“La literatura contemporánea en ciencia política no explica completamente la forma en que las disputas sobre tierras de pequeña escala contribuyen a la emergencia de guerras civiles y violencia en un escenario de posconflicto” con esta frase Alexandra Hartman** inicia uno de los artículos más sesudos que he leído sobre la necesidad de gestionar los conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra desde su origen. Aunque Hartman muestra con detalle casos de Liberia, Congo e Irak, países muy lejanos geográficamente de Colombia, son cercanos en un tema: los conflictos violentos por los inmuebles rurales. Gestionar los conflictos rurales de manera no violenta es un tema fundamental para el desarrollo pacífico de cualquier democracia moderna.
El hundimiento de la ley ordinaria que establece el procedimiento y las competencias de los jueces y tribunales agrarios en la Comisión Primera del Senado no deja de sorprender y de corroborar cómo diferentes sectores siguen desconociendo el conflicto, los muertos y las víctimas que dejan las disputas violentas por la tierra. Pareciera que para los honorables senadores es más importante ganarle el pulso a un gobierno que atender las necesidades de votantes, ciudadanas y campesinos. En esta apuesta de trabar todas las iniciativas del gobierno olvidan premisas de las democracias. La primera y más importante para mí: la presencia del Estado, básica para el desarrollo económico, social y político de las sociedades democráticas. En esa infraestructura estatal, el acceso a la justicia es indispensable. No es posible hablar de sociedad democrática sin que exista acceso material a la judicatura; en este sentido, la jurisdicción agraria es un paso más en el camino para que Colombia pueda ser considerada una democracia bajo los estándares actuales en donde los conflictos, en este caso sobre la tierra, puedan ser solucionados en estrados judiciales y no mediante el derramamiento de sangre. El desarrollo social pasa por reglas claras: jueces que las hagan cumplir y la convicción ciudadana de que existe un poder judicial que pueda dirimir conflictos cuando hay un incumplimiento de norma o contrato.
Pero hay otros olvidos, como que los jueces de todas y cada una de las jurisdicciones son independientes del poder ejecutivo, y que estos “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley” (artículo 230 de la Constitución Política)-; es decir, no son ejecutores de políticas públicas del ejecutivo. Para el funcionamiento de cualquier jurisdicción, es imprescindible contar con normas que regulen las competencias para llevar a cabo su labor. Por lo cual, hundir la ley ordinaria que fija y reglamenta su funcionamiento es un claro, pero erróneo, mensaje: por encima de los intereses de la nación y de las campesinas, está la necesidad de medir fuerzas con el gobierno. En el ambiente queda la falta de empatía que tienen los senadores con la población campesina y los problemas y disputas a los que se enfrentan todos los días.
El acceso a la justicia es fundamental en las democracias modernas, sin embargo, esto no parece estar en la agenda de los legisladores, y es que esta es una larga tradición de las élites colombianas que ya hace más de 70 años decidieron que había que olvidar el campo y centrarse en la industrialización del país. Solo logramos lo primero y nos trajo como consecuencia más de trescientos mil muertos en una guerra sin nombre, que aún vivimos, pero que, sin duda, principalmente la soportan las campesinas de nuestra tierra.
*Coordinadora académica Observatorio de tierras @TierrasObserva. Profesora Universidad del Rosario.
**Hartman A, Disputas por la tierra en los conflictos: un marco conceptual integrado en Gutiérrez F, editor, Que hacer con el tierrero, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2018 P 65 - 92