Gobernando a tientas

No hay país moderno sin un censo de sus habitantes.

De ahí que la escaramuza política por la renuncia del director del DANE sea mucho más que eso. Es un recordatorio del tipo de Estado y gobierno que tenemos: uno que aspira a ingresar al siglo XXI, cuando aún tiene pendientes tareas del XIX.

Hace ya 200 años, en Europa, los gobernantes perfeccionaron el arte de contar. Sin cifras habría sido imposible administrar las crecientes poblaciones y financiar la burocracia estatal. Cobrar impuestos, regular el comercio, abrir escuelas públicas, crear servicios nacionales de salud: todas las tareas básicas del Estado habrían sido inviables si no se supiese cuántos eran los habitantes, a qué se dedicaban, cuánto vivían, qué tanto ganaban, qué tan raudo se reproducían. Primero Francia, luego Inglaterra y Prusia, y después todos los gobiernos competentes desarrollaron censos periódicos y oficinas de estadísticas independientes. Entendieron que no tener datos es gobernar a tientas.

Como en muchas otras tareas, el Estado colombiano se quedó a medio camino. Estableció una entidad especializada (el DANE), pero no le ha dado autonomía frente a los gobiernos, como lo piden los estándares internacionales. Tampoco ha cumplido la tarea elemental de hacer censos periódicos y fidedignos.

Llevamos 42 años sin un censo agropecuario, aunque la norma en los estados serios (incluyendo muchos latinoamericanos) es organizarlos cada década. El catastro de títulos de propiedad rural tiene también un retraso atávico. Así es imposible hacer políticas responsables sobre el campo. Y así nos va.

Lo paradójico es que el escándalo del censo agropecuario haya explotado en un gobierno que tiene un buen número de técnicos competentes. Y que aspira a ingresar a la OCDE, que agrupa a los estados que mejor funcionan y les exige tener estadísticas actualizadas. Parece que el Gobierno olvidara que la Secretaría de Estadísticas de la OCDE va a revisar su candidatura. Sólo así se explica que inicialmente hubiera aplazado el censo, y luego, bajo la presión del paro agrario, anunciara a las volandas que lo haría a comienzos de 2014, en plena época electoral. Al director del DANE, que se había opuesto a semejante improvisación, no le quedaba otra forma de protesta que la renuncia.

Algo aún más grave está pasando con el otro censo, el que cubre todo el país. Se trata del censo general de población, que se hizo en 2005 y debería volver a organizarse en 2015. Como se recordará, el de 2005 fue un rotundo descalabro porque el expresidente Uribe, descontento con lo que las cifras del DANE decían de su gobierno, quiso retocarlas y forzó la renuncia del director de entonces, César Caballero, cuando faltaban escasos meses para el arranque del operativo censal. El resultado fue la imprevisión rampante que dejó plagados de errores los datos.

Pues bien: el gobierno Santos, aunque más respetuoso de las cifras y la tecnocracia que el de Uribe, también le está dando un tratamiento de tercera al censo de población. El DANE está rezagado en los preparativos, y todo indica que el Gobierno no va a asignarle presupuesto a tiempo para 2015. De modo que tendrá que ser en 2016 o mucho después, cuando estalle un escándalo como el que envolvió al censo agrario. Todo esto aunque la Cepal recomiende hacerlo cada diez años, y prácticamente todos demás países latinoamericanos estén cumpliendo.

A eso me refiero cuando digo que el Estado colombiano, y este gobierno en particular, aspiran al siglo XXI sin resolver los problemas del XIX. Lo primero es legítimo. Lo segundo es inexcusable.

* Miembro fundador de Dejusticia. @CesaRodriGaravi