Cuando en una última encuesta de opinión se les preguntó a los colombianos cuál era el peor problema del país, “el 27 por ciento de los más de 1.000 encuestados contestó que el desempleo, 6 puntos por encima que en 2018. Además, cuando se les preguntó si Colombia mejoraba con respecto al desempleo, el 86 por ciento contestó que el país estaba empeorando en ese sentido.” (https://www.semana.com/nacion/articulo/desempleo-es-el-mayor-problema-del-pais-segun-invamer/626178).
No parece una percepción errada. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a junio de 2019 la tasa de desempleo fue 9.4% de la población económicamente activa (PEA) colombiana (aquella en edad de trabajar y que sale a buscar trabajo) y la tasa de subempleo 27.4%, para un total de 36.8%; un año antes, las tasas respectivas eran 9.1% y 25.8%, para un total de 34.9%. Mejor dicho, casi cuarenta por ciento de la población colombiana económicamente activa o no tiene ningún ingreso porque está desempleada o tiene un ingreso precario como subempleada, generalmente informal.
Si esa es la situación, hubiera sido razonable que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hubiera presentado algún tratamiento explícito a dicho problema considerando determinadas medidas para su solución o por lo menos una aproximación a la misma. Más aún, debería haber sido uno de los objetivos básicos del PND. No lo consideró.
El PND considera que el emprendimiento puede ser una solución. Al respecto, plantea que el interesado realice un emprendimiento y cree su propio puesto de trabajo y, con suerte, otros pocos adicionales. La propuesta representa una esperanza ante la imposibilidad de que el trabajador encuentre un empleo apropiado, bien remunerado, adecuado a su calificación. No obstante, la política de promover a los emprendedores, calificarlos, incluso otorgarles capital semilla o créditos favorables no es nueva. Con o sin esos incentivos, los emprendedores existen en la economía desde hace mucho tiempo. Por supuesto que hay algunos casos exitosos, pero, mayoritariamente, su volumen está reflejado en las tasas de subempleo.
Algunas analistas consideran que la solución al elevado desempleo (pocos tienen una consideración explicita sobre el subempleo que, sin embargo, es parte significativa del mismo problema) tiene que ver con mejorar las condiciones de la oferta de servicios laborales. Mejor dicho, se asume que la carga del problema tiene que ver con los trabajadores. Por eso plantean mejorar sus niveles de educación para, así, incrementar sus niveles de productividad. Por cierto, nunca está demás capacitar a la gente. Pero no es suficiente: calificar sin ofrecer puestos de trabajo acaba significando formar ingenieros para que hagan labor de taxistas.
Otros asumen que los costos laborales son muy elevados porque hay inflexibilidades laborales, el salario mínimo es muy alto o porque los costos asociados, como vacaciones pagadas, contribuciones a la seguridad social, o las primas, son también muy onerosos para las empresas. Por eso proponen reducir el salario mínimo estableciendo salarios diferenciados por regiones o reducir más aún las contribuciones sociales de las empresas.
Casi todas estas medidas han sido aplicadas desde hace años excepto la de los salarios diferenciados, aunque sí se redujo el salario por otra vía, la de convertir la noche en día para reducir el salario nocturno que comenzaba a las 6 de la tarde, llevando el salario diurno hasta las 10 de la noche; años después, ante la presión popular, el horario nocturno comenzó a regir a partir de las 8 de la noche. Por cierto, la flexibilidad en la contratación y despido laboral está vigente en Colombia desde hace muchos años. No obstante, no han resultado en una reducción sustancial del problema. Antes bien, pareciera que, a pesar de ellas, este sigue creciendo.
Sucede que el problema del desempleo y subempleo se origina, básicamente, por el lado de la demanda de servicios laborales: no existe suficiente demanda laboral para una oferta creciente, incrementada últimamente, aunque de forma marginal, por la migración venezolana. Y como la gente no encuentra empleo suficiente, tiene que crear su propio puesto de trabajo para poder sobrevivir como subempleado y, como sus ingresos son precarios, para no reducirlo con los costos que implica la formalidad, se ve forzada a mantenerse informal.
Es decir, la responsabilidad principal del desempleo y el subempleo en Colombia recae en las empresas, pero, en últimas, en el Estado, pues es este el que no genera las condiciones necesarias y suficientes para promover la expansión de las empresas que no producen “commodities”, y con ello, indefectiblemente, la expansión de la demanda laboral.
En otras palabras, el problema de desempleo en Colombia puede explicarse por: 1) una estructura productiva centrada en la producción y exportación de materias primas intensivas en capital (según la CEPAL, en Colombia en 2017, mientras el sector minero, el mayor proveedor de divisas, contrató al 0.8% del total del empleo, la agricultura contrató al 16.4% y las manufacturas al 11.8%); 2) un crecimiento volátil, consecuencia de lo anterior, al vaivén de los precios internacionales de las materias primas (cuando los ingresos externos son reducidos, las empresas que exportan hacen pocas utilidades, pagan menos salarios, contratan menos trabajadores, y compran menos bienes y servicios, y, así, sucesivamente); y 3) una economía con poca capacidad de expansión por la reducida competitividad de las empresas en los sectores no primarios (venden poco, por lo tanto producen poco y contratan poca gente) y tasas de ahorro e inversión insuficientes, del orden de 20% del PIB (con lo que la expansión de la capacidad de producción de las empresas es reducida).
Para resolverlo, por lo tanto, sería necesario adoptar medidas centradas en el aumento de la competitividad de dichas empresas y de las tasas de ahorro e inversión; es decir, en la modernización de la economía y en fomentar el crecimiento de empresas competitivas en las manufacturas y en los sectores agropecuario, turístico y del conocimiento que, en el caso colombiano los dos primeros han perdido importancia relativa desde la apertura económica. Y todo ello implica cambiar la estructura de rentabilidades de la economía, es decir de precios, en favor de dichos sectores mediante medidas fiscales, monetarias y regulatorias.
* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.
Cuando en una última encuesta de opinión se les preguntó a los colombianos cuál era el peor problema del país, “el 27 por ciento de los más de 1.000 encuestados contestó que el desempleo, 6 puntos por encima que en 2018. Además, cuando se les preguntó si Colombia mejoraba con respecto al desempleo, el 86 por ciento contestó que el país estaba empeorando en ese sentido.” (https://www.semana.com/nacion/articulo/desempleo-es-el-mayor-problema-del-pais-segun-invamer/626178).
No parece una percepción errada. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a junio de 2019 la tasa de desempleo fue 9.4% de la población económicamente activa (PEA) colombiana (aquella en edad de trabajar y que sale a buscar trabajo) y la tasa de subempleo 27.4%, para un total de 36.8%; un año antes, las tasas respectivas eran 9.1% y 25.8%, para un total de 34.9%. Mejor dicho, casi cuarenta por ciento de la población colombiana económicamente activa o no tiene ningún ingreso porque está desempleada o tiene un ingreso precario como subempleada, generalmente informal.
Si esa es la situación, hubiera sido razonable que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) hubiera presentado algún tratamiento explícito a dicho problema considerando determinadas medidas para su solución o por lo menos una aproximación a la misma. Más aún, debería haber sido uno de los objetivos básicos del PND. No lo consideró.
El PND considera que el emprendimiento puede ser una solución. Al respecto, plantea que el interesado realice un emprendimiento y cree su propio puesto de trabajo y, con suerte, otros pocos adicionales. La propuesta representa una esperanza ante la imposibilidad de que el trabajador encuentre un empleo apropiado, bien remunerado, adecuado a su calificación. No obstante, la política de promover a los emprendedores, calificarlos, incluso otorgarles capital semilla o créditos favorables no es nueva. Con o sin esos incentivos, los emprendedores existen en la economía desde hace mucho tiempo. Por supuesto que hay algunos casos exitosos, pero, mayoritariamente, su volumen está reflejado en las tasas de subempleo.
Algunas analistas consideran que la solución al elevado desempleo (pocos tienen una consideración explicita sobre el subempleo que, sin embargo, es parte significativa del mismo problema) tiene que ver con mejorar las condiciones de la oferta de servicios laborales. Mejor dicho, se asume que la carga del problema tiene que ver con los trabajadores. Por eso plantean mejorar sus niveles de educación para, así, incrementar sus niveles de productividad. Por cierto, nunca está demás capacitar a la gente. Pero no es suficiente: calificar sin ofrecer puestos de trabajo acaba significando formar ingenieros para que hagan labor de taxistas.
Otros asumen que los costos laborales son muy elevados porque hay inflexibilidades laborales, el salario mínimo es muy alto o porque los costos asociados, como vacaciones pagadas, contribuciones a la seguridad social, o las primas, son también muy onerosos para las empresas. Por eso proponen reducir el salario mínimo estableciendo salarios diferenciados por regiones o reducir más aún las contribuciones sociales de las empresas.
Casi todas estas medidas han sido aplicadas desde hace años excepto la de los salarios diferenciados, aunque sí se redujo el salario por otra vía, la de convertir la noche en día para reducir el salario nocturno que comenzaba a las 6 de la tarde, llevando el salario diurno hasta las 10 de la noche; años después, ante la presión popular, el horario nocturno comenzó a regir a partir de las 8 de la noche. Por cierto, la flexibilidad en la contratación y despido laboral está vigente en Colombia desde hace muchos años. No obstante, no han resultado en una reducción sustancial del problema. Antes bien, pareciera que, a pesar de ellas, este sigue creciendo.
Sucede que el problema del desempleo y subempleo se origina, básicamente, por el lado de la demanda de servicios laborales: no existe suficiente demanda laboral para una oferta creciente, incrementada últimamente, aunque de forma marginal, por la migración venezolana. Y como la gente no encuentra empleo suficiente, tiene que crear su propio puesto de trabajo para poder sobrevivir como subempleado y, como sus ingresos son precarios, para no reducirlo con los costos que implica la formalidad, se ve forzada a mantenerse informal.
Es decir, la responsabilidad principal del desempleo y el subempleo en Colombia recae en las empresas, pero, en últimas, en el Estado, pues es este el que no genera las condiciones necesarias y suficientes para promover la expansión de las empresas que no producen “commodities”, y con ello, indefectiblemente, la expansión de la demanda laboral.
En otras palabras, el problema de desempleo en Colombia puede explicarse por: 1) una estructura productiva centrada en la producción y exportación de materias primas intensivas en capital (según la CEPAL, en Colombia en 2017, mientras el sector minero, el mayor proveedor de divisas, contrató al 0.8% del total del empleo, la agricultura contrató al 16.4% y las manufacturas al 11.8%); 2) un crecimiento volátil, consecuencia de lo anterior, al vaivén de los precios internacionales de las materias primas (cuando los ingresos externos son reducidos, las empresas que exportan hacen pocas utilidades, pagan menos salarios, contratan menos trabajadores, y compran menos bienes y servicios, y, así, sucesivamente); y 3) una economía con poca capacidad de expansión por la reducida competitividad de las empresas en los sectores no primarios (venden poco, por lo tanto producen poco y contratan poca gente) y tasas de ahorro e inversión insuficientes, del orden de 20% del PIB (con lo que la expansión de la capacidad de producción de las empresas es reducida).
Para resolverlo, por lo tanto, sería necesario adoptar medidas centradas en el aumento de la competitividad de dichas empresas y de las tasas de ahorro e inversión; es decir, en la modernización de la economía y en fomentar el crecimiento de empresas competitivas en las manufacturas y en los sectores agropecuario, turístico y del conocimiento que, en el caso colombiano los dos primeros han perdido importancia relativa desde la apertura económica. Y todo ello implica cambiar la estructura de rentabilidades de la economía, es decir de precios, en favor de dichos sectores mediante medidas fiscales, monetarias y regulatorias.
* Ph.D. Profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía.