¡Se alborotó el avispero con los anuncios de Petro sobre política de drogas!

Por María Alejandra Vélez

Los medios nacionales, el gobierno de Estados Unidos y la oposición casi se infartan con el anuncio de cambio en las metas de erradicación de cultivos de uso ilícito (y ahora con el anuncio de despenalizar a los pequeños cultivadores). Les pasó lo mismo con los anuncios de gradualidad. La verdad no entiendo por qué. El presidente Petro, desde el día 1, en su discurso de posesión, dijo que el gobierno del cambio implicaba una nueva política de drogas. Lo repitió en Naciones Unidas y lo dice cada vez que puede.

Por el contrario, a mí me ha parecido tímido. Le bajó el tono a la discusión sobre regular la cocaína, no le ha metido el diente a la regulación del cannabis y usa un lenguaje muy ochentero cuando se refiere a los consumidores, a quienes califica de enfermos.

Su innovación por ahora está en el cultivo y los cultivadores, lo cual por ahora me parece ganancia. Consistente con su discurso en campaña, sus primeros anuncios, a los que le faltan detalles, apuntan a no perseguir a los cultivadores, lo que incluye bajarle el tono a la erradicación a la fuerza y pensar en un programa de transformación territorial, que incluye una sustitución gradual una vez las otras economías generen ingresos que permitan una vida digna a los cultivadores de coca. Reservó la erradicación para 20.000 hectáreas de cultivadores “industriales”, que como en cualquier mercado ya hicieron una integración vertical en el mercado: cultivan en grandes extensiones, procesan y comercializan. Falta ver si podemos identificar quiénes son y donde están.

Dejar de perseguir a los pequeños cultivadores de coca, donde el 52.7% de los hogares viven en pobreza multidimensional, según la línea base de los hogares que se inscribieron al PNIS, me parece apenas obvio. Esperar a que la erradicación voluntaria suceda cuando ya estén produciendo y generando ingreso en otras economías, también.

Ahora, el diablo está en los detalles y esos son los que deberíamos estar preocupados por conocer. Por ejemplo, ¿hay financiación suficiente para atender la transformación territorial de 200.000 o más familias?, ¿Se hará un censo y registro de pequeños cultivadores con tamaño y número de predios? ¿Qué pasa con los cultivadores que tienen varios predios? ¿Dónde se van a focalizar las intervenciones? ¿Cuál será el periodo de tiempo en el que se acompañe a los hogares que dejen de cultivar coca? ¿Cómo los van a proteger de la violencia a la que están sometidos por los grupos armados y organizaciones criminales?, ¿Cómo van a recuperar la confianza de los líderes y sus comunidades para que se vinculen en la política después de décadas de incumplimientos? ¿Cuáles son los planes para evitar la expansión de cultivos y en particular su expansión en zonas importantes en términos ambientales? ¿Qué tipo de economías diferentes a la cocalera son viables en territorios étnicos y estratégicos en términos ambientales? ¿Cómo se articula toda esta historia con la Paz Total? ¿Tenemos el liderazgo internacional necesario para dejar de perseguir a la coca y hablar de un camino regulatorio para la cocaína? ¿Cómo vamos a medir el éxito en la nueva la política de drogas? ¿Seremos capaces de convencer al gobierno Biden y al resto de instituciones estadounidenses sobre la necesidad de enfocarnos en resolver los problemas de desarrollo rural en lugar de erradicar?

La erradicación forzada y la persecución al pequeño productor no estaba funcionando. Deja más costos que beneficios. No le funcionó a Duque, no le funcionó a Santos, tampoco a Uribe y a ningún gobierno anterior. ¿Por qué le iba funcionar a Petro? Según UNODC la tasa de resiembra de la aspersión terrestre es 69%, mientras que la de la erradicación manual forzada es 30%, la de sustitución es 7%. La erradicación forzada no es costo-efectiva porque desplaza los cultivos y genera conflictos entre la comunidad y la fuerza pública. De hecho, la violencia (heridos y asesinatos) contra miembros de la Fuerza Pública es mayor en municipios con coca en los que se ha hecho erradicación manual forzada que en los municipios cocaleros en los que no se han hecho este tipo de intervenciones. A partir de datos del Ministerio de Defensa, calculamos que, entre 2014 y 2021, la tasa de heridos de la Fuerza Pública fue 2 veces superior en municipios cocaleros con erradicación forzada que en municipios cocaleros en los que no se ha realizado. Por el contrario, para el caso de la sustitución, no se encontraron diferencias en términos de violencia contra la Fuerza Pública (ver 1). La gradualidad por su parte no se ha intentado, se propuso en el Acuerdo de Paz y se abandonó en los ajustes. Esto es algo que se puede evaluar y ajustar según resultados. La evidencia de otros países sugiere que uno de los factores de éxito de los programas de desarrollo alternativo es la gradualidad porque permite que la reducción en los cultivos de uso ilícito sea sostenible en el tiempo y suaviza el choque económico que implica la erradicación para los hogares cultivadores. Se pueden hacer pilotos para afinar el mecanismo y las condiciones.

Los nuevos anuncios por su puesto no están libres de riesgos que deben ser anticipados por el Gobierno en el nuevo diseño. Por un lado, la gradualidad, la despenalización y la reducción de la meta de erradicación pueden expandir desproporcionalmente los cultivos de coca e incluso afectar las zonas ambientalmente importantes. En ese sentido, el Gobierno debe realizar anuncios estratégicos, limitar el alcance de la política que se va a implementar y lograr acuerdos de no expansión de los cultivos con las organizaciones de base cocalera. Así mismo, es necesario que los detalles de la política se socialicen de manera oportuna para evitar la generación de incentivos perversos y darle seguridad al resto de actores involucrados, como el gobierno de Estados Unidos. Adicionalmente, las estrategias para controlar el tráfico de cocaína y los recursos asociados a ese tráfico se deben intensificar para evitar el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Estas acciones deben ser complementarias, no excluyentes, al enfoque de desarrollo rural. Por último, en términos de las relaciones exteriores del país, es necesario que el Gobierno socialice los detalles de esta política y sus beneficios para lograr el apoyo de los países involucrados e, incluso, fortalecer la cooperación para financiar estas intervenciones. De lo contrario, el país estaría expuesto a tener relaciones bilaterales y multilaterales difíciles y puede poner en riesgo la certificación, con importantes implicaciones financieras.

El avispero se alborota por las razones equivocadas. A las regiones cocaleras se les prometió un nuevo enfoque y en esa dirección están los anuncios. Ya sabemos lo que NO funciona. Se trata de diseñar, implementar y evaluar una nueva estrategia para determinar si mejoran las condiciones de vida en el campo colombiano. Será arriesgado, sin duda, pero se trata de cambiar una política estancada que ha demostrado tener un elevado costo en vidas y derechos humanos en muchas zonas del país.