La Línea Negra (LN) ha delimitado desde siempre los territorios sagrados de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ahora también demarca las dos concepciones del desarrollo que están en juego en la decisión más importante que le queda al Gobierno Santos: expedir el decreto que reconoce, por fin, los contornos de la LN y los derechos de los pueblos que han cuidado la Sierra para el resto del país y del planeta.
No es que los pueblos kankuamo, wiwa, kogui y los arhuaco no quieran el desarrollo, como han dicho los gobernadores de los departamentos de la Sierra y los gremios que le piden a Santos no expedir el decreto. Es que el desarrollo que los pueblos promueven es distinto al de los gobernadores y los empresarios interesados en los 132 títulos mineros y las 244 solicitudes pendientes, que transformarían a la Sierra en una gran cantera. Como lo ha dicho Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, el desarrollo que buscan los pueblos es el de la conservación del agua y los ríos de la Sierra, sin los que no es posible ninguna otra actividad económica en la zona, ni es posible la vida en las ciudades sedientas que dependen del agua que baja de la montaña, como Santa Marta y Valledupar.
Tampoco es verdad, como insinúan los opositores del decreto, que los pueblos indígenas de la Sierra pretendan gobernar los departamentos y hacerlo para beneficio propio. Lo que han pedido es que se reconozca oficialmente el papel que las autoridades indígenas han jugado no solo para su pueblo sino para toda la región: el de gestores ambientales y del territorio que lo han preservado para todos sus habitantes, como no lo han hecho los alcaldes, los gobernadores o las corporaciones autónomas regionales.
La LN no es solo un asunto cultural de unos cuantos pueblos que no entienden de ciencia. Justamente la evidencia científica prendió la alarma sobre el deshielo creciente de la Sierra y la necesidad de proteger el agua que queda. Hace siglo y medio, la Sierra tenía 83 kilómetros de nieve. Hoy quedan solo 6,7 kilómetros.
Finalmente, no es preciso decir que el decreto pendiente tomaría por sorpresa al país, o que no tiene precedentes. El territorio de la LN fue reconocido desde 1973 (resolución 02) y actualizado en 1995 (resolución 837) para cumplir con el deber de protección de los territorios indígenas que asumió el Estado colombiano con el Convenio 169 de la OIT. Lo que falta hacer con el nuevo decreto es precisar los contornos del territorio de la LN, como lo exigió la Corte en el fallo T-849/14.
Desde su posesión ante los mamos, hace ya ocho años, Santos ha prometido mucho más de lo que ha hecho por la Sierra. A pesar de la orden de la Corte, el Gobierno se ha enredado en trámites intermitentes y eventos esporádicos que no han avanzado en la protección del llamado Corazón del Mundo. Le quedan cuatro días para cumplirles no solo a la Corte y a los pueblos, sino al planeta y las generaciones futuras.
La Línea Negra (LN) ha delimitado desde siempre los territorios sagrados de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ahora también demarca las dos concepciones del desarrollo que están en juego en la decisión más importante que le queda al Gobierno Santos: expedir el decreto que reconoce, por fin, los contornos de la LN y los derechos de los pueblos que han cuidado la Sierra para el resto del país y del planeta.
No es que los pueblos kankuamo, wiwa, kogui y los arhuaco no quieran el desarrollo, como han dicho los gobernadores de los departamentos de la Sierra y los gremios que le piden a Santos no expedir el decreto. Es que el desarrollo que los pueblos promueven es distinto al de los gobernadores y los empresarios interesados en los 132 títulos mineros y las 244 solicitudes pendientes, que transformarían a la Sierra en una gran cantera. Como lo ha dicho Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, el desarrollo que buscan los pueblos es el de la conservación del agua y los ríos de la Sierra, sin los que no es posible ninguna otra actividad económica en la zona, ni es posible la vida en las ciudades sedientas que dependen del agua que baja de la montaña, como Santa Marta y Valledupar.
Tampoco es verdad, como insinúan los opositores del decreto, que los pueblos indígenas de la Sierra pretendan gobernar los departamentos y hacerlo para beneficio propio. Lo que han pedido es que se reconozca oficialmente el papel que las autoridades indígenas han jugado no solo para su pueblo sino para toda la región: el de gestores ambientales y del territorio que lo han preservado para todos sus habitantes, como no lo han hecho los alcaldes, los gobernadores o las corporaciones autónomas regionales.
La LN no es solo un asunto cultural de unos cuantos pueblos que no entienden de ciencia. Justamente la evidencia científica prendió la alarma sobre el deshielo creciente de la Sierra y la necesidad de proteger el agua que queda. Hace siglo y medio, la Sierra tenía 83 kilómetros de nieve. Hoy quedan solo 6,7 kilómetros.
Finalmente, no es preciso decir que el decreto pendiente tomaría por sorpresa al país, o que no tiene precedentes. El territorio de la LN fue reconocido desde 1973 (resolución 02) y actualizado en 1995 (resolución 837) para cumplir con el deber de protección de los territorios indígenas que asumió el Estado colombiano con el Convenio 169 de la OIT. Lo que falta hacer con el nuevo decreto es precisar los contornos del territorio de la LN, como lo exigió la Corte en el fallo T-849/14.
Desde su posesión ante los mamos, hace ya ocho años, Santos ha prometido mucho más de lo que ha hecho por la Sierra. A pesar de la orden de la Corte, el Gobierno se ha enredado en trámites intermitentes y eventos esporádicos que no han avanzado en la protección del llamado Corazón del Mundo. Le quedan cuatro días para cumplirles no solo a la Corte y a los pueblos, sino al planeta y las generaciones futuras.