Los consumidores acabamos de ganar un round importante en una discusión vital: ¿qué información tenemos derecho a tener sobre los productos que consumimos? ¿Tenemos derecho a saber, por ejemplo, cuántas cucharadas de azúcar trae una gaseosa o un jugo artificial, para decidir libremente si lo compramos o lo seguimos incluyendo en las loncheras escolares?
Aunque parece obvio que la respuesta es sí, fue preciso que la Corte Constitucional lo dijera. Porque lamentablemente las compañías de bebidas y comestibles ultraprocesados han desplegado una estrategia jurídica y mediática para bloquear la información sobre el impacto de sus productos sobre la salud.
Así lo muestra el caso que decidió la Corte (T-543/17). Postobón acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para sacar de circulación un video informativo de la ONG Educar Consumidores, que mostraba las cantidades ingentes de azúcar que traen las gaseosas, tés y jugos artificiales, y los efectos negativos que tienen sobre la salud. En una decisión inaudita, la SIC censuró el video y ordenó que, en adelante, cualquier mensaje similar pasara por su aprobación previa.
Por eso Dejusticia, Educar Consumidores y un grupo de organizaciones presentamos tutelas contra la SIC. La Corte nos dio la razón. Les recordó a Postobón y la SIC que una democracia y una economía de mercado no funcionan sin información libre. Y que si las empresas tienen derecho a publicitar sus productos, con mayor razón las organizaciones tienen derecho a informar a la ciudadanía sobre los riesgos de esos productos, y los consumidores a recibir esa información.
El fallo deja un mensaje para debates actuales sobre otras formas de censura que la industria despliega. Una especialmente preocupante es el uso o la presión sobre medios de comunicación para que no transmitan mensajes pedagógicos como los de Educar Consumidores. A comienzos de este año, RCN Televisión, que pertenece al mismo conglomerado que Postobón, presentó una denuncia contra la directora de esa ONG por supuestamente infringir derechos de autor al usar una imagen de la telenovela Azúcar en una campaña sobre los riesgos de las bebidas endulzadas. Resulta condenable que un grupo económico active uno de sus medios de comunicación no para promover la libertad de expresión, sino para restringirla y defender sus intereses empresariales, y aún más que lo haga con la amenaza de una pena de prisión de cuatro a ocho años.
Una estrategia más sutil pero igualmente preocupante de algunas compañías consiste en advertirles a los medios que, si publican anuncios críticos de sus productos, dejan de comprarles espacios de publicidad. En momentos en que los ingresos por comerciales son cada vez más escasos, la presión puede ser una forma eficaz de censura, equivalente a la que ejercen algunos gobiernos sobre medios para silenciarlos.
Así como han resistido valerosamente las presiones gubernamentales en el pasado, hoy los medios deben resistir las de los anunciantes privados. De lo contrario, les estarían entregando las llaves de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse.
* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi
Los consumidores acabamos de ganar un round importante en una discusión vital: ¿qué información tenemos derecho a tener sobre los productos que consumimos? ¿Tenemos derecho a saber, por ejemplo, cuántas cucharadas de azúcar trae una gaseosa o un jugo artificial, para decidir libremente si lo compramos o lo seguimos incluyendo en las loncheras escolares?
Aunque parece obvio que la respuesta es sí, fue preciso que la Corte Constitucional lo dijera. Porque lamentablemente las compañías de bebidas y comestibles ultraprocesados han desplegado una estrategia jurídica y mediática para bloquear la información sobre el impacto de sus productos sobre la salud.
Así lo muestra el caso que decidió la Corte (T-543/17). Postobón acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para sacar de circulación un video informativo de la ONG Educar Consumidores, que mostraba las cantidades ingentes de azúcar que traen las gaseosas, tés y jugos artificiales, y los efectos negativos que tienen sobre la salud. En una decisión inaudita, la SIC censuró el video y ordenó que, en adelante, cualquier mensaje similar pasara por su aprobación previa.
Por eso Dejusticia, Educar Consumidores y un grupo de organizaciones presentamos tutelas contra la SIC. La Corte nos dio la razón. Les recordó a Postobón y la SIC que una democracia y una economía de mercado no funcionan sin información libre. Y que si las empresas tienen derecho a publicitar sus productos, con mayor razón las organizaciones tienen derecho a informar a la ciudadanía sobre los riesgos de esos productos, y los consumidores a recibir esa información.
El fallo deja un mensaje para debates actuales sobre otras formas de censura que la industria despliega. Una especialmente preocupante es el uso o la presión sobre medios de comunicación para que no transmitan mensajes pedagógicos como los de Educar Consumidores. A comienzos de este año, RCN Televisión, que pertenece al mismo conglomerado que Postobón, presentó una denuncia contra la directora de esa ONG por supuestamente infringir derechos de autor al usar una imagen de la telenovela Azúcar en una campaña sobre los riesgos de las bebidas endulzadas. Resulta condenable que un grupo económico active uno de sus medios de comunicación no para promover la libertad de expresión, sino para restringirla y defender sus intereses empresariales, y aún más que lo haga con la amenaza de una pena de prisión de cuatro a ocho años.
Una estrategia más sutil pero igualmente preocupante de algunas compañías consiste en advertirles a los medios que, si publican anuncios críticos de sus productos, dejan de comprarles espacios de publicidad. En momentos en que los ingresos por comerciales son cada vez más escasos, la presión puede ser una forma eficaz de censura, equivalente a la que ejercen algunos gobiernos sobre medios para silenciarlos.
Así como han resistido valerosamente las presiones gubernamentales en el pasado, hoy los medios deben resistir las de los anunciantes privados. De lo contrario, les estarían entregando las llaves de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse.
* Director de Dejusticia. @CesaRodriGaravi