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El ministro de Hacienda no puede improvisar y no está por encima de la ley. Si hay algo regulado hasta la saciedad es la formación, aprobación y liquidación del presupuesto general de la Nación.
Este tema del presupuesto de los proyectos de infraestructura es una situación insoportable para quienes algo sabemos de las normas aplicables al presupuesto; resulta difícil de digerir que la cabeza del sector actúe de una manera tan ligera y no calcule el impacto de sus actuaciones. El presupuesto general de la Nación no es un ejercicio de cuentas de tienda; la priorización se hace frente a los proyectos nuevos, no con los proyectos existentes.
La ley es clara al señalar que las vigencias futuras “no son negociables”, tienen un proceso de aprobación estricto y soportado que busca no sólo proteger a los destinatarios de tales vigencias futuras; también protege a la Nación y preserva la confianza inversionista. Con este tipo de consideraciones, ¿cómo puede ser posible que el ministro de Hacienda cometa semejante imprudencia?
El artículo 2.8.1.7.1.9 del Decreto 1068 de 2015 que incorpora el Parágrafo del artículo 7 Decreto 1610 de 2013 señala: “El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) podrá modificar las autorizaciones otorgadas cuando considere que las condiciones fiscales o macroeconómicas así lo ameritan, salvo ante los casos de compromisos perfeccionados conforme a lo establecido en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, o procesos de selección iniciados. Las modificaciones no requerirán concepto previo por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).” (se subraya).
Creo que no queda duda alguna que ni el ministro ni el presidente pueden modificar las vigencias futuras de contratos firmados que son “compromiso[s] perfeccionado[s]”. Ahora bien, en las vigencias futuras que respaldan los aportes al fondo de contingencias contractuales del Estado, la situación no cambia, es más, la ley equipara las vigencias futuras al servicio de la deuda así:
“En la discusión y aprobación de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden, las partidas propuestas para las obligaciones contingentes a que se refiere el artículo 1 de la Ley 448 de 1998 se programarán dentro del servicio de la deuda pública y tendrán la prelación correspondiente a ésta. De conformidad con el artículo 351, en concordancia con el 353 de la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, las partidas propuestas por este concepto no podrán ser eliminadas ni disminuidas.” (ARTÍCULO 2.4.1.3.2. D. 1068 de 2015)
Entonces, ¿qué puede hacer el ministro ahora? Corregir el error, transmitir tranquilidad al mercado, sacar un decreto mediante el cual corrige el decreto de liquidación del presupuesto y cumplir con las obligaciones que le corresponden como ministro de Hacienda, proteger a los empleados del Ministerio y dejar atrás este capítulo bochornoso. Pero, sobre todo, dejar de improvisar; hacerle frente al presidente y protegerlo de estas salidas en falso que lo único que hacen es seguir dañando su imagen. Colombia tiene un recorrido de seriedad y confianza en materia presupuestal; ningún presidente de la historia reciente del país se ha puesto la tarea de dañar esta imagen, Petro no puede ser el primero en hacerlo.
Dado que los funcionarios públicos responden por el detrimento que causen al patrimonio público con su propio patrimonio, el ministro debería evitarse ese “problemita”. Los entes de control no se van a quedar callados (de hecho, la Contraloría ya empezó a mirar el tema) y realmente el mercado espera que los pesos y contrapesos constitucionales funcionen, porque la ley existe y ni los funcionarios ni el presidente están por encima de ella; más vale que recuerden que están para cumplirla y proteger el Estado de Derecho.