Inversionistas institucionales: es hora de climatizar las inversiones
Isabel Cavelier*
En Colombia persisten las barreras para la inclusión del cambio climático como una variable relevante en la toma de decisión sobre portafolios de inversión. Es hora de superarlas.
La semana pasada el proveedor de índices británico FTSE Russel tomó la decisión de re-nombrar todo el grupo de industrias del petróleo y gas como energías “no-renovables”, diferenciándolas de alternativas de inversión sostenibles. El cambio fue motivo de gran revuelo en las bolsas internacionales pues los índices informan las decisiones de diversos actores: es evidente que el sistema financiero está respondiendo al estado de emergencia climática que varios gobiernos han declarado en respuesta a los llamados de la ciencia y la ciudadanía.
Mientras tanto en Colombia aun enfrentamos una serie de obstáculos que impiden que el sector financiero se ponga a tono con el movimiento internacional en la materia. La Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de Colombia (CCADI, por sus siglas en inglés), financiada por la cooperación oficial del Reino Unido -donde se han dado los avances más significativos en este tema- identificó las barreras más prominentes para inversionistas institucionales, en particular fondos de pensión y aseguradoras. Vale la pena resaltar algunas de ellas:
1. Falta información confiable, oportuna y digerible sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Esta información deben reportarla en particular vinculada a los informes financieros, y no únicamente como reportes aislados de sostenibilidad que reciben poca atención por parte de los inversionistas.
2. Quienes son responsables de tomar decisiones de inversión desconocen el valor agregado que tiene integrar el componente ambiental en su estrategia de negocio. Además, muchos no consideran que integrar consideraciones de cambio climático sea relevante para el cumplimiento de su deber fiduciario. Pero lo es. En buena medida de eso depende, y cada vez más, la sostenibilidad de las inversiones en un mediano y largo plazo.
3. No existe aun un criterio homogéneo para identificar las actividades e inversiones que aportan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Es necesario desarrollar una taxonomía unificada de actividades climáticamente responsables que facilite la tarea de asignar los recursos financieros en las que sean acordes con la carbono neutralidad. Como mínimo el sector financiero debería estar desviando, y rápido, sus inversiones de las industrias del petróleo, el gas o el carbón.
4. Los esquemas de rentabilidad mínima atada al desempeño promedio de los fondos de pensión induce al comportamiento de “manada”: los administradores tienden a mantener en sus portafolios una estructura similar al portafolio de referencia de la Superintendencia Financiera, para disminuir la posibilidad de desviaciones respecto a la rentabilidad mínima. No hay incentivos para la diversificación.
5. El mercado en Colombia es pequeño y tiene una estructura de inversiones concentrada en bonos del tesoro y pocos grandes emisores, en particular el sector de hidrocarburos. Esto limita la voluntad de aumentar la exposición a inversiones menos tradicionales pero climáticamente inteligentes, por temor a limitar el universo de inversiones actual al excluir el sector de hidrocarburos que es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.
6. No hay incentivos para que el regulador ni los inversionistas institucionales desinviertan en el sector minero-energético, que domina el mercado de valores en el país y la estrategia productiva nacional.
7. Hay poco interés por parte de los inversionistas en innovar sus portafolios y productos. Se amparan en el argumento de que los clientes sólo buscan mejorar su rentabilidad y no demandan productos financieros climáticamente responsables. Pero lo cierto es que los clientes, nosotros los ahorradores, no tenemos opción de elegir en qué se invierten los recursos ni recibimos sistemáticamente la información necesaria para hacerlo.
8. En consecuencia, hay pocas señales regulatorias para incorporar el cambio climático en las decisiones de inversión. Los estándares internacionales aun no figuran como parte de los requisitos legales para entidades financieras o corporaciones listadas en la bolsa. Las recomendaciones del “Task Force on Climate-related Risk Disclosures” es el estándar internacional más importante en la materia.
Es evidente que muchas de estas barreras tienen solución inmediata. El sector tiene la inminente tarea de aumentar su conocimiento en materia de cambio climático y los riesgos financieros que supone para los portafolios. También es necesario que avancemos en materia regulatoria.
No hay tiempo – ni dinero – que perder, por lo que es necesario que nos pongamos todos manos a la obra. La Superintendencia Financiera ha hecho algunos avances en la materia, y la creación del “task force” de inversión responsable en Colombia es esperanzador. Es momento de acelerar este trabajo y hacer que el sector financiero cumpla el papel que le corresponde: el de impulsar la transición hacia una economía carbono-neutral y resiliente al cambio climático. Es lo que tiene sentido frente al deber fiduciario que tienen inversionistas institucionales como los fondos de pensión frente a nosotros, los ciudadanos cuyos ahorros administran.
*Transforma.
Isabel Cavelier*
En Colombia persisten las barreras para la inclusión del cambio climático como una variable relevante en la toma de decisión sobre portafolios de inversión. Es hora de superarlas.
La semana pasada el proveedor de índices británico FTSE Russel tomó la decisión de re-nombrar todo el grupo de industrias del petróleo y gas como energías “no-renovables”, diferenciándolas de alternativas de inversión sostenibles. El cambio fue motivo de gran revuelo en las bolsas internacionales pues los índices informan las decisiones de diversos actores: es evidente que el sistema financiero está respondiendo al estado de emergencia climática que varios gobiernos han declarado en respuesta a los llamados de la ciencia y la ciudadanía.
Mientras tanto en Colombia aun enfrentamos una serie de obstáculos que impiden que el sector financiero se ponga a tono con el movimiento internacional en la materia. La Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de Colombia (CCADI, por sus siglas en inglés), financiada por la cooperación oficial del Reino Unido -donde se han dado los avances más significativos en este tema- identificó las barreras más prominentes para inversionistas institucionales, en particular fondos de pensión y aseguradoras. Vale la pena resaltar algunas de ellas:
1. Falta información confiable, oportuna y digerible sobre el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Esta información deben reportarla en particular vinculada a los informes financieros, y no únicamente como reportes aislados de sostenibilidad que reciben poca atención por parte de los inversionistas.
2. Quienes son responsables de tomar decisiones de inversión desconocen el valor agregado que tiene integrar el componente ambiental en su estrategia de negocio. Además, muchos no consideran que integrar consideraciones de cambio climático sea relevante para el cumplimiento de su deber fiduciario. Pero lo es. En buena medida de eso depende, y cada vez más, la sostenibilidad de las inversiones en un mediano y largo plazo.
3. No existe aun un criterio homogéneo para identificar las actividades e inversiones que aportan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Es necesario desarrollar una taxonomía unificada de actividades climáticamente responsables que facilite la tarea de asignar los recursos financieros en las que sean acordes con la carbono neutralidad. Como mínimo el sector financiero debería estar desviando, y rápido, sus inversiones de las industrias del petróleo, el gas o el carbón.
4. Los esquemas de rentabilidad mínima atada al desempeño promedio de los fondos de pensión induce al comportamiento de “manada”: los administradores tienden a mantener en sus portafolios una estructura similar al portafolio de referencia de la Superintendencia Financiera, para disminuir la posibilidad de desviaciones respecto a la rentabilidad mínima. No hay incentivos para la diversificación.
5. El mercado en Colombia es pequeño y tiene una estructura de inversiones concentrada en bonos del tesoro y pocos grandes emisores, en particular el sector de hidrocarburos. Esto limita la voluntad de aumentar la exposición a inversiones menos tradicionales pero climáticamente inteligentes, por temor a limitar el universo de inversiones actual al excluir el sector de hidrocarburos que es el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero.
6. No hay incentivos para que el regulador ni los inversionistas institucionales desinviertan en el sector minero-energético, que domina el mercado de valores en el país y la estrategia productiva nacional.
7. Hay poco interés por parte de los inversionistas en innovar sus portafolios y productos. Se amparan en el argumento de que los clientes sólo buscan mejorar su rentabilidad y no demandan productos financieros climáticamente responsables. Pero lo cierto es que los clientes, nosotros los ahorradores, no tenemos opción de elegir en qué se invierten los recursos ni recibimos sistemáticamente la información necesaria para hacerlo.
8. En consecuencia, hay pocas señales regulatorias para incorporar el cambio climático en las decisiones de inversión. Los estándares internacionales aun no figuran como parte de los requisitos legales para entidades financieras o corporaciones listadas en la bolsa. Las recomendaciones del “Task Force on Climate-related Risk Disclosures” es el estándar internacional más importante en la materia.
Es evidente que muchas de estas barreras tienen solución inmediata. El sector tiene la inminente tarea de aumentar su conocimiento en materia de cambio climático y los riesgos financieros que supone para los portafolios. También es necesario que avancemos en materia regulatoria.
No hay tiempo – ni dinero – que perder, por lo que es necesario que nos pongamos todos manos a la obra. La Superintendencia Financiera ha hecho algunos avances en la materia, y la creación del “task force” de inversión responsable en Colombia es esperanzador. Es momento de acelerar este trabajo y hacer que el sector financiero cumpla el papel que le corresponde: el de impulsar la transición hacia una economía carbono-neutral y resiliente al cambio climático. Es lo que tiene sentido frente al deber fiduciario que tienen inversionistas institucionales como los fondos de pensión frente a nosotros, los ciudadanos cuyos ahorros administran.
*Transforma.