¿Valiente, traidor o espía caballo de Troya?

Los ciudadanos del común, es decir, el 99 % de los habitantes de este país, estamos sumidos en el desconcierto, la desesperanza y el pesimismo sobre el futuro, no ya lejano sino inmediato de la nación, la casa que cada vez nos acoge menos y que parece querer expulsarnos hacia otros lugares aunque no deseemos irnos. Se sabía que el primer gobierno de izquierda en una Colombia dominada por la mayoría retrógrada no iba a transitar fácilmente su periodo. Se sabía que el poder político y, ni se diga, los económicos y sociales de escasos apellidos iban a obstaculizarle el camino al “guerrillero” Petro, como suelen calificar al actual mandatario en un acto de abierto desprecio por su vida legal de más de 30 años, a pesar de que fue viabilizada en un acuerdo de paz con el Estado que inició el conservador Belisario Betancur y que firmó Virgilio Barco, uno de cuyos ministros fue César Gaviria. Así que no fue una conjura comunista interna ni la diabólica izquierda internacional las que posibilitaron la futura carrera pública de quien ganó las elecciones presidenciales en 2022: fueron los representantes de la rancia clase tradicional conservadora-liberal los que lo hicieron.

Los ciudadanos del común, es decir, el 99 % de los habitantes de este país, estamos sumidos en el desconcierto, la desesperanza y el pesimismo sobre el futuro, no ya lejano sino inmediato de la nación, la casa que cada vez nos acoge menos y que parece querer expulsarnos hacia otros lugares aunque no deseemos irnos. Se sabía que el primer gobierno de izquierda en una Colombia dominada por la mayoría retrógrada no iba a transitar fácilmente su periodo. Se sabía que el poder político y, ni se diga, los económicos y sociales de escasos apellidos iban a obstaculizarle el camino al “guerrillero” Petro, como suelen calificar al actual mandatario en un acto de abierto desprecio por su vida legal de más de 30 años, a pesar de que fue viabilizada en un acuerdo de paz con el Estado que inició el conservador Belisario Betancur y que firmó Virgilio Barco, uno de cuyos ministros fue César Gaviria. Así que no fue una conjura comunista interna ni la diabólica izquierda internacional las que posibilitaron la futura carrera pública de quien ganó las elecciones presidenciales en 2022: fueron los representantes de la rancia clase tradicional conservadora-liberal los que lo hicieron.

Lo que no sabíamos y nos asombra es que los jefes de los partidos —incluido Gaviria—, los gremios de la producción, el empresariado, los banqueros, un grupo de académicos y hasta unos supuestos voceros de los jóvenes estuvieran, en medio de su delirio por controlar los meganegocios del Estado, dispuestos a que Sansón muriera con los filisteos. De un lado, el Gobierno ha facilitado la tarea violenta de la oposición, con el caos de su administración, la descoordinación de su agenda programática, la falta de equipos técnicos, la escasa lealtad de sus funcionarios y la infinita soledad del líder rodeado de una “alambrada de garantías hostiles” representadas por la Fiscalía (Barbosa manda aún), la Procuraduría de Cabello, la Contraloría a cargo del ahijado del senador conservador Efraín Cepeda y por unos miembros de las cortes. Del otro lado, los contradictores del Ejecutivo han abandonado su mesura institucional para rociar gasolina sobre el incendio, con sus operadores más vulgares, esos polos, esos JP y esas cantantes de carrilera que andan poniendo dinamita bajo los pocos puentes que todavía quedan en pie.

Demostración de las llamaradas que consumen a Colombia es el sorprendente episodio de la firma del millonario contrato para la elaboración de pasaportes que terminó en manos de la empresa Thomas Greg & Sons (TGS), cuestionada por el presidente de la República. Un secretario de la Cancillería decidió por sí y ante sí adjudicarle el contrato a TGS en contra de la instrucción pública de quien lo nombró, su “amigo de 30 años” Álvaro Leyva; a espaldas de actual ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y del propio Petro, que habían paralizado la licitación por considerar que los términos en que estaban redactados sus pliegos dejaban a TGS sin competidores. Es decir, porque la creían corrupta. Ni siquiera al debilucho Iván Duque le hicieron semejante desplante: la abierta burla y el desacato a la autoridad presidencial y la entrega, por parte de un oscuro funcionario de rango medio, de $600.000 millones del erario a una entidad privada.

El atrevido personaje se llama José Antonio Salazar Ramírez. Se posesionó como secretario general de la Cancillería a una semana de iniciada la administración Petro. Salazar es un abogado caldense más bien mediocre, dicen unos de su círculo. Su carrera también parece mediocre, no obstante los puestos que consigue. Fue representante a la Cámara entre 1998 y 2002 con el aval de Convergencia Popular Cívica, sospechoso movimiento fundado por un político de Manizales de regular conducta, que quería tener “una empresa electoral”. Esa colectividad, que también avaló la candidatura de Rocío Arias, condenada por aliarse con los extraditados Macaco y Don Berna, desapareció después de serios señalamientos sobre sus nexos paramilitares. La brillante hoja de vida de José Antonio Salazar, a quien comentaristas que se precian de su sabiduría han calificado de “valiente”, se completa con los lazos, esos sí probados, que ha tenido con el gran clientelista conservador Ómar Yepes Alzate, el político de Caldas que se entiende a las maravillas con Andrés Pastrana, Iván Duque y Álvaro Uribe. Última pincelada sobre el currículum del adjudicatario del contrato de los pasaportes: su hermano Ariel Salazar fue magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema, elegido el mismo día en que fue escogida para un cargo similar la procuradora Margarita Cabello. La alianza Cabello-Salazar fue y es archiconocida. ¿A quién le extraña que el secretario-hermano Salazar hubiera hecho lo que hizo? Lo que sí extraña, y mucho, es la ingenuidad de Leyva. Los bandazos de esa licitación no han terminado para mal del país, del Gobierno, del presidente, de su autoridad, del canciller en propiedad, del canciller encargado y de Thomas Greg & Sons que ganó perdiendo porque no queda bien parada ante lo que sucedió.