Emigración venezolana y oportunismo político
Muchos colombianos están acogiendo solidariamente a los vecinos venezolanos que están cruzando la frontera, así como ellos recibieron a cerca de cinco millones de colombianos que huían de las crisis económicas y la violencia de décadas pasadas.
Algo muy distinto están haciendo varios sectores políticos tanto de derecha como de izquierda en Colombia, a los que les importa menos la crisis humanitaria venezolana que aprovecharla para conseguir votos. Su discurso sobre la situación de Venezuela combina dosis equivalentes de indolencia e inconsistencia.
La derecha acierta al calificar de dictadura el régimen de Maduro. Pero el oportunismo político de algunos queda a la vista cuando atiza la xenofobia (como Vargas Lleras) o el fantasma del “castrochavismo”, o cuando deja en el aire la impresión de que la inseguridad tiene que ver con el aumento de los crímenes cometidos por migrantes venezolanos (como el fiscal Martínez).
Si Venezuela es una dictadura (como lo es), la consecuencia jurídica es que muchos de quienes huyen de ella deben ser reconocidos como refugiados, lo que implica que el Gobierno colombiano tiene la obligación de acogerlos si piden asilo. De acuerdo con el derecho nacional, es refugiado quien “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público” (Decreto 1067 de 2015). Lo que aplica prácticamente a cualquier venezolano que no simpatice con el madurismo porque, como lo dice un informe de la OEA, “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal”.
Algunos sectores de la izquierda no han sido más coherentes. Por ejemplo, el petrismo pide solidaridad con los migrantes, pero se niega a reconocer que en Venezuela ya no hay democracia y a denunciar las violaciones masivas de derechos humanos, desde las detenciones arbitrarias hasta la manipulación abierta de las elecciones, pasando por el hambre y la escasez de medicinas causadas por políticas del gobierno vecino. Perpetuando un patrón de conducta tristemente común en varias tendencias políticas, es elocuente al momento de denunciar las faltas de los gobiernos de signo contrario, pero silente cuando se trata de gobiernos que considera cercanos ideológicamente.
Contra el oportunismo de algunos, los demócratas de todas las ideologías deberían defender la posición jurídicamente necesaria, conceptualmente coherente y moralmente indispensable. Decir que el régimen venezolano es una autocracia. Señalar las violaciones de derechos humanos generalizadas y acoger a quienes escapan de ellas. Pedirle al Gobierno colombiano que cumpla su bienvenido anuncio de una política migratoria integral y solidaria. Y recordarle que, en el caso de los refugiados, tiene la obligación de no deportarlos y ofrecerles condiciones de reasentamiento en el país.
*Director de Dejusticia.
Muchos colombianos están acogiendo solidariamente a los vecinos venezolanos que están cruzando la frontera, así como ellos recibieron a cerca de cinco millones de colombianos que huían de las crisis económicas y la violencia de décadas pasadas.
Algo muy distinto están haciendo varios sectores políticos tanto de derecha como de izquierda en Colombia, a los que les importa menos la crisis humanitaria venezolana que aprovecharla para conseguir votos. Su discurso sobre la situación de Venezuela combina dosis equivalentes de indolencia e inconsistencia.
La derecha acierta al calificar de dictadura el régimen de Maduro. Pero el oportunismo político de algunos queda a la vista cuando atiza la xenofobia (como Vargas Lleras) o el fantasma del “castrochavismo”, o cuando deja en el aire la impresión de que la inseguridad tiene que ver con el aumento de los crímenes cometidos por migrantes venezolanos (como el fiscal Martínez).
Si Venezuela es una dictadura (como lo es), la consecuencia jurídica es que muchos de quienes huyen de ella deben ser reconocidos como refugiados, lo que implica que el Gobierno colombiano tiene la obligación de acogerlos si piden asilo. De acuerdo con el derecho nacional, es refugiado quien “se hubiera visto obligado a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público” (Decreto 1067 de 2015). Lo que aplica prácticamente a cualquier venezolano que no simpatice con el madurismo porque, como lo dice un informe de la OEA, “hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal”.
Algunos sectores de la izquierda no han sido más coherentes. Por ejemplo, el petrismo pide solidaridad con los migrantes, pero se niega a reconocer que en Venezuela ya no hay democracia y a denunciar las violaciones masivas de derechos humanos, desde las detenciones arbitrarias hasta la manipulación abierta de las elecciones, pasando por el hambre y la escasez de medicinas causadas por políticas del gobierno vecino. Perpetuando un patrón de conducta tristemente común en varias tendencias políticas, es elocuente al momento de denunciar las faltas de los gobiernos de signo contrario, pero silente cuando se trata de gobiernos que considera cercanos ideológicamente.
Contra el oportunismo de algunos, los demócratas de todas las ideologías deberían defender la posición jurídicamente necesaria, conceptualmente coherente y moralmente indispensable. Decir que el régimen venezolano es una autocracia. Señalar las violaciones de derechos humanos generalizadas y acoger a quienes escapan de ellas. Pedirle al Gobierno colombiano que cumpla su bienvenido anuncio de una política migratoria integral y solidaria. Y recordarle que, en el caso de los refugiados, tiene la obligación de no deportarlos y ofrecerles condiciones de reasentamiento en el país.
*Director de Dejusticia.