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EL MINISTRO VALENCIA COSSIO VIAJA a Nueva York para participar en el Foro Permanente Indígena de la ONU, que arrancó ayer. Curioso.
¿El ministro político gastando días preciosos en esto, en medio de una reñida campaña presidencial? Al fin y al cabo, los indígenas que quedan son sólo el 3% de la población nacional, y sus votos y problemas no parecen importar a nadie.
¿Por qué el viaje, entonces? La respuesta es sencilla: porque el legado del gobierno Uribe para los indígenas es una verdadera tragedia humanitaria, que amenaza con provocar un escándalo internacional. Por eso, según El Tiempo, “Valencia expondrá ante el Foro lo que ha hecho este Gobierno en materia de apoyo y reconocimiento a los pueblos indígenas del país”.
Me pregunto si entre “lo que ha hecho este Gobierno”, el Ministro relatará su impasividad frente el exterminio de los 32 pueblos que tienen menos de 500 personas, incluyendo los 18 pueblos que tienen menos de 200 miembros y los 10 que quedan con menos de 100, según un informe reciente de la ONIC. Ojalá mencione al pueblo makaguaje, hablante del tucano y habitante del Caquetá, que fue casi extinguido: en 2000 tenía 50 miembros y hoy quedan sólo tres. O al pueblo wachina del Vaupés, golpeado por las Farc y apoyado por nadie: apenas quedan 50. O al menos a los más conocidos, los nukak maku, los de las fotos de rostros pintados y miradas perdidas: no quedan sino 450.
También habrá que ver si Valencia reconoce que la seguridad democrática no ha sido para todos. Ahí está la dura cifra de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que cierra la era Uribe en esta materia: un aumento del 63% en los asesinatos de indígenas en 2009, en comparación con 2008. También está el conteo de la ONIC de 74.000 indígenas desplazados entre 2002 y 2009, a una tasa mucho mayor que el resto de la población, según cifras del DANE y Acción Social.
Pero es probable que Valencia diga en Nueva York que nada de eso es culpa del Estado, sino del conflicto armado (que, según el mismo Gobierno, no existe). Lo que le será más difícil es explicar las decisiones económicas, jurídicas y políticas con las que el Gobierno ha contribuido deliberadamente a semejante situación.
En el frente económico, el Gobierno cumplió su palabra: entregó tierras y estímulos a los palmeros y mineros, y le dio carta blanca a represas y “megaproyectos” sin respetar las normas ambientales y la consulta obligatoria a los pueblos indígenas. Para eso dictó leyes inconstitucionales, otorgó concesiones mineras ilegales e impulsó políticas agrarias y mineras que terminaban promoviendo el desplazamiento indígena.
Las pruebas están en las decisiones de la Corte Constitucional que documentaron y detuvieron algunos de esos atropellos: los fallos que tumbaron la ley forestal y el estatuto rural; la trascendental sentencia que paró hace poco el proyecto de la Muriel Mining en Chocó; y el Auto 004 de 2009 sobre la tragedia del desplazamiento indígena, donde la Corte cuenta todo esto y mucho más, y que el Gobierno sigue sin cumplir.
En lo político la estrategia antiindígena fue debilitar y dividir el movimiento. Basta ver los videos de Uribe y Uribito haciendo señalamientos temerarios de terrorismo a los indígenas que se movilizaban del Cauca a Bogotá en 2008. Y los del mismo Valencia respaldando una nueva organización indígena cercana al gobierno (la OPIC), o los de su Viceministra haciendo lo mismo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington en 2009.
Estamos en un momento de balances gubernamentales y decisiones electorales. Es posible que los indígenas no sobrevivan cuatro años más de lo mismo.
* Miembro fundador de DeJuSticia (www.dejusticia.org)