La última semana de octubre, asistí como invitado a la segunda cumbre mundial diamante en México, en la sede de la Red de Revistas de América Latina, España y Portugal (REDALYC). Con el subtítulo “El conocimiento como bien común”, este evento reunió a representantes de todo el mundo para discutir sobre el acceso abierto al conocimiento científico. Contó con la participación de la UNESCO, la Unión Europea, un delegado de la National Science Foundation, así como representantes de Europa, Asia, América Latina y África.
El eje de la cumbre fue el conocimiento como un bien común. Hoy, el acceso al conocimiento es un derecho humano y la mayor fuente de financiación de la ciencia del mundo está ligada a agencias que usan recursos públicos. Por tanto, el acceso abierto es una consecuencia lógica. Incluso en los Estados Unidos, el memorando Nelson está claramente orientado en esta dirección. Ante este panorama legal en el mundo, que el conocimiento debe estar libre para que pueda ser consultado y usado por las comunidades y la sociedad, no tiene discusión. La Unión Europea también se ha comprometido con este proceso e iniciativas como la coalición S y su plan S para el acceso abierto es financiado por múltiples agencias europeas de ciencia y co-financiadas por entidades como la fundación Bill y Melinda Gates. Todas en la misma dirección: el conocimiento científico debe ser de acceso libre. Es evidente que los ataques iniciales y sistemáticos a cuestionar el acceso abierto, cuestionando la calidad de ese conocimiento, son parte del pasado y las grandes empresas editoriales que controlan más del 70 % de las revistas científicas han cambiado el modelo de negocio para poder cumplir con las exigencias que las sociedades han presionado de colocar en acceso abierto el conocimiento que se deposita en revistas científicas. No obstante, estas casas editoriales venden las bases de datos a las universidades y centros de investigación que pagan sumas cuantiosas porque sus infraestructuras de información cuenten con conocimiento de calidad. Evidentemente, en sistemas con profundas desigualdades, las universidades sin recursos no pueden costear el acceso a este conocimiento.
Las empresas, ante la creciente presión, han desarrollado otro modelo, el denominado pagar por publicar (APC - Article Processing Charge). Es decir, trasladan los costos del acceso abierto a los investigadores o a las instituciones financiadoras. No obstante, los costos se han incrementado de tal forma que aquí se ha generado una nueva brecha. Si los investigadores o las instituciones no tienen dinero, no pueden publicar y responder a las presiones generadas por los sistemas de evaluación, acreditación y los rankings. Simplemente, no pueden publicar en acceso abierto. El pago puede ser de más de 3.000 dólares por artículo.
La asimetría generada por el compromiso de los sistemas de evaluación con algunos indicadores derivados de la publicación ha generado prácticas perversas para incrementar la cantidad de artículos y de publicar en revistas que, según los indicadores, están mejor posicionadas de acuerdo con estos. El problema es que estos indicadores son muy cuestionados, tienen fallas técnicas, son fácilmente manipulables y no dan cuenta del impacto real de un artículo en particular, que es uno de los resultados del proceso de investigación. Por otro lado, los impactos de la investigación suelen desbordar el ámbito de los artículos científicos.
En definitiva, la sostenibilidad del sistema se pone en riesgo. Estamos ante un panorama en el que los pocos recursos no alcanzarán para investigar, publicar y comprar infraestructuras de conocimiento, léase bases de datos tanto de revistas como de la información que se deriva de los mismos. En este sentido, el sostenimiento económico del sistema colombiano será más vulnerable aún, y más con los pocos recursos con los que cuenta. Para aclarar en términos económicos sencillos a algunos de los actores de las gobernanzas institucionales (rectores y vicerrectores) de las universidades, así como a los directivos de Minciencias, estamos pagando:
- Por las bases de datos que cuestan millones.
- Por publicar en las revistas que están en las bases de datos que cuestan millones a las instituciones.
- Por los sistemas de información que dan cuenta de esta producción que cuestan millones.
- Y los sistemas de incentivos institucionales pagan por publicar. En el caso de Colombia, un decreto regula esto, el 1279, que lleva el incentivo al salario de toda la vida y a los procesos de ascenso en los escalafones. En el caso de las privadas, a bonificaciones ocasionales, pero a sistemas de puntos que lo vinculan al ascenso a los escalafones. En ambos casos, son dinero.
Es claro que en ocasiones la compartimentación institucional no permite identificar los múltiples costos asociados a la publicación. Aclarar este panorama complejo requiere pensar múltiples salidas y procesos de negociación con los múltiples actores del sistema y, por esta razón, la medida de congelar un nuevo modelo de medición de revistas, de investigadores y grupos es la mejor medida que, como país, podemos tomar. Por los costos que los mismos implican señalados anteriormente que para un país con tan pocos recursos para la investigación, no tiene sentido que destinemos más recursos para publicar que para investigar. Debería ser claro que los acuerdos con las grandes casas editoriales deberían ser revisados, pues en las condiciones actuales solo están contribuyendo a incrementar la desigualdad.
El problema es de tal magnitud y es tan universal que la cumbre claramente se comprometió con el acceso abierto y sin APC, es decir, sin pagar por publicar. A esto se le denomina publicación diamante. Es evidente que es un problema complejo, pues las empresas editoriales, que como cualquier empresa buscan incrementar las ganancias, deben repensar de nuevo el negocio. Pues de nuevo, la sostenibilidad de la financiación de la poca investigación que podemos producir, en especial en contextos como el nuestro, encarece tanto que lo hace insostenible. Por otro lado, ante el consenso tan abrumador de la cumbre global en torno al compromiso con el acceso diamante y la necesaria modificación de los sistemas de evaluación, debe llamar la atención a los diferentes actores de nuestro ecosistema de conocimiento. Así, el Ministerio de Ciencia, las universidades y los investigadores deben reflexionar y analizar sobre las consecuencias que tiene sobre nuestro sistema.
Para resolver este problema, los países deben adoptar políticas que promuevan el acceso abierto al conocimiento científico y sin costo para los investigadores. Estas políticas podrían incluir:
- Apoyar y hacer sostenibles los sistemas de acceso abierto diamante que, en la región, tienen una larga tradición y son muy fuertes.
- Modificar los sistemas de evaluación y acreditación para que no favorezcan la publicación de artículos en revistas de pago o con APC y que tomen en cuenta múltiples indicadores e incluso.
- Transformar los sistemas de evaluación de grupos e investigadores de forma que no estén centrados en la cantidad o en la posición de la revista como un todo. Buscar los impactos de los productos de conocimiento, tanto los derivados del artículo como de los impactos sociales o tecnológicos del conocimiento derivado de los resultados de la investigación.
- Renegociar los acuerdos transformacionales. No se puede pagar por las bases de datos y no poder acceder a los mismos que se han publicado por los autores de las instituciones sin pagar los APC es un doble pago.
Detener el proceso de evaluación de revistas, investigadores y grupos es paso importante para asegurar la sostenibilidad futura del sistema y corregir las perversiones que se han generado y se han denunciado recientemente en diversos medios de comunicación en diversas latitudes por tanto comprometernos con la promoción del acceso abierto diamante de calidad tratándolo como un bien público, como un derecho humano y no como una fuente más de desigualdad es el camino que debería orientar a los diferentes actores del sistema científico nacional.
* Wilson López López es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana. Embajador del Plan S.