Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Mientras el presidente Duque preparaba sus maletas para viajar a Glasgow, Escocia, se hizo pública una investigación del Banco Mundial sobre la situación social de Colombia, con resultados que, entre ciudadanos críticos y bien informados, sería un escándalo mayor.
Pero no lo es. No lo fue. Nunca lo es.
¿Hay algo que en nuestro país sea un escándalo mayor?
“Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia” es el informe que publicó la semana pasada la asociación mundial. Esto dice: “El país tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 18 países de América Latina y el Caribe, y el más alto entre todos los países de la OCDE… La pandemia por el COVID-19 ha amplificado aún más las disparidades existentes y amenaza con tener efectos negativos prolongados; pero este es solo uno de los muchos posibles choques extremos, incluidos los trastornos relacionados con el cambio climático, que podrían ampliar sustancialmente las brechas de desigualdad”.
Recomiendo leer el capítulo sobre efectos del cambio climático en la equidad: “Colombia se encuentra entre los países de América Latina con mayor riesgo de cambio climático (…) La mayoría de los estudios sobre el cambio climático en Colombia se enfocan en los efectos agrícolas. Hasta la fecha, no existe ningún estudio en el que se hayan evaluado simultáneamente los efectos económicos de los impactos más importantes del cambio climático. Además, los efectos de la variabilidad climática sobre los ingresos familiares y la desigualdad en Colombia tampoco se han investigado demasiado”.
Al consultar esa fuente de información, recordé que en enero de 2019 el Instituto Nacional de Salud confirmó que “por exposición a aire y agua de mala calidad ocurren cada año en Colombia 17.549 muertes, es decir, el 8 % del total de la mortalidad anual”.
Esos indicadores son nuestro presente, mientras Duque se mostraba en Glasgow como un presidente activo y preocupado por el cambio climático y las comunidades más vulnerables del país. Hizo anuncios grandilocuentes para detener la deforestación, cuando su propio ministro de Ambiente, Carlos Correa, afirmó para la agencia Reuters que la destrucción de los bosques tuvo un incremento del 8 % en 2020 como consecuencia de la ganadería, la agricultura extensiva, los cultivos ilícitos y la minería ilegal. Es decir, no hay Estado.
En el mundo ha circulado que 65 defensores del medioambiente fueron asesinados en 2020 en Colombia, la cifra más alta de ese tipo de crímenes comparada con otros países. Y que no caiga en el olvido que desde la extrema derecha los amigos del Gobierno, como el señor Lafaurie y las señoras Cabal y Holguín, han estigmatizado a las comunidades indígenas desconociendo su labor como protectores de los ecosistemas. En el Auto 004 la Corte Constitucional señaló que al menos 32 pueblos indígenas están en peligro de extinción por el cambio climático, el desplazamiento, el reclutamiento forzado y la invasión de sus tierras, entre otros.
Ah, y desde Glasgow el Gobierno también celebró que mandó el Acuerdo de Escazú al Congreso sin mensaje de urgencia, lo que significa que su trámite legislativo una vez más será imposible.
Reino Unido, Noruega y Alemania le prometieron un dinero al Gobierno de Duque para invertir en asuntos del medioambiente. “Nos enorgullece ser referente de la región en esta lucha”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.
Les dejo una pregunta a los representantes diplomáticos de esos países: ¿ustedes están informando bien a sus respectivos gobiernos sobre el desastre social y ambiental de Colombia?
* Periodista. @ClaMoralesM
