La democracia peruana, en vilo; las ONG, en riesgo

En los últimos ocho años Perú ha tenido seis presidentes, junto con una violenta represión ciudadana. Este inestable contexto político y retroceso democrático no está dado por un tirano popular, como es común ver en otros países, sino por un Parlamento impopular, con partidos políticos que no representan a la ciudadanía, y líderes outsiders que terminan gobernando el país.

Esta crisis es antecedida por una larga disputa entre sectores políticos radicales, que, si bien durante la transición democrática post-Fujimori lograron consensos sobre la protección medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas, no construyeron un proyecto político fuerte con narrativas democráticas y respetuosas de los derechos humanos. La fragmentación electoral y degradación en la representación política ha sido denominada por los autores Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara como “vaciamiento democrático”.

En medio de ello se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que desde ambos espectros ideológicos son conocidas despectivamente como “caviar”. Para la extrema derecha, los “caviares” son movimientos de izquierda y de derecha moderada que defienden los derechos humanos y la democracia liberal mientras comen caviar. Para la extrema izquierda, los “caviares” son defensores de derechos humanos de élite, que hablan de revolución, pero desde el privilegio y la opulencia.

La sociedad civil, como red de organizaciones no estatales que voluntariamente identifican problemáticas comunes para llevarlas al espacio público, ha puesto en evidencia el vaciamiento democrático. Esto lo ha hecho mediante denuncias ante el sistema judicial interno, la elaboración de informes sobre ataques a la libertad de prensa, el ejercicio de la protesta pacífica, entre otras acciones.

Por ello, ONG peruanas han padecido violentas campañas de hostigamiento y estigmatización para reducir su acción e incidencia: desde el cerco de desinformación digital promovido por el canal de televisión Willax, la perpetración de actos públicos y violentos por parte de grupos como “La Resistencia Dios, Patria y Familia” frente a la sede de trabajo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hasta señalamientos de recibir dineros para ejecutar acciones terroristas. Sumado a eso, la represión en las regiones ha sido brutal: las protestas surgidas en contra del autogolpe del expresidente Pedro Castillo y el actual gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron 50 personas civiles muertas y más de 1.400 heridos.

Adicionalmente, desde el Congreso vienen proponiendo la modificación de leyes para debilitar a la sociedad civil. En un contexto más amplio, una de las formas más comunes de cerrar el espacio de la sociedad civil es mediante la aprobación de leyes nacionales que limiten sus recursos, su libertad de asociación y expresión, e imponen requisitos burocráticos y sanciones que las ahogan y hacen ilegal su propia existencia. Estas leyes, casi calcadas, han sido aprobadas en países latinoamericanos como Guatemala, Nicaragua, Venezuela, y también al otro lado del continente, en Estados como Rusia, China y Egipto, entre otros.

Perú no es la excepción. El pasado 5 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó de forma casi unánime un dictamen o proyecto de ley que busca modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y con ello restringir la libertad de expresión y asociación de las organizaciones no gubernamentales del país.

Según CooperAcción, las principales modificaciones a esta ley están dirigidas no solo a controlar y limitar su financiación, sino también “a neutralizar el accionar de las ONG”. De forma específica, el proyecto de ley señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está facultada para “llevar un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que desarrollan activismo político con el financiamiento directo o indirecto proveniente de la Cooperación Técnica Internacional.” Y que, para efectos de esta ley, “se considera (…) activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, en evidente contravención con la Constitución Política del Perú y la Ley de Organizaciones Políticas Ley Nº 28094″.

En otras palabras, “activismo político” puede ser cualquier acción de una ONG que coincida con los objetivos de la cooperación internacional, encaminada a incidir en las políticas públicas de salud o educación, o el control ciudadano en temas electorales, por ejemplo.

Este proyecto de ley también determina una serie de sanciones para quienes ejerzan “activismo político”, que van desde multas impagables, hasta la cancelación de su registro en la APCI. El lenguaje de este dictamen también permite múltiples interpretaciones, lo cual deja a las ONG en un espacio de incertidumbre y de inseguridad jurídica muy alto. Por ejemplo, señala que “usar indebidamente los recursos de la cooperación o donaciones recibidas del exterior” tiene como consecuencia una sanción “grave”, pero en el texto de la ley no se define qué significa “indebidamente”.  Si bien esta modificación a la ley todavía no ha sido aprobada, se espera que suceda en los próximos meses.

Este hecho no ha pasado inadvertido por la comunidad internacional. El pasado 10 de junio, 16 embajadas, incluida la de la Unión Europea, expresaron su preocupación por este dictamen, señalando que esta ley “restringiría la capacidad de la sociedad civil para actuar en un espacio propicio”, y que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.”

El Estado peruano, desde sus mismos compromisos con el derecho internacional, tiene como obligación garantizar la democracia y, en ese marco, el derecho de la sociedad civil a asociarse y a expresarse. Sin embargo, estamos ante un grave contexto de cierre del espacio cívico que empieza a mostrar distintas señales de alerta, a las que es urgente ponerles atención.

(*) Investigadoras de Dejusticia - Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

En los últimos ocho años Perú ha tenido seis presidentes, junto con una violenta represión ciudadana. Este inestable contexto político y retroceso democrático no está dado por un tirano popular, como es común ver en otros países, sino por un Parlamento impopular, con partidos políticos que no representan a la ciudadanía, y líderes outsiders que terminan gobernando el país.

Esta crisis es antecedida por una larga disputa entre sectores políticos radicales, que, si bien durante la transición democrática post-Fujimori lograron consensos sobre la protección medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas, no construyeron un proyecto político fuerte con narrativas democráticas y respetuosas de los derechos humanos. La fragmentación electoral y degradación en la representación política ha sido denominada por los autores Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara como “vaciamiento democrático”.

En medio de ello se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que desde ambos espectros ideológicos son conocidas despectivamente como “caviar”. Para la extrema derecha, los “caviares” son movimientos de izquierda y de derecha moderada que defienden los derechos humanos y la democracia liberal mientras comen caviar. Para la extrema izquierda, los “caviares” son defensores de derechos humanos de élite, que hablan de revolución, pero desde el privilegio y la opulencia.

La sociedad civil, como red de organizaciones no estatales que voluntariamente identifican problemáticas comunes para llevarlas al espacio público, ha puesto en evidencia el vaciamiento democrático. Esto lo ha hecho mediante denuncias ante el sistema judicial interno, la elaboración de informes sobre ataques a la libertad de prensa, el ejercicio de la protesta pacífica, entre otras acciones.

Por ello, ONG peruanas han padecido violentas campañas de hostigamiento y estigmatización para reducir su acción e incidencia: desde el cerco de desinformación digital promovido por el canal de televisión Willax, la perpetración de actos públicos y violentos por parte de grupos como “La Resistencia Dios, Patria y Familia” frente a la sede de trabajo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hasta señalamientos de recibir dineros para ejecutar acciones terroristas. Sumado a eso, la represión en las regiones ha sido brutal: las protestas surgidas en contra del autogolpe del expresidente Pedro Castillo y el actual gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, dejaron 50 personas civiles muertas y más de 1.400 heridos.

Adicionalmente, desde el Congreso vienen proponiendo la modificación de leyes para debilitar a la sociedad civil. En un contexto más amplio, una de las formas más comunes de cerrar el espacio de la sociedad civil es mediante la aprobación de leyes nacionales que limiten sus recursos, su libertad de asociación y expresión, e imponen requisitos burocráticos y sanciones que las ahogan y hacen ilegal su propia existencia. Estas leyes, casi calcadas, han sido aprobadas en países latinoamericanos como Guatemala, Nicaragua, Venezuela, y también al otro lado del continente, en Estados como Rusia, China y Egipto, entre otros.

Perú no es la excepción. El pasado 5 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó de forma casi unánime un dictamen o proyecto de ley que busca modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y con ello restringir la libertad de expresión y asociación de las organizaciones no gubernamentales del país.

Según CooperAcción, las principales modificaciones a esta ley están dirigidas no solo a controlar y limitar su financiación, sino también “a neutralizar el accionar de las ONG”. De forma específica, el proyecto de ley señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está facultada para “llevar un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que desarrollan activismo político con el financiamiento directo o indirecto proveniente de la Cooperación Técnica Internacional.” Y que, para efectos de esta ley, “se considera (…) activismo político a aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas con recursos de la Cooperación Técnica Internacional, en evidente contravención con la Constitución Política del Perú y la Ley de Organizaciones Políticas Ley Nº 28094″.

En otras palabras, “activismo político” puede ser cualquier acción de una ONG que coincida con los objetivos de la cooperación internacional, encaminada a incidir en las políticas públicas de salud o educación, o el control ciudadano en temas electorales, por ejemplo.

Este proyecto de ley también determina una serie de sanciones para quienes ejerzan “activismo político”, que van desde multas impagables, hasta la cancelación de su registro en la APCI. El lenguaje de este dictamen también permite múltiples interpretaciones, lo cual deja a las ONG en un espacio de incertidumbre y de inseguridad jurídica muy alto. Por ejemplo, señala que “usar indebidamente los recursos de la cooperación o donaciones recibidas del exterior” tiene como consecuencia una sanción “grave”, pero en el texto de la ley no se define qué significa “indebidamente”.  Si bien esta modificación a la ley todavía no ha sido aprobada, se espera que suceda en los próximos meses.

Este hecho no ha pasado inadvertido por la comunidad internacional. El pasado 10 de junio, 16 embajadas, incluida la de la Unión Europea, expresaron su preocupación por este dictamen, señalando que esta ley “restringiría la capacidad de la sociedad civil para actuar en un espacio propicio”, y que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.”

El Estado peruano, desde sus mismos compromisos con el derecho internacional, tiene como obligación garantizar la democracia y, en ese marco, el derecho de la sociedad civil a asociarse y a expresarse. Sin embargo, estamos ante un grave contexto de cierre del espacio cívico que empieza a mostrar distintas señales de alerta, a las que es urgente ponerles atención.

(*) Investigadoras de Dejusticia - Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.