Tres conspiraciones (¿criminales?) contra la JEP

Si Colombia es una democracia —por aporreada y recortada que esté, sigue siendo el sistema que el país eligió—, el funcionario que conspiró contra el gobierno al que perteneció; contra un Acuerdo de Paz que, guste o no, se firmó a nombre del Estado, y contra el mecanismo de justicia que investiga, juzga y sanciona los más graves crímenes cometidos durante años de guerra interna; ese funcionario nos debe una explicación honda y profunda. Más: le debe una explicación a la justicia penal que él representó y ante la cual debería comparecer, claro, si viviéramos en una democracia plena. Delitos en que habría incurrido Néstor Humberto Martínez, el mal reputado abogado que pretende ser, aún hoy y pese a su desprestigio, un gran servidor público: traición a la patria,; menoscabo de la integridad nacional: el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad nacional, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero... incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años; traición diplomática: el que, encargado por el Gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con... grupo de otro país... actúe en perjuicio de los intereses de la república, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años; fraude a resolución judicial: el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa... incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Hechos: el 19 de mayo de 2019, El Espectador publicó una sorprendente información que pasó desapercibida quién sabe por cuál razón, puesto que trascendía su carácter noticioso para entrar en el ámbito de la seguridad nacional. Su autor fue el reportero investigador Edinson Bolaños a quien Martínez Neira ofendió, con su mendacidad enfermiza, cuando trataba de defenderse durante el debate que cuatro senadores realizaron sobre los “entrampamientos” en que este personaje mañoso involucró a la Fiscalía. Se titulaba “El misterioso mexicano en el caso Santrich” (ver) y en ella revelaba lo que Noticias Uno, gracias a la acuciosidad de los periodistas Enrique Tapias y Víctor Ballestas, confirmó, hace unos días, con base en evidencias que permanecían ocultas pero que los dos reporteros lograron obtener: fotografías, videos, documentos oficiales con firmas y sellos, y copias de transcripción de mensajes cruzados entre los teléfonos celulares de los agentes encubiertos de la DEA que tendieron las trampas, de un lado, y los cómplices colombianos del engaño, del otro.

En resumen, los descubrimientos de Bolaños, Tapias y Ballestas demuestran que el operativo Santrich, por supuesto narcotráfico, no fue aislado ni se dirigía solo contra él. Sucesiva pero casi simultáneamente, se desarrollaban otras dos operaciones cuyos blancos, si caían así fuera de manera artificiosa, impactarían el corazón del Acuerdo de Paz haciéndolo estallar por descrédito. Siendo primero el “entrampamiento” a Santrich, el segundo buscaba llegar a la esposa del senador Iván Cepeda con lo cual se ganarían el premio gordo: destruirían el pacto de paz y acabarían con el congresista que Álvaro Uribe odia por encima de todos los demás. En este mismo intento, también se pretendía alcanzar a uno o varios magistrados de la JEP o a un miembro de la propia presidencia de esa jurisdicción, es decir, a alguien de la oficina de la togada Patricia Linares para que recibiera un soborno o para que se reuniera con uno de los agentes encubiertos con quien le tomarían fotos o le grabarían un video y, con ello, poder asegurar, falsamente, que se trataba de una cita preparatoria de un delito, por ejemplo, el que difundieron: venta de información y compra de funcionarios para demorar la extradición de Santrich (ver video 1 y 2). El tercero fue casi un acto de desesperación de los conspiradores: en vista de que no fue posible ni siquiera un saludo con la esposa de Cepeda o con uno de los magistrados de la JEP, se conformaron con un fiscal de bajo rango: Carlos Julián Bermeo. Este, aliado y amigo del condenado excongresista Luis Alberto Gil, les dio un triunfo pírrico (ver) que no rozó el buen nombre del sistema de justicia de transición.

Varios elementos tienen en común los tres operativos: uno, agentes de la DEA que intervinieron en el primero también lo hicieron en el segundo y en el tercero. Dos, la Fiscalía colombiana participó en cada uno de ellos, bien mediante agentes del CTI, bien aportando dinero (ver), bien mediante acuerdo y aprobación de Martínez Neira que prefirió darle la espalda a su nación con tal de destruir lo que nunca quiso que existiera. Tres, las trampas se hicieron ignorando la ley colombiana. Y todavía ese señor tiene la cachaza de exhibirse como si fuera un ejemplo de probidad y respeto. ¡Qué agallas!

Si Colombia es una democracia —por aporreada y recortada que esté, sigue siendo el sistema que el país eligió—, el funcionario que conspiró contra el gobierno al que perteneció; contra un Acuerdo de Paz que, guste o no, se firmó a nombre del Estado, y contra el mecanismo de justicia que investiga, juzga y sanciona los más graves crímenes cometidos durante años de guerra interna; ese funcionario nos debe una explicación honda y profunda. Más: le debe una explicación a la justicia penal que él representó y ante la cual debería comparecer, claro, si viviéramos en una democracia plena. Delitos en que habría incurrido Néstor Humberto Martínez, el mal reputado abogado que pretende ser, aún hoy y pese a su desprestigio, un gran servidor público: traición a la patria,; menoscabo de la integridad nacional: el que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad nacional, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero... incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años; traición diplomática: el que, encargado por el Gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con... grupo de otro país... actúe en perjuicio de los intereses de la república, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años; fraude a resolución judicial: el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa... incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.

Hechos: el 19 de mayo de 2019, El Espectador publicó una sorprendente información que pasó desapercibida quién sabe por cuál razón, puesto que trascendía su carácter noticioso para entrar en el ámbito de la seguridad nacional. Su autor fue el reportero investigador Edinson Bolaños a quien Martínez Neira ofendió, con su mendacidad enfermiza, cuando trataba de defenderse durante el debate que cuatro senadores realizaron sobre los “entrampamientos” en que este personaje mañoso involucró a la Fiscalía. Se titulaba “El misterioso mexicano en el caso Santrich” (ver) y en ella revelaba lo que Noticias Uno, gracias a la acuciosidad de los periodistas Enrique Tapias y Víctor Ballestas, confirmó, hace unos días, con base en evidencias que permanecían ocultas pero que los dos reporteros lograron obtener: fotografías, videos, documentos oficiales con firmas y sellos, y copias de transcripción de mensajes cruzados entre los teléfonos celulares de los agentes encubiertos de la DEA que tendieron las trampas, de un lado, y los cómplices colombianos del engaño, del otro.

En resumen, los descubrimientos de Bolaños, Tapias y Ballestas demuestran que el operativo Santrich, por supuesto narcotráfico, no fue aislado ni se dirigía solo contra él. Sucesiva pero casi simultáneamente, se desarrollaban otras dos operaciones cuyos blancos, si caían así fuera de manera artificiosa, impactarían el corazón del Acuerdo de Paz haciéndolo estallar por descrédito. Siendo primero el “entrampamiento” a Santrich, el segundo buscaba llegar a la esposa del senador Iván Cepeda con lo cual se ganarían el premio gordo: destruirían el pacto de paz y acabarían con el congresista que Álvaro Uribe odia por encima de todos los demás. En este mismo intento, también se pretendía alcanzar a uno o varios magistrados de la JEP o a un miembro de la propia presidencia de esa jurisdicción, es decir, a alguien de la oficina de la togada Patricia Linares para que recibiera un soborno o para que se reuniera con uno de los agentes encubiertos con quien le tomarían fotos o le grabarían un video y, con ello, poder asegurar, falsamente, que se trataba de una cita preparatoria de un delito, por ejemplo, el que difundieron: venta de información y compra de funcionarios para demorar la extradición de Santrich (ver video 1 y 2). El tercero fue casi un acto de desesperación de los conspiradores: en vista de que no fue posible ni siquiera un saludo con la esposa de Cepeda o con uno de los magistrados de la JEP, se conformaron con un fiscal de bajo rango: Carlos Julián Bermeo. Este, aliado y amigo del condenado excongresista Luis Alberto Gil, les dio un triunfo pírrico (ver) que no rozó el buen nombre del sistema de justicia de transición.

Varios elementos tienen en común los tres operativos: uno, agentes de la DEA que intervinieron en el primero también lo hicieron en el segundo y en el tercero. Dos, la Fiscalía colombiana participó en cada uno de ellos, bien mediante agentes del CTI, bien aportando dinero (ver), bien mediante acuerdo y aprobación de Martínez Neira que prefirió darle la espalda a su nación con tal de destruir lo que nunca quiso que existiera. Tres, las trampas se hicieron ignorando la ley colombiana. Y todavía ese señor tiene la cachaza de exhibirse como si fuera un ejemplo de probidad y respeto. ¡Qué agallas!