Por Victoria Sandino, senadora del Partido FARC.
En tiempos de crisis, lo primero que hacemos como personas es evaluar cuáles son las condiciones propias de nuestra existencia, para sopesar qué tan expuestos estamos ante la amenaza. La pandemia del Covid-19 obligó a todos los colombianos y colombianas a reflexionar sobre el tipo de contrato que tenemos (¡si es que somos empleados!), el nivel de ingresos con que contamos y hasta la condición de nuestras viviendas. Y aunque muchos líderes de opinión tratan de convencernos de que “todos estamos en el mismo barco” para ganarle la batalla al virus, la realidad es otra: a lo sumo, todos estamos en la misma tormenta, pero mientras unos pasan el temporal en yate, otros vamos a la deriva en lanchas de madera y algunos incluso resisten nadando hacia la orilla más cercana.
El Caribe, por ejemplo, demuestra que la desigualdad y la pobreza se convierten en factores estructurales que exacerban la vulnerabilidad de sus gentes ante una amenaza global como la que atravesemos. A pesar de que los departamentos costeños constituyen la plataforma comercial y turística que nos integra con el mundo occidental, no han alcanzado condiciones económicas, sanitarias y sociales robustas que permitan a sus habitantes disfrutar las ventajas del mundo globalizado que les prometieron.
Según el DANE, para el año 2018, Sucre, La Guajira y Magdalena suman entre todos un 3,4% del PIB, a pesar de que estos departamentos encontramos importantes explotaciones de minas, oleoductos, grandes plantaciones bananeras y una parte considerable del turismo de la costa Caribe. Aunque Bolívar y Atlántico tienen una mayor participación en el PIB (3,6% y 4,4% respectivamente), todavía están muy lejos de alcanzar la concentración de producción de Bogotá (25,6%) o Antioquia (14,4%). Y acá es importante aclarar algo: estos porcentajes de participación tan bajos no indican que no se esté generando riqueza, sino simplemente que ésta no se queda en las manos de las comunidades del territorio. La evidencia que aportan estos indicadores sólo logra reforzar un hecho que las comunidades intuyen cotidianamente, y es que el carbón, el oro, el petróleo, la madera y demás recursos y servicios de esta región, se drenan rápidamente hacia el centro del país y el epicentro del mercado internacional, sin que sus habitantes logren beneficiarse de su propia producción.
Lo curioso es que, aunque la costa Caribe tiene cifras aparentemente alentadoras sobre empleo, allí la pobreza monetaria (el porcentaje de personas que sobrevive con ingresos inferiores a $258 mil pesos) presenta un comportamiento preocupante. De acuerdo con los registros del DANE para el 2018, entre el listado de los 10 departamentos con mayor pobreza monetaria del país, se encuentran 5 departamentos de la región Caribe. Mientras que el promedio nacional de pobreza está en 27%, Sucre, Cesar, Córdoba y Magdalena oscilan entre el 41% y 47%, destacando La Guajira con un 53,7% de pobreza ¡y apenas un 6,5% de desempleo! ¿Cómo puede ser que la pobreza se generalice en una región que normalmente tiene cifras de desempleo menores o iguales al promedio nacional? La respuesta se encuentra en el tipo de actividad económica que predomina: rebusque, informalidad, trabajo por horas y en general, ocupaciones ligadas a servicios de temporada y/o con pago a destajo.
Este fenómeno de desigualdad, que adquiere una expresión territorial excluyente entre el centro y la periferia del país, tiene un significado concreto y trágico para los colombianos y colombianas que habitan en esta región. La concentración de la tierra, infraestructura vial, los servicios públicos, el acceso y la calidad de la educación, los servicios de salud, la administración de justicia y otros, evidencian la marginalidad y la pobreza a la que fueron sometidos históricamente. Ahora que la consigna es “quédate en casa”, salta a la vista que según el DANE (2018), en Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Bolívar, entre el 66% y el 71% de las viviendas son deficientes, muy por arriba del promedio nacional (36%). Sólo César y Atlántico tienen registros más “aceptables” en este aspecto. Y es que claro, el aislamiento social es un una “actitud responsable” en Bogotá, donde el hacinamiento es bajo (8,5%), pero es “todo un desafío” en departamentos hacinados como La Guajira (35,6%), Magdalena (34%), Sucre (31,6%), Cesar (31,1%), Córdoba (29,2%), Bolívar (28,7%) y Atlántico (23,6%).
Aunque nos detuvimos especialmente a considerar la costa Caribe porque mi terruño me moviliza en esta coyuntura, la reflexión de fondo aplica para cualquier “periferia” económica en cualquier rincón de Colombia. La pandemia no crea la crisis, sólo la pone en evidencia y la profundiza. Si bien es cierto que todos y todas tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para superar esta coyuntura sanitaria, también debemos aprovechar la oportunidad para pensar soluciones estructurales a la pobreza y la desigualdad. El Acuerdo de Paz representa un gran aporte en ese sentido, pero necesitamos avanzar en su implementación, vinculando a las comunidades y comprometiendo a los gobiernos de turno para encarar las problemáticas de fondo.
Por Victoria Sandino, senadora del Partido FARC.
En tiempos de crisis, lo primero que hacemos como personas es evaluar cuáles son las condiciones propias de nuestra existencia, para sopesar qué tan expuestos estamos ante la amenaza. La pandemia del Covid-19 obligó a todos los colombianos y colombianas a reflexionar sobre el tipo de contrato que tenemos (¡si es que somos empleados!), el nivel de ingresos con que contamos y hasta la condición de nuestras viviendas. Y aunque muchos líderes de opinión tratan de convencernos de que “todos estamos en el mismo barco” para ganarle la batalla al virus, la realidad es otra: a lo sumo, todos estamos en la misma tormenta, pero mientras unos pasan el temporal en yate, otros vamos a la deriva en lanchas de madera y algunos incluso resisten nadando hacia la orilla más cercana.
El Caribe, por ejemplo, demuestra que la desigualdad y la pobreza se convierten en factores estructurales que exacerban la vulnerabilidad de sus gentes ante una amenaza global como la que atravesemos. A pesar de que los departamentos costeños constituyen la plataforma comercial y turística que nos integra con el mundo occidental, no han alcanzado condiciones económicas, sanitarias y sociales robustas que permitan a sus habitantes disfrutar las ventajas del mundo globalizado que les prometieron.
Según el DANE, para el año 2018, Sucre, La Guajira y Magdalena suman entre todos un 3,4% del PIB, a pesar de que estos departamentos encontramos importantes explotaciones de minas, oleoductos, grandes plantaciones bananeras y una parte considerable del turismo de la costa Caribe. Aunque Bolívar y Atlántico tienen una mayor participación en el PIB (3,6% y 4,4% respectivamente), todavía están muy lejos de alcanzar la concentración de producción de Bogotá (25,6%) o Antioquia (14,4%). Y acá es importante aclarar algo: estos porcentajes de participación tan bajos no indican que no se esté generando riqueza, sino simplemente que ésta no se queda en las manos de las comunidades del territorio. La evidencia que aportan estos indicadores sólo logra reforzar un hecho que las comunidades intuyen cotidianamente, y es que el carbón, el oro, el petróleo, la madera y demás recursos y servicios de esta región, se drenan rápidamente hacia el centro del país y el epicentro del mercado internacional, sin que sus habitantes logren beneficiarse de su propia producción.
Lo curioso es que, aunque la costa Caribe tiene cifras aparentemente alentadoras sobre empleo, allí la pobreza monetaria (el porcentaje de personas que sobrevive con ingresos inferiores a $258 mil pesos) presenta un comportamiento preocupante. De acuerdo con los registros del DANE para el 2018, entre el listado de los 10 departamentos con mayor pobreza monetaria del país, se encuentran 5 departamentos de la región Caribe. Mientras que el promedio nacional de pobreza está en 27%, Sucre, Cesar, Córdoba y Magdalena oscilan entre el 41% y 47%, destacando La Guajira con un 53,7% de pobreza ¡y apenas un 6,5% de desempleo! ¿Cómo puede ser que la pobreza se generalice en una región que normalmente tiene cifras de desempleo menores o iguales al promedio nacional? La respuesta se encuentra en el tipo de actividad económica que predomina: rebusque, informalidad, trabajo por horas y en general, ocupaciones ligadas a servicios de temporada y/o con pago a destajo.
Este fenómeno de desigualdad, que adquiere una expresión territorial excluyente entre el centro y la periferia del país, tiene un significado concreto y trágico para los colombianos y colombianas que habitan en esta región. La concentración de la tierra, infraestructura vial, los servicios públicos, el acceso y la calidad de la educación, los servicios de salud, la administración de justicia y otros, evidencian la marginalidad y la pobreza a la que fueron sometidos históricamente. Ahora que la consigna es “quédate en casa”, salta a la vista que según el DANE (2018), en Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Bolívar, entre el 66% y el 71% de las viviendas son deficientes, muy por arriba del promedio nacional (36%). Sólo César y Atlántico tienen registros más “aceptables” en este aspecto. Y es que claro, el aislamiento social es un una “actitud responsable” en Bogotá, donde el hacinamiento es bajo (8,5%), pero es “todo un desafío” en departamentos hacinados como La Guajira (35,6%), Magdalena (34%), Sucre (31,6%), Cesar (31,1%), Córdoba (29,2%), Bolívar (28,7%) y Atlántico (23,6%).
Aunque nos detuvimos especialmente a considerar la costa Caribe porque mi terruño me moviliza en esta coyuntura, la reflexión de fondo aplica para cualquier “periferia” económica en cualquier rincón de Colombia. La pandemia no crea la crisis, sólo la pone en evidencia y la profundiza. Si bien es cierto que todos y todas tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para superar esta coyuntura sanitaria, también debemos aprovechar la oportunidad para pensar soluciones estructurales a la pobreza y la desigualdad. El Acuerdo de Paz representa un gran aporte en ese sentido, pero necesitamos avanzar en su implementación, vinculando a las comunidades y comprometiendo a los gobiernos de turno para encarar las problemáticas de fondo.