Sistema General de Participaciones: el diablo está en los detalles

Pocas veces hay grandes consensos en el Congreso y el propósito de descentralizar el Estado es uno de esos casos. Sin importar la orilla política, estamos de acuerdo en la urgencia de atender la inequidad regional; sin embargo, en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) el diablo está en los detalles para que salga bien y cumpla su propósito.

Esta reforma constitucional, que está a punto de aprobarse en la Cámara, busca aumentar los recursos que el gobierno central transfiere a los entes territoriales por el SGP. Además del aumento de recursos, durante sus debates anteriores en el Senado se incorporaron mejoras como la priorización de recursos a las zonas más rezagadas del país; la promoción de la asociatividad territorial; la claridad de la necesidad de hacer una reforma administrativa para reordenar eficientemente competencias entre todos los niveles de gobierno y la inclusión de los 3 años de preescolar dentro de esa destinación de recursos, una victoria crucial para la primera infancia con impacto duradero en el desarrollo del capital humano.

Sin embargo, la reforma enfrenta riesgos que amenazan su éxito. Por ejemplo, el aumento de las transferencias será de 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. He propuesto el 37 %, siguiendo la recomendación de la Misión de Descentralización, un porcentaje que ya implica un gran esfuerzo. Superar este límite sería incumplible, aumentando la presión fiscal y obligando a un reordenamiento de competencias. Ese es precisamente otro punto crítico, pues el plazo de 6 meses para la presentación de la ley de competencias es irreal, se requiere al menos un año para dar un análisis minucioso, amplio y participativo.

El proyecto presenta una contradicción entre recursos y competencias. Aunque el artículo 1 exige su alineación, el parágrafo transitorio del artículo 2 obliga a aumentar recursos anualmente, sin asegurar que las entidades territoriales puedan asumir las competencias necesarias. Esto genera incertidumbre en la ejecución y podría derivar en una mala gestión de los recursos.

La reforma al SGP representa un paso adelante en la descentralización, pero se necesita tomar medidas urgentes para corregir el rumbo y evitar los riesgos identificados. Ojalá la plenaria de la Cámara atienda las advertencias del Banco de la República y la academia, asegurando que el proyecto respete el marco fiscal de mediano plazo y evite impactos graves a corto plazo. Tan solo la sincronización entre recursos y competencias permitiría que la iniciativa sea fiscalmente viable y que la asignación de recursos vaya de la mano con la capacidad real de las entidades territoriales para asumir las nuevas funciones. Seamos claros: el aumento de recursos y competencias debe incluir el fortalecimiento de las capacidades locales, en lo fiscal, planeación y control de la ejecución de recursos.

La reforma al SGP tiene el potencial de transformar la gestión pública y promover un desarrollo más equitativo. Para que esto suceda, es necesario actuar con responsabilidad y visión de largo plazo, alineada con las metas macroeconómicas del país, corrigiendo los errores del pasado y construyendo un sistema que responda a las necesidades del país.

• Senadora de la República por la Alianza Verde.

Pocas veces hay grandes consensos en el Congreso y el propósito de descentralizar el Estado es uno de esos casos. Sin importar la orilla política, estamos de acuerdo en la urgencia de atender la inequidad regional; sin embargo, en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) el diablo está en los detalles para que salga bien y cumpla su propósito.

Esta reforma constitucional, que está a punto de aprobarse en la Cámara, busca aumentar los recursos que el gobierno central transfiere a los entes territoriales por el SGP. Además del aumento de recursos, durante sus debates anteriores en el Senado se incorporaron mejoras como la priorización de recursos a las zonas más rezagadas del país; la promoción de la asociatividad territorial; la claridad de la necesidad de hacer una reforma administrativa para reordenar eficientemente competencias entre todos los niveles de gobierno y la inclusión de los 3 años de preescolar dentro de esa destinación de recursos, una victoria crucial para la primera infancia con impacto duradero en el desarrollo del capital humano.

Sin embargo, la reforma enfrenta riesgos que amenazan su éxito. Por ejemplo, el aumento de las transferencias será de 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación. He propuesto el 37 %, siguiendo la recomendación de la Misión de Descentralización, un porcentaje que ya implica un gran esfuerzo. Superar este límite sería incumplible, aumentando la presión fiscal y obligando a un reordenamiento de competencias. Ese es precisamente otro punto crítico, pues el plazo de 6 meses para la presentación de la ley de competencias es irreal, se requiere al menos un año para dar un análisis minucioso, amplio y participativo.

El proyecto presenta una contradicción entre recursos y competencias. Aunque el artículo 1 exige su alineación, el parágrafo transitorio del artículo 2 obliga a aumentar recursos anualmente, sin asegurar que las entidades territoriales puedan asumir las competencias necesarias. Esto genera incertidumbre en la ejecución y podría derivar en una mala gestión de los recursos.

La reforma al SGP representa un paso adelante en la descentralización, pero se necesita tomar medidas urgentes para corregir el rumbo y evitar los riesgos identificados. Ojalá la plenaria de la Cámara atienda las advertencias del Banco de la República y la academia, asegurando que el proyecto respete el marco fiscal de mediano plazo y evite impactos graves a corto plazo. Tan solo la sincronización entre recursos y competencias permitiría que la iniciativa sea fiscalmente viable y que la asignación de recursos vaya de la mano con la capacidad real de las entidades territoriales para asumir las nuevas funciones. Seamos claros: el aumento de recursos y competencias debe incluir el fortalecimiento de las capacidades locales, en lo fiscal, planeación y control de la ejecución de recursos.

La reforma al SGP tiene el potencial de transformar la gestión pública y promover un desarrollo más equitativo. Para que esto suceda, es necesario actuar con responsabilidad y visión de largo plazo, alineada con las metas macroeconómicas del país, corrigiendo los errores del pasado y construyendo un sistema que responda a las necesidades del país.

• Senadora de la República por la Alianza Verde.