Desigualdades en las vacunaciones

La llegada de las primeras dosis de vacunas a nuestros países ha permitido, el pasado 16 de febrero, poner en marcha las vacunaciones en Colombia, El Salvador y República Dominicana.

Esto haría actual afrontar muchos temas: sus planes de vacunación, la actitud de la población hacia la vacuna, y la eficacia de las vacunas contra las mutaciones del virus que siguen apareciendo, última una en Japón, pero una tal discusión es inútil si desvinculada del análisis de cómo las vacunas han sido y están siendo repartidas (insatisfactoriamente) entre los distintos países.

Hablaremos de números: su fría realidad comprueba que tenía razón el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, cuando, hace unos días, habló de falta de solidaridad de los países ricos.

Esos números, que presentaremos en una Tabla al final, son fríos, pero no mudos.

Al momento de redactar esta nota, 21 de febrero, la base de datos de la Universidad Johns Hopkins registra en su actualización de las 7.50 a.m. (AST) de ayer sábado 200.329.782 vacunaciones. Es posible que para algunos países latinoamericanos la información no sea actualizada. Por ejemplo, Republica Dominicana sigue apareciendo con las 373 del primer día, mientras ya llegó a 8.754. De todas maneras, las pequeñas variaciones de las últimas horas o debidas al intervalo entre la publicación oficial de los datos y su registro no afectan el cuadro de nuestro análisis.

Aumenta muy lentamente el número de los países donde se ha empezado a vacunar. Incluyendo unas cuantas entidades geográficas que en un contexto epidemiológico conviene considerar individualmente, hoy son 92 y el 17 de febrero eran 81, menos de la mitad de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Quince de ellos han realizado casi 178 millones de vacunaciones, 88,7 % del total, mientras los últimos 15 tan sólo unas míseras 30.791. Más de 100 países todavía no han recibido vacunas tres meses después de cuando, en Gran Bretaña, Rusia y China, se empezó a vacunar.

La situación más crítica es la de África, donde, con la excepción de Marruecos que ha vacunado más de dos millones de personas, 6,40 % de su población, y del 20,6 % de las Islas Seychelles, meta turística de los países ricos (61.000 vacunaciones), el total en los otros países (solamente cinco) no llega a 100.000. Y esto en un continente cuya población es de 1.200 millones.

Hace cuatro días, el British Journal of Medicine publicó los resultados de un análisis postmortem muy riguroso, aun cuando limitado a Lusaka, capital de Zambia, donde, entre julio y septiembre, el COVID-19 causó al menos el 15 % de las muertes. El 70 % de los fallecidos murieron en casa y nunca habían tomado pruebas.

No hay razón para creer que Lusaka sea rara avis entre las ciudades africanas, y por lo tanto este resultado cuestiona las usuales explicaciones de la paradoja de tener África mucho menos casos de infecciones y muertes por COVID-19 que América y Europa: inmunidad colectiva de reacción cruzada inducida por la exposición a otros coronavirus, estructura de edades más joven en las poblaciones africanas, experiencia adquirida durante la crisis del Ébola, respuestas inmunes innatas no específicas, protectoras contra el COVID-19.

Los autores del estudio proponen una explicación sencilla y plausible: datos insuficientes. Y afirman que la vigilancia de enfermedades en una emergencia sanitaria mundial puede constituir un desafío demasiado grande para países con recursos limitados y tasas de mortalidad de fondo ya elevadas.

Dudas acerca de la precisión de los datos existen también en los países avanzados, soportadas por los excesos de muertes respecto a la extrapolación de la serie histórica de los decesos.

En América Latina, hay una marcada desigualdad entre cuatro países con poco más de 11 millones y medio, 5,8 % del total, de vacunaciones y los demás donde entre ocho países se llega solamente a totalizar 315.000 vacunaciones.

Un porcentaje del 5,8 % podría parecer aceptable para un continente cuya población el 5,6 % de la mundial. Lo es menos cuando se compare con los de Norte América y Europa. Estados Unidos y Canadá, con el 4,8 % de la población mundial, han realizado el 30,44 % de las vacunaciones, y la Unión Europea, junto con Gran Bretaña, miembro de la Unión hasta el 31 de diciembre pasado, con una población comparable con la de América Latina, ha realizado el 21,4 % de las vacunaciones.

Estos datos son conocidos por los países avanzados. En noviembre pasado se reunió en Abu Dhabi el G20 y hubo amplio consenso de que las vacunas deberían llegar a todos los países, para que nadie se quedara atrás, se dijo.

Claramente la realidad en los dos meses siguientes ha sido distinta. De todos modos, los compromisos de Abu Dhabi han sido confirmados por el G7, el viernes pasado, en Londres, donde dos países cambiaron la posición llevada a Abu Dhabi. Como previsible, uno fue Estados Unidos, cuyo nuevo presidente se ha comprometido a un plan bianual de apoyo al programa COVAX, de 4 billones de dólares. El otro fue Gran Bretaña que ha mostrado apertura acerca de envíos de vacunas a países pobres. También se habló de fondos para ayudarlos y el presidente Macron ha propuesto donaciones de parte de las vacunas compradas por los países ricos.

El comportamiento de los países ricos presenta elementos contradictorios. Hay conciencia de que, si se descontrola la pandemia en África o América Latina, esto impactará negativamente la economía mundial y podrá favorecer el aparecer de nuevas mutaciones, sin mencionar los riesgos de desestabilización política y posibles consecuencias en el equilibrio geopolítico. Sin embargo, han puesto en marcha un acaparamiento de la producción, con compras y opciones de compras a menudo inclusive superiores a su necesidad y posiblemente a la misma producción, favorecidas por su capacidad de ofrecer a las farmacéuticas precios mayores. Esto puede tener explicaciones en problemas de política interna, o en incertidumbres acerca de los tiempos de entrega, pero subestima esas posibles consecuencias.

Esta política permite a los Estados Unidos aspirar alcanzar la disponibilidad de vacunas necesaria para poder vacunar todos para finales de julio, y a Europa ponerse para entonces la meta del 70 %, mientras las perspectivas latinoamericanas son muy diferentes, ya que solamente a finales del año se piensa poder llegar a porcentajes razonables de población vacunada y las de África es que las entregas empiecen lo antes posible.

Un estudio de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) prevé, en un tal escenario, una pérdida de 9.000 billones de dólares a nivel mundial, la cual afectaría principalmente a los países ricos. Pero hay también análisis que no parecen preocuparse de esta posibilidad. En Europa, las preocupaciones de los países más frágiles por el lento desarrollo de la vacuna han sido objeto de una interrogación al Parlamento Europeo del exministro de Finanzas de Rumania que, citando una Sociedad de seguros, ha estimado un costo de 90 billones de euro, si la meta del 70 % se alcanzara con demoras, y por otra parte en su Winter Forecast, la Comisión ha calculado que, si se lograra una inmunidad del 70 % para junio, y no julio, el efecto sobre el GNP europeo sería un mayor crecimiento de 350 billones de euro.

La diferencia de orden de magnitud con la estimación de la CCI nos deja perplejos. De todos modos, esas aspiraciones deberán confrontarse con la realidad de la producción. Las buenas noticias, como la de que la vacuna de Pfizer podría no necesitar temperaturas muy frías, se alternan con las malas de reducción de los suministros, como la anunciada por AstraZeneca.

Hace una semana la presidenta de la Unión Europea reconoció que hubo optimismo acerca de la capacidad de producción y que se habían subestimado las dificultades de la producción en masa.

Probablemente, América Latina deba considerar ampliar a otros países la experiencia piloto de cooperación entre Argentina y México. Estos países, desde agosto, están realizando un programa conjunto, financiado en parte por Carlos Slim, por el cual Argentina provee a México la sustancia activa y el proceso de envase se realiza en México. Este programa tiene como meta la producción de entre 150 y 250 millones de dosis, que se utilizarían también para otros países de América Latina. Hace una semana, México recibió el primer envío del antígeno, solo suficiente para 12 millones de dosis, lo cual no permite ser muy optimistas sobre los tiempos de realización de este programa.

Esta experiencia y la de Brasil, que tiene su propio plan de producción, plantean el tema de una eventual producción local. Las competencias existen, y, en ciertos casos, la voluntad política también. No tuvo éxito el intento del presidente dominicano, Luis Abinader, de llegar a un acuerdo con Moderna para la producción local de la vacuna, que su Gobierno hubiera apoyado, pero esto no resta importancia a la posibilidad de un gran esfuerzo regional para producir la vacuna, aun cuando tal vez los resultados puedan verse solamente en un futuro no inmediato.

No debería haber duda de que, sin desconocer el extraordinario esfuerzo que, también gracias a gigantescas financiaciones públicas, ha permitido a las empresas farmacéuticas llegar a tener vacunas en menos de un año, la salud mundial es más importante del interés de esas empresas.

Si se aceptara esta premisa, no debería haber tampoco duda de que lo que resolvería muchos de los problemas de los países que no pueden permitirse participar en una subasta cuyos precios iniciales ya son caros para ellos, es la liberalización de las patentes de las vacunas para el COVID-19. Esta propuesta fue presentada en diciembre por India y Suráfrica que solicitaron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera los derechos de propiedad intelectual, para tecnologías, medicamentos o vacunas contra el COVID-19, al menos hasta cuando se alcance la inmunidad colectiva.

La propuesta, vista con favor por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, puso en evidencia una diferencia raramente tan marcada entre los países del Norte y los del Sur, porque a pesar de haber en la OMC una mayoría en favor de 99 países, en la reunión del 17-18 de diciembre del Consejo General de la Organización, los países promotores de la propuesta no obtuvieron más que el reconocimiento de que “Los compromisos anticipados de mercado (AMC) … negociados por gobiernos nacionales … [pueden] sesgar la distribución de vacunas sobre la base de la capacidad de pago, en lugar de razones médicas. ... los gobiernos que suscriban un AMC para una posible vacuna que no demuestra evidencia de seguridad y eficacia corren el riesgo de no tener inmediato y suficiente acceso suficiente a otras vacunas exitosas. Estas preocupaciones se han reflejado en declaraciones de algunos miembros de la OMC”.

Es incontrovertible que en estos meses las empresas productoras han privilegiado a algunos compradores. Mientras los países menos ricos estaban esperando, grandes cantidades de dosis han sido provistas por Pfizer y Moderna a los países ricos, aun cuando también ellos han registrado diferencias, sobre todo, aunque no solamente, con relación a los suministros de AstraZeneca. No nos parece que la inmensa diferencia entre las dosis entregadas a los países ricos y a los países menos ricos (si y cuando han sido entregadas), documentada en la tabla siguiente, se pueda justificar con un atraso debido a problemas de abastecimiento o de organización de la producción, ni con un dudoso derecho de prelación de los países más beneficiados, por haber financiado la investigación que ha permitido obtener la vacuna.

En la primera, cuarta y séptima columna de la tabla listamos, respectivamente, los diez países con el mayor número de vacunas suministradas, los siguientes diez y los países de América Latina que, a la fecha del 16 de febrero, habían empezado a vacunar. En las columnas a lado, para cada país, presentamos los porcentajes, calculados haciendo referencia a su población, de todas las vacunaciones y de las completadas con la segunda dosis.

Es evidente que estos datos no son equitativos y muestran que la pandemia no es considerada un problema global que requiere de acciones coordinadas y generales.

Esto preocupa sobre todo las organizaciones internacionales, no solamente la OMS, sino también la ONU. En la reunión del miércoles pasado de su Consejo de Seguridad, el secretario general, Antonio Guterres, tildó de desigual e injusta la situación y declaró que “en este momento crítico, la equidad de las vacunas es la prueba moral más grande que tiene ante sí la comunidad mundial”, pidiendo un Plan de Vacunación Mundial que reúna a quienes tienen el poder de garantizar una distribución equitativa de las vacunas: científicos, fabricantes de vacunas y financiadores. Estas afirmaciones parecen haber tenido eco en la mencionada reunión del G7.

En esa reunión del Consejo de Seguridad, el vocero de los países de menores recursos fue México, cuyo canciller pidió la aceleración del programa COVAX, y que se revierta el acaparamiento de las vacunas, dando prioridad a esos países que, de no haber un cambio de paso, podrán tener que esperar largo tiempo antes de tener acceso a las vacunas.

México, que es también presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es el país que mejor podía recordar al mundo que “La desigualdad abre una brecha ... una división profunda nunca vista en tanto tiempo y que de ello depende la seguridad de toda la humanidad”, fiel al principio que tiene en su ADN, afirmado por Benito Juárez el 16 de julio de 1867: “Respeto al derecho ajeno es la paz”.

La llegada de las primeras dosis de vacunas a nuestros países ha permitido, el pasado 16 de febrero, poner en marcha las vacunaciones en Colombia, El Salvador y República Dominicana.

Esto haría actual afrontar muchos temas: sus planes de vacunación, la actitud de la población hacia la vacuna, y la eficacia de las vacunas contra las mutaciones del virus que siguen apareciendo, última una en Japón, pero una tal discusión es inútil si desvinculada del análisis de cómo las vacunas han sido y están siendo repartidas (insatisfactoriamente) entre los distintos países.

Hablaremos de números: su fría realidad comprueba que tenía razón el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, cuando, hace unos días, habló de falta de solidaridad de los países ricos.

Esos números, que presentaremos en una Tabla al final, son fríos, pero no mudos.

Al momento de redactar esta nota, 21 de febrero, la base de datos de la Universidad Johns Hopkins registra en su actualización de las 7.50 a.m. (AST) de ayer sábado 200.329.782 vacunaciones. Es posible que para algunos países latinoamericanos la información no sea actualizada. Por ejemplo, Republica Dominicana sigue apareciendo con las 373 del primer día, mientras ya llegó a 8.754. De todas maneras, las pequeñas variaciones de las últimas horas o debidas al intervalo entre la publicación oficial de los datos y su registro no afectan el cuadro de nuestro análisis.

Aumenta muy lentamente el número de los países donde se ha empezado a vacunar. Incluyendo unas cuantas entidades geográficas que en un contexto epidemiológico conviene considerar individualmente, hoy son 92 y el 17 de febrero eran 81, menos de la mitad de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Quince de ellos han realizado casi 178 millones de vacunaciones, 88,7 % del total, mientras los últimos 15 tan sólo unas míseras 30.791. Más de 100 países todavía no han recibido vacunas tres meses después de cuando, en Gran Bretaña, Rusia y China, se empezó a vacunar.

La situación más crítica es la de África, donde, con la excepción de Marruecos que ha vacunado más de dos millones de personas, 6,40 % de su población, y del 20,6 % de las Islas Seychelles, meta turística de los países ricos (61.000 vacunaciones), el total en los otros países (solamente cinco) no llega a 100.000. Y esto en un continente cuya población es de 1.200 millones.

Hace cuatro días, el British Journal of Medicine publicó los resultados de un análisis postmortem muy riguroso, aun cuando limitado a Lusaka, capital de Zambia, donde, entre julio y septiembre, el COVID-19 causó al menos el 15 % de las muertes. El 70 % de los fallecidos murieron en casa y nunca habían tomado pruebas.

No hay razón para creer que Lusaka sea rara avis entre las ciudades africanas, y por lo tanto este resultado cuestiona las usuales explicaciones de la paradoja de tener África mucho menos casos de infecciones y muertes por COVID-19 que América y Europa: inmunidad colectiva de reacción cruzada inducida por la exposición a otros coronavirus, estructura de edades más joven en las poblaciones africanas, experiencia adquirida durante la crisis del Ébola, respuestas inmunes innatas no específicas, protectoras contra el COVID-19.

Los autores del estudio proponen una explicación sencilla y plausible: datos insuficientes. Y afirman que la vigilancia de enfermedades en una emergencia sanitaria mundial puede constituir un desafío demasiado grande para países con recursos limitados y tasas de mortalidad de fondo ya elevadas.

Dudas acerca de la precisión de los datos existen también en los países avanzados, soportadas por los excesos de muertes respecto a la extrapolación de la serie histórica de los decesos.

En América Latina, hay una marcada desigualdad entre cuatro países con poco más de 11 millones y medio, 5,8 % del total, de vacunaciones y los demás donde entre ocho países se llega solamente a totalizar 315.000 vacunaciones.

Un porcentaje del 5,8 % podría parecer aceptable para un continente cuya población el 5,6 % de la mundial. Lo es menos cuando se compare con los de Norte América y Europa. Estados Unidos y Canadá, con el 4,8 % de la población mundial, han realizado el 30,44 % de las vacunaciones, y la Unión Europea, junto con Gran Bretaña, miembro de la Unión hasta el 31 de diciembre pasado, con una población comparable con la de América Latina, ha realizado el 21,4 % de las vacunaciones.

Estos datos son conocidos por los países avanzados. En noviembre pasado se reunió en Abu Dhabi el G20 y hubo amplio consenso de que las vacunas deberían llegar a todos los países, para que nadie se quedara atrás, se dijo.

Claramente la realidad en los dos meses siguientes ha sido distinta. De todos modos, los compromisos de Abu Dhabi han sido confirmados por el G7, el viernes pasado, en Londres, donde dos países cambiaron la posición llevada a Abu Dhabi. Como previsible, uno fue Estados Unidos, cuyo nuevo presidente se ha comprometido a un plan bianual de apoyo al programa COVAX, de 4 billones de dólares. El otro fue Gran Bretaña que ha mostrado apertura acerca de envíos de vacunas a países pobres. También se habló de fondos para ayudarlos y el presidente Macron ha propuesto donaciones de parte de las vacunas compradas por los países ricos.

El comportamiento de los países ricos presenta elementos contradictorios. Hay conciencia de que, si se descontrola la pandemia en África o América Latina, esto impactará negativamente la economía mundial y podrá favorecer el aparecer de nuevas mutaciones, sin mencionar los riesgos de desestabilización política y posibles consecuencias en el equilibrio geopolítico. Sin embargo, han puesto en marcha un acaparamiento de la producción, con compras y opciones de compras a menudo inclusive superiores a su necesidad y posiblemente a la misma producción, favorecidas por su capacidad de ofrecer a las farmacéuticas precios mayores. Esto puede tener explicaciones en problemas de política interna, o en incertidumbres acerca de los tiempos de entrega, pero subestima esas posibles consecuencias.

Esta política permite a los Estados Unidos aspirar alcanzar la disponibilidad de vacunas necesaria para poder vacunar todos para finales de julio, y a Europa ponerse para entonces la meta del 70 %, mientras las perspectivas latinoamericanas son muy diferentes, ya que solamente a finales del año se piensa poder llegar a porcentajes razonables de población vacunada y las de África es que las entregas empiecen lo antes posible.

Un estudio de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) prevé, en un tal escenario, una pérdida de 9.000 billones de dólares a nivel mundial, la cual afectaría principalmente a los países ricos. Pero hay también análisis que no parecen preocuparse de esta posibilidad. En Europa, las preocupaciones de los países más frágiles por el lento desarrollo de la vacuna han sido objeto de una interrogación al Parlamento Europeo del exministro de Finanzas de Rumania que, citando una Sociedad de seguros, ha estimado un costo de 90 billones de euro, si la meta del 70 % se alcanzara con demoras, y por otra parte en su Winter Forecast, la Comisión ha calculado que, si se lograra una inmunidad del 70 % para junio, y no julio, el efecto sobre el GNP europeo sería un mayor crecimiento de 350 billones de euro.

La diferencia de orden de magnitud con la estimación de la CCI nos deja perplejos. De todos modos, esas aspiraciones deberán confrontarse con la realidad de la producción. Las buenas noticias, como la de que la vacuna de Pfizer podría no necesitar temperaturas muy frías, se alternan con las malas de reducción de los suministros, como la anunciada por AstraZeneca.

Hace una semana la presidenta de la Unión Europea reconoció que hubo optimismo acerca de la capacidad de producción y que se habían subestimado las dificultades de la producción en masa.

Probablemente, América Latina deba considerar ampliar a otros países la experiencia piloto de cooperación entre Argentina y México. Estos países, desde agosto, están realizando un programa conjunto, financiado en parte por Carlos Slim, por el cual Argentina provee a México la sustancia activa y el proceso de envase se realiza en México. Este programa tiene como meta la producción de entre 150 y 250 millones de dosis, que se utilizarían también para otros países de América Latina. Hace una semana, México recibió el primer envío del antígeno, solo suficiente para 12 millones de dosis, lo cual no permite ser muy optimistas sobre los tiempos de realización de este programa.

Esta experiencia y la de Brasil, que tiene su propio plan de producción, plantean el tema de una eventual producción local. Las competencias existen, y, en ciertos casos, la voluntad política también. No tuvo éxito el intento del presidente dominicano, Luis Abinader, de llegar a un acuerdo con Moderna para la producción local de la vacuna, que su Gobierno hubiera apoyado, pero esto no resta importancia a la posibilidad de un gran esfuerzo regional para producir la vacuna, aun cuando tal vez los resultados puedan verse solamente en un futuro no inmediato.

No debería haber duda de que, sin desconocer el extraordinario esfuerzo que, también gracias a gigantescas financiaciones públicas, ha permitido a las empresas farmacéuticas llegar a tener vacunas en menos de un año, la salud mundial es más importante del interés de esas empresas.

Si se aceptara esta premisa, no debería haber tampoco duda de que lo que resolvería muchos de los problemas de los países que no pueden permitirse participar en una subasta cuyos precios iniciales ya son caros para ellos, es la liberalización de las patentes de las vacunas para el COVID-19. Esta propuesta fue presentada en diciembre por India y Suráfrica que solicitaron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera los derechos de propiedad intelectual, para tecnologías, medicamentos o vacunas contra el COVID-19, al menos hasta cuando se alcance la inmunidad colectiva.

La propuesta, vista con favor por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, puso en evidencia una diferencia raramente tan marcada entre los países del Norte y los del Sur, porque a pesar de haber en la OMC una mayoría en favor de 99 países, en la reunión del 17-18 de diciembre del Consejo General de la Organización, los países promotores de la propuesta no obtuvieron más que el reconocimiento de que “Los compromisos anticipados de mercado (AMC) … negociados por gobiernos nacionales … [pueden] sesgar la distribución de vacunas sobre la base de la capacidad de pago, en lugar de razones médicas. ... los gobiernos que suscriban un AMC para una posible vacuna que no demuestra evidencia de seguridad y eficacia corren el riesgo de no tener inmediato y suficiente acceso suficiente a otras vacunas exitosas. Estas preocupaciones se han reflejado en declaraciones de algunos miembros de la OMC”.

Es incontrovertible que en estos meses las empresas productoras han privilegiado a algunos compradores. Mientras los países menos ricos estaban esperando, grandes cantidades de dosis han sido provistas por Pfizer y Moderna a los países ricos, aun cuando también ellos han registrado diferencias, sobre todo, aunque no solamente, con relación a los suministros de AstraZeneca. No nos parece que la inmensa diferencia entre las dosis entregadas a los países ricos y a los países menos ricos (si y cuando han sido entregadas), documentada en la tabla siguiente, se pueda justificar con un atraso debido a problemas de abastecimiento o de organización de la producción, ni con un dudoso derecho de prelación de los países más beneficiados, por haber financiado la investigación que ha permitido obtener la vacuna.

En la primera, cuarta y séptima columna de la tabla listamos, respectivamente, los diez países con el mayor número de vacunas suministradas, los siguientes diez y los países de América Latina que, a la fecha del 16 de febrero, habían empezado a vacunar. En las columnas a lado, para cada país, presentamos los porcentajes, calculados haciendo referencia a su población, de todas las vacunaciones y de las completadas con la segunda dosis.

Es evidente que estos datos no son equitativos y muestran que la pandemia no es considerada un problema global que requiere de acciones coordinadas y generales.

Esto preocupa sobre todo las organizaciones internacionales, no solamente la OMS, sino también la ONU. En la reunión del miércoles pasado de su Consejo de Seguridad, el secretario general, Antonio Guterres, tildó de desigual e injusta la situación y declaró que “en este momento crítico, la equidad de las vacunas es la prueba moral más grande que tiene ante sí la comunidad mundial”, pidiendo un Plan de Vacunación Mundial que reúna a quienes tienen el poder de garantizar una distribución equitativa de las vacunas: científicos, fabricantes de vacunas y financiadores. Estas afirmaciones parecen haber tenido eco en la mencionada reunión del G7.

En esa reunión del Consejo de Seguridad, el vocero de los países de menores recursos fue México, cuyo canciller pidió la aceleración del programa COVAX, y que se revierta el acaparamiento de las vacunas, dando prioridad a esos países que, de no haber un cambio de paso, podrán tener que esperar largo tiempo antes de tener acceso a las vacunas.

México, que es también presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es el país que mejor podía recordar al mundo que “La desigualdad abre una brecha ... una división profunda nunca vista en tanto tiempo y que de ello depende la seguridad de toda la humanidad”, fiel al principio que tiene en su ADN, afirmado por Benito Juárez el 16 de julio de 1867: “Respeto al derecho ajeno es la paz”.