La persecución de la Fiscalía política de Barbosa en contra de Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado además de conocido columnista de El Espectador, se ejecutó en este periodo oscuro que ha debido concluir pero que sigue abierto por la indecisión de la Corte Suprema. El complot se materializó entre 2020 y 2022, aunque empezó a planearse años atrás según los rastros que dejaron por descuido o, tal vez, por saberse inmunes a la justicia local sus creadores. Como si viviéramos en la Venezuela de Maduro a la que tanto se critica mientras se imita, es un hecho que el analista Bejarano fue víctima de una conspiración delictiva ocasionada por sus posiciones políticas, por sus opiniones sin velo y por su ejercicio como apoderado judicial de personajes que también han sido perseguidos: el senador Iván Cepeda (2014) y César Julio Valencia Copete (2008), exmagistrado de la Corte Suprema.
Los orígenes de la venganza obsesiva contra el jurista se encuentran en los tiempos de los dos gobiernos irónicamente llamados “de la Seguridad Democrática”, como lo demuestran unos trinos del hijo presidencial Tomás Uribe y de José Obdulio Gaviria, el consejero del rey. Sin embargo, comenzaron a concretarse años después, entre abril y agosto de 2017, cuando el ya procesado Álvaro Uribe desplegó una estrategia con la que, en principio, buscaba fortalecer la defensa de su hermano Santiago, quien todavía enfrenta un juicio por graves crímenes asociados con un grupo paramilitar. El encumbrado Uribe Vélez publicó durante varios meses enigmáticas frases antes de visitar, el 15 de agosto de ese 2017, la sede central del organismo investigador para encontrarse con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. El influyente expresidente quería entregarle unas “pruebas” que —fiel a sus tratos— consistían en tres declaraciones de igual número de narcos presos, esta vez, en Estados Unidos. En ellas, unos alias cuyos nombres se cruzan en los expedientes de los Uribe daban su muy creíble testimonio a favor de Santiago y, para poder solicitar rebaja de pena cuando volvieran a Colombia, prometían revelar la identidad de los determinadores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Uribe Vélez le pidió al fiscal, frente a las cámaras de la prensa, “esclarecer” el homicidio del dirigente conservador (ver). Martínez Neira, quien es todo lo que se ha dicho sobre él salvo torpe, se hizo el desentendido porque debió comprender que detrás del interés de Uribe no había ninguna prueba sino una vendetta.
Duque asumió la Presidencia en 2018 y el 13 de febrero de 2020 posesionó, pleno de felicidad, a su compañerito de pupitre, Barbosa, en el cargo de fiscal. En esa fecha inolvidable para mal del país, Duque retomó el caso que le ordenó su jefe Uribe Vélez sin esperar, siquiera, a que concluyera la ceremonia. Después de 14 minutos, siete segundos de elogios desmedidos que enmarcaron, en parte, la megalomanía del recién elegido, Duque le dijo a Barbosa: “Usted y yo pudimos ver (…) las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado (…) esperamos que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de ese crimen” (ver).
Orden superior no se discute: dos meses después, en abril del 2020, Barbosa “priorizó” el expediente, lo redirigió a un delegado ante la Corte (¿Jaimes?) y nombró a una fiscal especial. En una noticia que se publicó entonces, se dijo que “(estas) medidas van a ser notificadas a todos los sujetos procesales dentro del caso” (ver). Claramente no lo hicieron o no había elementos fácticos para vincular a los “sujetos procesales”. Después de todo, no se trataba de descubrir a los responsables del asesinato del jefe conservador: la trama consistía en usar ese expediente para manchar la honra de unos enemigos políticos de Uribe, Duque y Barbosa y, de paso, de Pastrana y otros de esa caterva.
En octubre del año de la pandemia tenían todo listo para anunciar detenciones y lo estaban celebrando en el búnker, pero a comienzos de ese mes los exdirigentes de las antiguas FARC acogidos al Acuerdo de Paz confesaron, ante la JEP, su responsabilidad en el crimen (ver). Sin saberlo, los exguerrilleros “se tiraron” el plan criminal de la Fiscalía. No obstante, la persecución a Bejarano no cesó: el 8 de abril del 2021 el periodista Julián Martínez, del medio virtual La Nueva Prensa, advirtió las acciones ilegales contra el abogado (ver). Las evidencias que tiene Bejarano sobre el ilícito indican que se ejecutó “una alevosa, persistente y prolongada pesquisa” entre octubre del 2020 y hasta agosto del 2022 cuando finalizó el periodo Duque. Por si faltaran datos para confirmar la conjura contra quien es un líder de opinión en Colombia, el medio virtual Cuestión Pública encontró movimientos todavía más oscuros para entramparlo (ver). No se sabe, todavía, cuántos ciudadanos más, decentes y con derechos vigentes como el jurista, fueron violentados por la tripleta fatídica Uribe-Duque-Barbosa. Poco a poco lo descubriremos.
La persecución de la Fiscalía política de Barbosa en contra de Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado además de conocido columnista de El Espectador, se ejecutó en este periodo oscuro que ha debido concluir pero que sigue abierto por la indecisión de la Corte Suprema. El complot se materializó entre 2020 y 2022, aunque empezó a planearse años atrás según los rastros que dejaron por descuido o, tal vez, por saberse inmunes a la justicia local sus creadores. Como si viviéramos en la Venezuela de Maduro a la que tanto se critica mientras se imita, es un hecho que el analista Bejarano fue víctima de una conspiración delictiva ocasionada por sus posiciones políticas, por sus opiniones sin velo y por su ejercicio como apoderado judicial de personajes que también han sido perseguidos: el senador Iván Cepeda (2014) y César Julio Valencia Copete (2008), exmagistrado de la Corte Suprema.
Los orígenes de la venganza obsesiva contra el jurista se encuentran en los tiempos de los dos gobiernos irónicamente llamados “de la Seguridad Democrática”, como lo demuestran unos trinos del hijo presidencial Tomás Uribe y de José Obdulio Gaviria, el consejero del rey. Sin embargo, comenzaron a concretarse años después, entre abril y agosto de 2017, cuando el ya procesado Álvaro Uribe desplegó una estrategia con la que, en principio, buscaba fortalecer la defensa de su hermano Santiago, quien todavía enfrenta un juicio por graves crímenes asociados con un grupo paramilitar. El encumbrado Uribe Vélez publicó durante varios meses enigmáticas frases antes de visitar, el 15 de agosto de ese 2017, la sede central del organismo investigador para encontrarse con el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. El influyente expresidente quería entregarle unas “pruebas” que —fiel a sus tratos— consistían en tres declaraciones de igual número de narcos presos, esta vez, en Estados Unidos. En ellas, unos alias cuyos nombres se cruzan en los expedientes de los Uribe daban su muy creíble testimonio a favor de Santiago y, para poder solicitar rebaja de pena cuando volvieran a Colombia, prometían revelar la identidad de los determinadores del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Uribe Vélez le pidió al fiscal, frente a las cámaras de la prensa, “esclarecer” el homicidio del dirigente conservador (ver). Martínez Neira, quien es todo lo que se ha dicho sobre él salvo torpe, se hizo el desentendido porque debió comprender que detrás del interés de Uribe no había ninguna prueba sino una vendetta.
Duque asumió la Presidencia en 2018 y el 13 de febrero de 2020 posesionó, pleno de felicidad, a su compañerito de pupitre, Barbosa, en el cargo de fiscal. En esa fecha inolvidable para mal del país, Duque retomó el caso que le ordenó su jefe Uribe Vélez sin esperar, siquiera, a que concluyera la ceremonia. Después de 14 minutos, siete segundos de elogios desmedidos que enmarcaron, en parte, la megalomanía del recién elegido, Duque le dijo a Barbosa: “Usted y yo pudimos ver (…) las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado (…) esperamos que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales de ese crimen” (ver).
Orden superior no se discute: dos meses después, en abril del 2020, Barbosa “priorizó” el expediente, lo redirigió a un delegado ante la Corte (¿Jaimes?) y nombró a una fiscal especial. En una noticia que se publicó entonces, se dijo que “(estas) medidas van a ser notificadas a todos los sujetos procesales dentro del caso” (ver). Claramente no lo hicieron o no había elementos fácticos para vincular a los “sujetos procesales”. Después de todo, no se trataba de descubrir a los responsables del asesinato del jefe conservador: la trama consistía en usar ese expediente para manchar la honra de unos enemigos políticos de Uribe, Duque y Barbosa y, de paso, de Pastrana y otros de esa caterva.
En octubre del año de la pandemia tenían todo listo para anunciar detenciones y lo estaban celebrando en el búnker, pero a comienzos de ese mes los exdirigentes de las antiguas FARC acogidos al Acuerdo de Paz confesaron, ante la JEP, su responsabilidad en el crimen (ver). Sin saberlo, los exguerrilleros “se tiraron” el plan criminal de la Fiscalía. No obstante, la persecución a Bejarano no cesó: el 8 de abril del 2021 el periodista Julián Martínez, del medio virtual La Nueva Prensa, advirtió las acciones ilegales contra el abogado (ver). Las evidencias que tiene Bejarano sobre el ilícito indican que se ejecutó “una alevosa, persistente y prolongada pesquisa” entre octubre del 2020 y hasta agosto del 2022 cuando finalizó el periodo Duque. Por si faltaran datos para confirmar la conjura contra quien es un líder de opinión en Colombia, el medio virtual Cuestión Pública encontró movimientos todavía más oscuros para entramparlo (ver). No se sabe, todavía, cuántos ciudadanos más, decentes y con derechos vigentes como el jurista, fueron violentados por la tripleta fatídica Uribe-Duque-Barbosa. Poco a poco lo descubriremos.