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Hace ocho años nació la Red de Ferias del Libro de Colombia con la intención de entender quiénes estaban al frente de ellas, qué tipo de organización y alianzas institucionales las formaban, qué tipo de sostenibilidad podían demostrar, qué necesidades tenían y, también, con el objetivo de fortalecer la cadena del libro.
La red, creada por iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y el Ministerio de Cultura, operaba con muchas limitaciones dada la variedad de intereses que cada feria desarrollaba como resultado de la ciudad o municipio en la que se organizaba, pero solía tener algo positivo y es que había logrado una cierta hermandad entre los y las directoras de cada una y había un seguimiento de lo que ocurría durante su desarrollo y puesta en escena.
Había también un presupuesto bien gestionado –nunca oneroso– que distribuía equitativamente al principio de cada año la Oficina de Literatura del Ministerio de Cultura, bajo unas líneas de acción (aniversarios, centenarios, nuevas colecciones, etc.) que cada organización incorporaba a su programación.
Ustedes se preguntarán por qué este texto está redactado en pasado. Es así porque la Oficina de Literatura ahora se llama de otra manera, ya no depende directamente del ministerio sino de la Biblioteca Nacional, no están allí las personas que durante años formaron y guiaron la red y, bajo la nueva administración, hay una manera distinta de priorizar el trabajo logrado por lo que era la agrupación de ferias.
Ustedes también se preguntarán qué tiene que ver esto con el título de la columna.
Hace dos semanas, el Congreso de la República rechazó la propuesta de financiamiento del Gobierno Nacional y los ministros anunciaron los recortes que tendrán que hacer en 2025 en cada una de sus carteras. Las ferias del libro, varias de las cuales dependen de la ayuda del gobierno central, no recibirán los recursos como solía ocurrir.
Pero, además de eso y mucho antes de conocer la decisión del legislativo, la oficina que solía amparar la otrora red anunció que los recursos que había prometido para este año 2024 y sobre los cuales ya hay convenios interadministrativos firmados por las organizaciones de las ferias que se llevaron a cabo este segundo semestre, no serán desembolsados dada la crisis financiera del país. A lo largo del año, representantes del gobierno recorrieron el país incentivando la creación de ferias del libro cuando ya era claro que no había recursos para potenciar nuevas iniciativas. Eso es como si ustedes tienen un hijo que vive con el salario mínimo y él les dice que quiere tener cinco hijos. Es de suponer que un padre responsable intentará disuadir a ese hijo para que desista de esa decisión por lo menos hasta que logre un recurso con el que pueda responder por todos ellos.
Hoy, según el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, un poco más de 40 ferias y festivales del libro se presentaron al Programa Nacional de Concertación, pero no hay un mapeo de quiénes están detrás de las organizaciones nuevas y es imposible que todas ellas logren ganar un cupo en ese programa.
La conclusión de este panorama es que las ferias regionales quedan supeditadas a esos programas, a la cada vez más difícil y desgastante gestión con las alcaldías y gobernaciones y, si hay suerte, con la generosidad de las empresas privadas. Ante eso, las energías deben estar direccionadas a sensibilizar a la sociedad de los beneficios que recibe gracias a las ferias del libro, lo cual obliga a los gestores culturales a ser más creativos porque sólo así se trazará un camino perdurable, no politizado e integral en defensa de la cultura.
Como bien lo dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric: “Los presidentes pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan”.