Los “biopiratas” siguen saqueando a Colombia


El sábado 21 de septiembre el exministro de Medio Ambiente y presidente del Foro Ambiental, Manuel Rodríguez Becerra, escribió un mensaje en la red social X en el que llamó la atención sobre el “Protocolo de Nagoya” y el hecho de que el Gobierno de Colombia no lo ha ratificado.

Ese Protocolo fue creado en el año 2010 como extensión del Convenio sobre la diversidad biológica y su objetivo es proporcionar transparencia jurídica tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos y “generar incentivos para conservar la diversidad biológica y para utilizar de manera sostenible sus componentes y mejorar aún más la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano” (Protocolo de Nagoya. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 2011).

Eso parece un poco raro y muy especializado, así que voy a citar lo que señaló el economista colombiano Fernando Casas en una entrevista publicada en El Tiempo el 29 de octubre de 2010 y que resume lo que tendría que ocurrir si algún día Colombia ratifica el Protocolo: “La multinacional que usa una rana colombiana para producir un medicamento tendrá que solicitar consentimiento a la autoridad nacional y acordar la distribución de beneficios monetarios y no monetarios; no podrá aprovecharla gratis”.

Como Colombia no lo ha ratificado, lo que pasa, por ejemplo, es que una industria farmacéutica llega al país, estudia las propiedades genéticas de una planta para desarrollar nuevas tecnologías, luego la usa para producir un medicamento o una fragancia y, al final, se aprovecha de sus propiedades bioquímicas sin solicitar acceso sobre esos recursos y sin distribuir los beneficios.

La adopción del Protocolo de Nagoya, entonces, regula esos procesos y controla la “biopiratería”, es decir, la apropiación indebida de los recursos genéticos o bioquímicos. En otras palabras, por falta de regulación, los biopiratas vienen a Colombia, saquean al país, se llevan los recursos y los explotan con total impunidad.

Lo paradójico es que en 2010 y gracias a la gestión de Fernando Casas, Colombia fue el primer país en firmar el Protocolo pero, inexplicablemente, catorce años después no lo ha ratificado. ¿Qué dicen los ministros que ocuparon la cartera de Medio Ambiente durante los ocho años del gobierno de Juan Manuel Santos y los cuatro años de Duque?

Consultado para esta columna, el exministro Rodríguez Becerra sostiene que su sospecha es que ha habido “descuido” de los gobiernos, “lo cual es imperdonable” y que también es importante tener en cuenta que el trámite requiere de la consulta previa con las comunidades indígenas.

Sobre la consulta previa, la profesora y exviceministra de Medio Ambiente del gobierno actual, Sandra Vilardy, explica para esta columna que mientras ella estuvo en el cargo detectó que hay muchas complejidades con la protección de los conocimientos tradicionales y, estos temas, en los gobiernos pasados, no fueron prioritarios. Confirma que entre 2022 y 2023 empezaron a analizar la consulta previa y dejaron apartados unos recursos en el presupuesto para que se hiciera.

“En este momento se trata de un tema de capacidades de los pueblos indígenas para poder liderar y dirigir la consulta previa que está en el orden de los ocho mil o diez mil millones de pesos. Manejar ese dinero es un lío para ellos por las capacidades administrativas que tienen”.

La pelota está en manos del presidente Gustavo Petro y la ministra Susana Muhamad que, como anfitriones de la COP16, seguramente tendrán que explicar su interés en ratificar el Protocolo de Nagoya.

Colombia, país megadiverso y de enormes ventajas frente a otros del mundo, se quedó dormido mientras los vivos se aprovechan de nuestra biodiversidad biológica.