(Opinión) Custodia equivocada: el asesinato del niño Lucio Dupuy en Argentina
Por: Isabel González Hurtado
El asesinato del niño Lucio Dupuy, en Argentina, conmocionó a América Latina hace poco más de un año. El niño, de 5 años, fue torturado y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti y por su pareja, Abigaíl Páez. El pasado 13 de febrero, las autoridades judiciales los sentenciaron a cadena perpetua por el asesinato.
Pero ahora hay una tercera persona que podría ir a la cárcel: la jueza, Ana Clara Pérez Ballester, que, aplicando incorrectamente la llamada “perspectiva de género” y desoyendo declaraciones y evidencias sobre el riesgo que correría Lucio en manos de su madre, le otorgó a ella la custodia.
La “perspectiva de género” en Colombia es aplicada con frecuencia por jueces, tribunales y aun por la Corte Suprema de Justicia, aunque, como lo han dicho expertos en la materia, no tiene por qué ser de modo alguno un paradigma de obligatoria aplicación.
La Fundación “Más Vida”, que ha elevado una denuncia penal en contra de la jueza, afirmó que la funcionaria no cumplió los deberes propios de su cargo. “Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sostuvo Raúl Magnasco, presidente de la ONG, según publicó el sitio Infobae.
“Tuvo varias alertas para evitarle la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, señaló a radio Mitre Raúl Magnasco, presidente de la Fundación “Más Vida”, la organización que impulsó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa.
“La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, agregó Magnasco., al tiempo que señaló que cada vez que Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez iban a buscar a Lucio a la casa de la familia paterna, “siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían”.
En esta línea, recordó que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, “fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención”, y puntualizó que a los dos meses de la tenencia en la casa de la madre, el menor ya había sido ingresado a un hospital.
Según el artículo publicado por Infobae, “además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada.
“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en la entrevista a Radio Mitre.
“Estoy conforme con la prisión perpetua, no así con los agravantes de la causa que excluyeron. La condena está incompleta. Mario (Aguerrido, el abogado de la familia Dupuy) va a ser el encargado de seguir con esto para que se incluya a la progenitora como autora en las violaciones a Lucito y que se incluya al odio de género”, dijo ante la consulta de Infobae.
“Precisamos eso para marcar un precedente y que no vuelva a suceder un caso como el de Lucio. Sin esos agravantes en la condena y sin que la ley Lucio todavía se sancione, no tenemos chances de seguir salvando chicos”, amplió.
Colombia no escapa a estas situaciones. Se conocen varios casos de menores que han sido víctimas de malos tratos e, inclusive, de homicidio. Los medios de comunicación han dado cuenta de algunos casos ventilados en los estrados judiciales, en los que han sido víctimas los menores de edad. De hecho, recientemente los colombianos se estremecieron al conocer el asesinato de un niño de manos de su padre, en un hotel de Melgar, Tolima, quien fue juzgado y condenado, en noviembre pasado, por tan horrendo crimen. Respecto a ese hecho, la Fiscalía afirma que “es la primera vez que se prueba que el homicidio de un niño se realiza para “generar dolor y sufrimiento” a la expareja del asesino”.
Según el Instituto de Medicina Legal, durante los primeros ocho meses de 2022 ocurrieron 426 homicidios de niños, niñas y adolescentes, número superior en más de un 12% frente al 2021.
A finales del año 2020, en Cúcuta, Norte de Santander, una niña de escasos tres años murió trágicamente, asesinada con varias puñaladas propinadas por su madre, quien aparentemente padecía algunos problemas mentales.
Estas estremecedoras noticias son suficientes para demandar de los comisarios y jueces de familia una atención especial a la hora de tomar decisiones encaminadas a garantizar la protección de los niños, examinando con el mayor rigor las características y circunstancias de cada asunto sometido a su conocimiento. Se conocen casos en los que, a pesar de la existencia de dictámenes periciales que determinan que una madre no cumple con las condiciones adecuadas para ejercer un adecuado rol materno, y no obstante la exigencia del sometimiento a procesos psicoterapéuticos por psicología o psiquiatría - situaciones que pueden generar un alto impacto negativo en la estabilidad emocional de los menores -, algunos jueces, bajo un mal entendimiento de la teoría de administrar justicia bajo la perspectiva de género, y aun contrariando las recomendaciones de funcionarios del sistema de bienestar familiar, mantienen la custodia en cabeza de la madre enferma, por el solo hecho de ser mujer.
Posturas como las anteriormente descritas constituyen un evidente desconocimiento del principio universal del interés superior del niño, van en contravía de los más elementales principios constitucionales de la prevalencia de los derechos fundamentales de los menores, previstos en el artículo 44 de la Constitución Política, y configuran lo que la propia Corte Constitucional ha denominado los estereotipos de género, en donde para definir la custodia y cuidado personales, el juzgador dicte sentencia con base en considerar que la madre es buena por ser mujer, y el padre malo por ser hombre.
* Abogada especialista de familia.
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Por: Isabel González Hurtado
El asesinato del niño Lucio Dupuy, en Argentina, conmocionó a América Latina hace poco más de un año. El niño, de 5 años, fue torturado y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti y por su pareja, Abigaíl Páez. El pasado 13 de febrero, las autoridades judiciales los sentenciaron a cadena perpetua por el asesinato.
Pero ahora hay una tercera persona que podría ir a la cárcel: la jueza, Ana Clara Pérez Ballester, que, aplicando incorrectamente la llamada “perspectiva de género” y desoyendo declaraciones y evidencias sobre el riesgo que correría Lucio en manos de su madre, le otorgó a ella la custodia.
La “perspectiva de género” en Colombia es aplicada con frecuencia por jueces, tribunales y aun por la Corte Suprema de Justicia, aunque, como lo han dicho expertos en la materia, no tiene por qué ser de modo alguno un paradigma de obligatoria aplicación.
La Fundación “Más Vida”, que ha elevado una denuncia penal en contra de la jueza, afirmó que la funcionaria no cumplió los deberes propios de su cargo. “Las torturas y vejaciones a las que fue sometido ocurrieron en un año, son difíciles de ocultar o pretender que nadie se enteró”, sostuvo Raúl Magnasco, presidente de la ONG, según publicó el sitio Infobae.
“Tuvo varias alertas para evitarle la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, señaló a radio Mitre Raúl Magnasco, presidente de la Fundación “Más Vida”, la organización que impulsó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de La Pampa.
“La denuncia se hace contra todos los funcionarios públicos que hubieran debido intervenir en el proceso. Es difícil pensar que la jueza no tuviera información o sospecha del contexto en el que se encontraba la vivienda definitiva”, agregó Magnasco., al tiempo que señaló que cada vez que Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez iban a buscar a Lucio a la casa de la familia paterna, “siempre había llamados a la policía, discusiones en la puerta, o que cuando tenían que devolverlo no lo hacían”.
En esta línea, recordó que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, “fue varias veces a la Justicia y nadie le dio la más mínima atención”, y puntualizó que a los dos meses de la tenencia en la casa de la madre, el menor ya había sido ingresado a un hospital.
Según el artículo publicado por Infobae, “además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada.
“La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en la entrevista a Radio Mitre.
“Estoy conforme con la prisión perpetua, no así con los agravantes de la causa que excluyeron. La condena está incompleta. Mario (Aguerrido, el abogado de la familia Dupuy) va a ser el encargado de seguir con esto para que se incluya a la progenitora como autora en las violaciones a Lucito y que se incluya al odio de género”, dijo ante la consulta de Infobae.
“Precisamos eso para marcar un precedente y que no vuelva a suceder un caso como el de Lucio. Sin esos agravantes en la condena y sin que la ley Lucio todavía se sancione, no tenemos chances de seguir salvando chicos”, amplió.
Colombia no escapa a estas situaciones. Se conocen varios casos de menores que han sido víctimas de malos tratos e, inclusive, de homicidio. Los medios de comunicación han dado cuenta de algunos casos ventilados en los estrados judiciales, en los que han sido víctimas los menores de edad. De hecho, recientemente los colombianos se estremecieron al conocer el asesinato de un niño de manos de su padre, en un hotel de Melgar, Tolima, quien fue juzgado y condenado, en noviembre pasado, por tan horrendo crimen. Respecto a ese hecho, la Fiscalía afirma que “es la primera vez que se prueba que el homicidio de un niño se realiza para “generar dolor y sufrimiento” a la expareja del asesino”.
Según el Instituto de Medicina Legal, durante los primeros ocho meses de 2022 ocurrieron 426 homicidios de niños, niñas y adolescentes, número superior en más de un 12% frente al 2021.
A finales del año 2020, en Cúcuta, Norte de Santander, una niña de escasos tres años murió trágicamente, asesinada con varias puñaladas propinadas por su madre, quien aparentemente padecía algunos problemas mentales.
Estas estremecedoras noticias son suficientes para demandar de los comisarios y jueces de familia una atención especial a la hora de tomar decisiones encaminadas a garantizar la protección de los niños, examinando con el mayor rigor las características y circunstancias de cada asunto sometido a su conocimiento. Se conocen casos en los que, a pesar de la existencia de dictámenes periciales que determinan que una madre no cumple con las condiciones adecuadas para ejercer un adecuado rol materno, y no obstante la exigencia del sometimiento a procesos psicoterapéuticos por psicología o psiquiatría - situaciones que pueden generar un alto impacto negativo en la estabilidad emocional de los menores -, algunos jueces, bajo un mal entendimiento de la teoría de administrar justicia bajo la perspectiva de género, y aun contrariando las recomendaciones de funcionarios del sistema de bienestar familiar, mantienen la custodia en cabeza de la madre enferma, por el solo hecho de ser mujer.
Posturas como las anteriormente descritas constituyen un evidente desconocimiento del principio universal del interés superior del niño, van en contravía de los más elementales principios constitucionales de la prevalencia de los derechos fundamentales de los menores, previstos en el artículo 44 de la Constitución Política, y configuran lo que la propia Corte Constitucional ha denominado los estereotipos de género, en donde para definir la custodia y cuidado personales, el juzgador dicte sentencia con base en considerar que la madre es buena por ser mujer, y el padre malo por ser hombre.
* Abogada especialista de familia.
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