No comparto la lluvia de descalificaciones personales contra la senadora Paloma Valencia por su infeliz propuesta de partir el Cauca en dos: “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.
Llamar “loca” a la senadora es responder con la moneda del machismo el profundo racismo que ha inspirado las soluciones conservadoras y radicales a los conflictos étnicos, de las cuales Valencia es sólo la exponente más reciente. Como en el debate se juega el proyecto multicultural de la Constitución de 1991 y Cauca va a ser uno de los lugares claves del posconflicto, conviene tomar la propuesta en serio, así sea para mostrar sus inconfesados supuestos y su inviabilidad práctica.
El supuesto de entrada es tan palpable que brota en la propuesta misma: la separación entre “ellos”, los indios de las protestas y las “invasiones”, y “nosotros”, los blancos y mestizos del lado correcto de la historia. Se alcanza a oír el eco conservador de Laureano Gómez, para quien “nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, los indios y los negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad”. Con una diferencia importante: para la senadora Valencia, los negros, que son el 20% de la población caucana, no tendrían cabida en el departamento bipolar, e imagino que tendrían que indigenizarse, mestizarse o irse.
En lugar de esa separación tajante —el multiculturalismo como apartheid— la Constitución de 1991 optó por el multiculturalismo de los derechos y la inclusión. Para construir una nación pacífica y diversa, este último comienza por reconocer la historia de despojo y racismo contra indígenas y afros, sobre la que muchos prefieren no hablar. Y promete mecanismos para mitigar esa herencia, como la consulta previa, los territorios colectivos y las acciones afirmativas, que se han quedado a media marcha por la renuencia de los gobiernos y las élites políticas y económicas que se han beneficiado de esa herencia en el Cauca y el resto del país.
Lo paradójico de la propuesta de Valencia es que pone de cabeza la Constitución de 1991: utiliza el lenguaje y el argumento del multiculturalismo no a favor, sino contra los beneficiarios de la promesa aplazada. Con la idea de crear las entidades territoriales indígenas que piden los nativos habitantes de las tierras altas donde fueron expulsados, terminaría petrificando la concentración de las tierras fértiles en manos del 5% de los caucanos.
Los reclamos de igualdad dentro de la diferencia que hacen indígenas y negros no se resuelven creando departamentos separados: un Cauca blanco y otro indígena, un Chocó afro y otro paisa. Esa es la realidad de hecho que no ha funcionado a lo largo de la historia. Si queremos otro país, no hay que demarcarlo geográficamente para unos u otros, sino construirlo mediante el largo camino de la inclusión para todos.
No comparto la lluvia de descalificaciones personales contra la senadora Paloma Valencia por su infeliz propuesta de partir el Cauca en dos: “un departamento indígena para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y un departamento con vocación de desarrollo, donde podamos tener vías, donde se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos”.
Llamar “loca” a la senadora es responder con la moneda del machismo el profundo racismo que ha inspirado las soluciones conservadoras y radicales a los conflictos étnicos, de las cuales Valencia es sólo la exponente más reciente. Como en el debate se juega el proyecto multicultural de la Constitución de 1991 y Cauca va a ser uno de los lugares claves del posconflicto, conviene tomar la propuesta en serio, así sea para mostrar sus inconfesados supuestos y su inviabilidad práctica.
El supuesto de entrada es tan palpable que brota en la propuesta misma: la separación entre “ellos”, los indios de las protestas y las “invasiones”, y “nosotros”, los blancos y mestizos del lado correcto de la historia. Se alcanza a oír el eco conservador de Laureano Gómez, para quien “nuestra raza proviene de la mezcla de españoles, los indios y los negros. Los dos últimos caudales de herencia son estigmas de completa inferioridad”. Con una diferencia importante: para la senadora Valencia, los negros, que son el 20% de la población caucana, no tendrían cabida en el departamento bipolar, e imagino que tendrían que indigenizarse, mestizarse o irse.
En lugar de esa separación tajante —el multiculturalismo como apartheid— la Constitución de 1991 optó por el multiculturalismo de los derechos y la inclusión. Para construir una nación pacífica y diversa, este último comienza por reconocer la historia de despojo y racismo contra indígenas y afros, sobre la que muchos prefieren no hablar. Y promete mecanismos para mitigar esa herencia, como la consulta previa, los territorios colectivos y las acciones afirmativas, que se han quedado a media marcha por la renuencia de los gobiernos y las élites políticas y económicas que se han beneficiado de esa herencia en el Cauca y el resto del país.
Lo paradójico de la propuesta de Valencia es que pone de cabeza la Constitución de 1991: utiliza el lenguaje y el argumento del multiculturalismo no a favor, sino contra los beneficiarios de la promesa aplazada. Con la idea de crear las entidades territoriales indígenas que piden los nativos habitantes de las tierras altas donde fueron expulsados, terminaría petrificando la concentración de las tierras fértiles en manos del 5% de los caucanos.
Los reclamos de igualdad dentro de la diferencia que hacen indígenas y negros no se resuelven creando departamentos separados: un Cauca blanco y otro indígena, un Chocó afro y otro paisa. Esa es la realidad de hecho que no ha funcionado a lo largo de la historia. Si queremos otro país, no hay que demarcarlo geográficamente para unos u otros, sino construirlo mediante el largo camino de la inclusión para todos.