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“¡Que resuenen fuerte la rabia, el dolor y el amor de quienes las recordamos exigiendo justicia!”.
La frase está impresa en la parte inferior de unos carteles que cuelgan en la Plaza de Armas en el centro histórico de Guadalajara (México). Cada uno tiene la foto de una mujer, una pequeña reseña sobre quién era ella, cómo la mataron y la fecha del feminicidio.
Uno de esos carteles dice:
“Imelda era psicóloga y trabajaba para la Universidad de Guadalajara como académica y también como parte del personal administrativo. El 29 de septiembre de 2012, a sus 41 años de edad, Imelda fue asesinada en lo que sería el primer caso de feminicidio reconocido como tal en Jalisco. El autor intelectual de dicho crimen fue su propio esposo, el cual convenció a dos hombres para violar y asesinar a su esposa a cambio de 50.000 pesos y un automóvil”.
Maldito cobarde, pensé sobre ese esposo. Malditos criminales él y los dos tipos que contrató. Maldita impunidad la que permite que hayan pasado 10 años del feminicidio de Imelda, robándose así la esperanza de justicia para sus seres amados.
El 25 de noviembre, mientras se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los medios mexicanos reportaron que en total en el país hubo 792 casos de feminicidio entre enero y octubre de 2022. Al cierre de esta columna ya terminó el mes de noviembre y, siguiendo la tendencia de la tasa de feminicidios, en promedio otras 80 mujeres aparecerán asesinadas en las estadísticas oficiales de México.
Ese número, estimados lectores, esa realidad en México y en el mundo debería llevarnos a pensar por qué las campañas y el hecho de que 16 países de América Latina hayan adoptado una legislación que penaliza el feminicidio como un delito específico en los códigos penales no han desestimulado la violencia contra las mujeres. “No hay señales de una disminución en el número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género”, señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Colombia, desde la Procuraduría General de la Nación expresaron preocupación por el aumento en la vulneración de los derechos de las mujeres en el país. En lo corrido de 2022 hubo 140 feminicidios; 45.472 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 77,5 % fueron contra niñas, adolescentes y adultas, y 15.823 denuncias sobre violencia sexual, cuyas víctimas fueron niñas y mujeres adolescentes en el 87,5 % de los casos.
El Quindío, el departamento donde vivo, ocupa el deshonroso séptimo lugar por crímenes tipificados como feminicidio. En Colombia hay en este momento 659 casos (que podrían derivar en feminicidio) reportados como urgentes. Esto, por supuesto, sin conocer el subregistro por la ausencia de denuncias (nunca lo sabremos).
“Mientras tanto, el aumento vertiginoso de las formas de crueldad letal contra el cuerpo de las mujeres prosigue su curso. Nos horrorizamos al hablar del tiempo en el que se enjuiciaba a las brujas y de las torturas inquisitoriales, y olvidamos que la humanidad hoy testimonia un momento de tenebrosas innovaciones en las formas de ensañarse con los cuerpos femeninos y feminizados, un ensañamiento que se difunde y se expande sin contención”, escribió la doctora en Antropología Rita Laura Segato en su libro La guerra contra las mujeres, publicado en 2016 por la editorial Traficantes de Sueños.
¿Están las mujeres preparadas, tienen las herramientas para acudir a la justicia? Y si lo hacen, ¿tienen los funcionarios del Estado el conocimiento, la empatía, el tiempo y la urgencia de justicia para bridar tranquilidad a las víctimas? La respuesta es no. El promedio de impunidad es del 95 %.
Nos jugamos el futuro de la humanidad, pero no lo estamos entendiendo.
* Periodista.