier país.

* Datos revelados por Noticias Uno el domingo 19 de junio pasado.

Tomás y Jerónimo Uribe, hijos de Álvaro Uribe, que entonces llevaba unos meses en la Presidencia de la República, contaban, en ese momento, con 22 y 20 años respectivamente.

Hablamos de 2003. No obstante su juventud y sus obligaciones universitarias, ya se perfilaban, más que por los libros y la ciencia, por una vena empresarial de visionarios: ese año nació una de sus firmas, Residuos Ecoeficiencia, con un modesto capital de $10 millones y con el objeto de negociar chatarra, comprándola a proveedores pequeños y vendiéndola a los grandes exportadores. El dúo de vástagos presidenciales conformó su junta directiva con ellos mismos como miembros principales, y con su abuelo y tío maternos —expertos inversionistas— como suplentes. Pese a las protestas iniciales de un grupo de recicladores callejeros que quedaron sin producto para rebuscarse la vida y a cuyos reclamos nadie les puso mayor atención, Ecoeficiencia siguió de largo su marcha acelerada.

Tres años después, en 2006, una entidad financiera suscribió un contrato de fiducia con el representante legal de Ecoeficiencia (Tomás) para que este pudiera adquirir, para su empresa, dos predios rurales equivalentes a 32 hectáreas, en Mosquera (Cund.). Dos años más tarde, en 2008, el director de la DIAN, nombrado por el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, expidió una resolución en que declaraba “Zona Franca Permanente” esos terrenos. Así se completaba una especie de triple salto mortal en la suerte loca que tuvieron los noveles empresarios pues, poco antes, el alcalde de Mosquera —que después les compró parte de esos lotes a los Uribe— había decretado el cambio de uso de la tierra: de rural la elevó a industrial con lo que hizo posible que esta casara en las actividades de la zona. Así, los predios de los hijos del presidente de la República en ejercicio de su segundo periodo de gobierno, pasaron de costar $33 millones en que los compraron, a $3.000 millones, una valorización de 91 veces su precio, en un lapso de 24 meses. Saltemos al año 2011. Ecoeficiencia presentó su declaración de renta de 2010 *. Pues bien, quienes ya para esa época eran prósperos negociantes con varias firmas en su haber, millonarios terrenos citadinos, copropiedad de haciendas y de hatos ganaderos, según se ha publicado en informes periodísticos documentados, reportaron que la empresita que arrancó con $10 millones tenía, siete años después, ingresos netos de más de $42.000 millones; un total de patrimonio bruto de $11.000 millones y de patrimonio líquido de $4.500 millones, aproximadamente. El rey Midas estaría orgulloso de, valga la redundancia, su eficiencia.

En el formulario entregado a la DIAN cuando esta ya había entrado a era ajena al círculo presidencial paterno, figuran los siguientes rubros: saldo a pagar por impuesto, 0 (cero); total saldo a pagar, 0 (cero); “total saldo a favor”: $350 millones. Significa que la Nación, es decir ustedes y yo, les debíamos devolver a los hermanos esa suma. Paradójicamente, este reclamo activó una investigación de cuatro años por parte de la entidad que encontró gruesas inexactitudes entre las que se destaca la subvaloración, en cerca de $6 mil millones de pesos, de su renta líquida gravable y, en consecuencia, del impuesto que tenían que pagar. En conclusión, Ecoeficiencia pasó de pedir devolución, a tener que pagar más de $1.800 millones, sin incluir sanciones e intereses. Con estos, la cifra ascendía a $3.500 millones para un total a pagar de $5.400 millones. Por si fuera poco, la DIAN encontró que proveedores que figuraban en la contabilidad, recibiendo cheques por sus ventas a la empresa, no la conocían; que unas operaciones no fueron realizadas con quienes firmaban las facturas y que cheques girados a unos, eran cobrados por terceros diferentes. A través de abogado penalista, Tomás y Jerónimo Uribe denunciaron a quienes podrían haberlos asaltado en su buena fe, según afirmaron, porque todo sucedió a sus espaldas. Pero más allá de su lío puntual, Colombia todavía no se escandaliza con el enriquecimiento, fuera de serie, de los hijos, apenas pos-adolescentes, de quien fuera el Jefe de Estado durante los mismos ocho años en que ellos amasaron semejantes fortunas. Sí, con el sector privado, pero con el empujón explícito (como el de la zona franca de Occidente) o implícito del poder Ejecutivo, del que dependen todas o casi todas las actividades comerciales de cualquier país.

* Datos revelados por Noticias Uno el domingo 19 de junio pasado.