El futuro de Guatemala no está en la boleta electoral, está en los ciudadanos
Por Álvaro Montenegro
Ciudad de Guatemala — El horizonte de la democracia en Guatemala está nublado. Hoy, el día de la primera vuelta de las elecciones generales, se acumula una lista de catástrofes en mi país.
En sus cuatro años en el poder, el presidente Jimmy Morales se ha mostrado decidido a socavar el Estado de derecho guatemalteco. Durante su mandato se ha afianzado una alianza parlamentaria que pretende proteger a políticos, militares y empresarios acusados de corrupción u otros delitos; se han desobedecido mandatos de la Corte de Constitucionalidad, y se ha desvirtuado el proceso electoral al intentar deslegitimarlo y al bloquear candidaturas a la presidencia. Pero quizás el caso más grave ha sido la revocación arbitraria del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente independiente de investigación respaldado por las Naciones Unidas desde 2007.
La Cicig es tan importante porque en poco más de una década de trabajo desnudó un sistema profundamente defectuoso: sus investigaciones derivaron en más de 100 casos de alto impacto que han llegado a los tribunales, de los cuales se produjeron alrededor de 300 condenas. Hay dos expresidentes imputados y el presidente actual tiene acusaciones. La comisión logró demostrar algo que parecía inimaginable en Guatemala y buena parte de América Latina: nadie está fuera del alcance de la justicia. Y, por lo mismo, la Cicig tiene los días contados. En agosto de 2018, rodeado de militares, el presidente Morales anunció que la comisión no continuaría más: el 3 de septiembre de este año será su último día.
El recuento de actos dirigidos a recomponer el entramado corrupto que había dominado a Guatemala por décadas es especialmente inquietante en la antesala de la votación. Especialmente porque en las papeletas no estará la exfiscala Thelma Aldana, la única alternativa con alta intención de voto que se posicionó en favor de la Cicig. Resulta paradójico que la Cicig, un órgano que tiene el 72 % de aprobación popular, esté ausente en la agenda electoral. Pocos candidatos se han pronunciado a favor de la comisión y, de los punteros, ninguno lo ha hecho de forma decidida.
Es una omisión que los ciudadanos debemos asegurarnos de remediar. La esperanza real de Guatemala no está en la boleta electoral, está en la gente que participa activamente. Nuestras herramientas serán la presión social (que ha resultado efectiva en el pasado), fortalecer las redes de organizaciones, votar por diputados independientes y hacer valer en la segunda vuelta una demanda masiva en favor de seguir la lucha contra la impunidad.
La Cicig podría revivirse si el sucesor de Morales respalda su continuación, aunado a los apoyos necesarios en el Congreso. Pero sin Aldana en la contienda electoral será muy difícil: la mayoría de los partidos políticos tiene acusaciones o investigaciones por financiamiento electoral ilícito, incluida la candidata favorita a ganar la presidencia, Sandra Torres. Pero también es un tema espinoso que podría reducir el financiamiento en las campañas de los aspirantes (las investigaciones de la comisión han afectado a muchos líderes empresariales).
En la semana de las elecciones hay incertidumbre: dos de las tres candidatas punteras fueron eliminadas de la contienda por resoluciones de la máxima corte —Aldana y Zury Ríos—. Eso ha provocado que la intención de voto esté fragmentada: el 66 % de la población no se identifica con ningún partido. Este panorama abre la posibilidad de que en la segunda vuelta se posicione una narrativa en favor de salvar a la Cicig.
La ciudadanía y los grupos que han nacido de la erupción de las protestas de 2015 debemos apoyar solo a candidatos que respalden a la Cicig y que quieran preservar el legado de autonomía judicial y cultura de legalidad que inició la comisión. Las elecciones, está claro, no resolverán los conflictos de una nación atribulada —en solo ocho meses, más de 160.000 personas han salido de un país sin esperanzas—, pero los ciudadanos debemos ser, como lo hemos sido en nuestra historia, el gran contrapeso del poder.
La ciudadanía ha jugado un papel crucial desde que finalizaron las dictaduras militares en 1985. En Guatemala nunca se ha consolidado una oposición política dentro de los partidos institucionalizados, por lo que la sociedad civil ha tomado desde entonces esa función.
Esa llama de vigilancia social debe continuar. Somos nosotros quienes tenemos que seguir empujando, de manera organizada y pacífica, la continuidad del proceso de fortalecer la justicia. Más de un millón de guatemaltecos salimos a manifestarnos en 2015 por 20 sábados consecutivos para que el presidente, Otto Pérez Molina, renunciara y fuera juzgado. Y lo logramos. Ese impulso ciudadano no ha menguado: en 2017 cientos de personas rodeamos el Congreso para obligar a los diputados a que dieran marcha atrás a una amnistía en favor de los políticos y empresarios y en enero de este año marchamos para apoyar la decisión judicial que frenó el intento de Morales de poner fin al mandato de Cicig en ese momento.
Una forma de honrar las protestas callejeras de 2015 es respaldar las candidaturas que de manera pública hablen de la Cicig como un elemento esencial en su plan de gobierno. Esto podrá cobrar mayor relevancia en la segunda vuelta, cuando los candidatos compitan por un electorado que está a favor de la comisión.
Con más manifestaciones y con la coordinación del voto por los aspirantes que sean pro-Cicig, los guatemaltecos de a pie debemos ser ese contrapeso instrumental de nuestra democracia y desechar las tentaciones autoritarias y regresivas que siguen rondando en Guatemala.
* Periodista y miembro del colectivo #JusticiaYa, desde donde se promovieron las protestas contra la corrupción en Guatemala durante 2015.
(c) The New York Times.
Por Álvaro Montenegro
Ciudad de Guatemala — El horizonte de la democracia en Guatemala está nublado. Hoy, el día de la primera vuelta de las elecciones generales, se acumula una lista de catástrofes en mi país.
En sus cuatro años en el poder, el presidente Jimmy Morales se ha mostrado decidido a socavar el Estado de derecho guatemalteco. Durante su mandato se ha afianzado una alianza parlamentaria que pretende proteger a políticos, militares y empresarios acusados de corrupción u otros delitos; se han desobedecido mandatos de la Corte de Constitucionalidad, y se ha desvirtuado el proceso electoral al intentar deslegitimarlo y al bloquear candidaturas a la presidencia. Pero quizás el caso más grave ha sido la revocación arbitraria del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente independiente de investigación respaldado por las Naciones Unidas desde 2007.
La Cicig es tan importante porque en poco más de una década de trabajo desnudó un sistema profundamente defectuoso: sus investigaciones derivaron en más de 100 casos de alto impacto que han llegado a los tribunales, de los cuales se produjeron alrededor de 300 condenas. Hay dos expresidentes imputados y el presidente actual tiene acusaciones. La comisión logró demostrar algo que parecía inimaginable en Guatemala y buena parte de América Latina: nadie está fuera del alcance de la justicia. Y, por lo mismo, la Cicig tiene los días contados. En agosto de 2018, rodeado de militares, el presidente Morales anunció que la comisión no continuaría más: el 3 de septiembre de este año será su último día.
El recuento de actos dirigidos a recomponer el entramado corrupto que había dominado a Guatemala por décadas es especialmente inquietante en la antesala de la votación. Especialmente porque en las papeletas no estará la exfiscala Thelma Aldana, la única alternativa con alta intención de voto que se posicionó en favor de la Cicig. Resulta paradójico que la Cicig, un órgano que tiene el 72 % de aprobación popular, esté ausente en la agenda electoral. Pocos candidatos se han pronunciado a favor de la comisión y, de los punteros, ninguno lo ha hecho de forma decidida.
Es una omisión que los ciudadanos debemos asegurarnos de remediar. La esperanza real de Guatemala no está en la boleta electoral, está en la gente que participa activamente. Nuestras herramientas serán la presión social (que ha resultado efectiva en el pasado), fortalecer las redes de organizaciones, votar por diputados independientes y hacer valer en la segunda vuelta una demanda masiva en favor de seguir la lucha contra la impunidad.
La Cicig podría revivirse si el sucesor de Morales respalda su continuación, aunado a los apoyos necesarios en el Congreso. Pero sin Aldana en la contienda electoral será muy difícil: la mayoría de los partidos políticos tiene acusaciones o investigaciones por financiamiento electoral ilícito, incluida la candidata favorita a ganar la presidencia, Sandra Torres. Pero también es un tema espinoso que podría reducir el financiamiento en las campañas de los aspirantes (las investigaciones de la comisión han afectado a muchos líderes empresariales).
En la semana de las elecciones hay incertidumbre: dos de las tres candidatas punteras fueron eliminadas de la contienda por resoluciones de la máxima corte —Aldana y Zury Ríos—. Eso ha provocado que la intención de voto esté fragmentada: el 66 % de la población no se identifica con ningún partido. Este panorama abre la posibilidad de que en la segunda vuelta se posicione una narrativa en favor de salvar a la Cicig.
La ciudadanía y los grupos que han nacido de la erupción de las protestas de 2015 debemos apoyar solo a candidatos que respalden a la Cicig y que quieran preservar el legado de autonomía judicial y cultura de legalidad que inició la comisión. Las elecciones, está claro, no resolverán los conflictos de una nación atribulada —en solo ocho meses, más de 160.000 personas han salido de un país sin esperanzas—, pero los ciudadanos debemos ser, como lo hemos sido en nuestra historia, el gran contrapeso del poder.
La ciudadanía ha jugado un papel crucial desde que finalizaron las dictaduras militares en 1985. En Guatemala nunca se ha consolidado una oposición política dentro de los partidos institucionalizados, por lo que la sociedad civil ha tomado desde entonces esa función.
Esa llama de vigilancia social debe continuar. Somos nosotros quienes tenemos que seguir empujando, de manera organizada y pacífica, la continuidad del proceso de fortalecer la justicia. Más de un millón de guatemaltecos salimos a manifestarnos en 2015 por 20 sábados consecutivos para que el presidente, Otto Pérez Molina, renunciara y fuera juzgado. Y lo logramos. Ese impulso ciudadano no ha menguado: en 2017 cientos de personas rodeamos el Congreso para obligar a los diputados a que dieran marcha atrás a una amnistía en favor de los políticos y empresarios y en enero de este año marchamos para apoyar la decisión judicial que frenó el intento de Morales de poner fin al mandato de Cicig en ese momento.
Una forma de honrar las protestas callejeras de 2015 es respaldar las candidaturas que de manera pública hablen de la Cicig como un elemento esencial en su plan de gobierno. Esto podrá cobrar mayor relevancia en la segunda vuelta, cuando los candidatos compitan por un electorado que está a favor de la comisión.
Con más manifestaciones y con la coordinación del voto por los aspirantes que sean pro-Cicig, los guatemaltecos de a pie debemos ser ese contrapeso instrumental de nuestra democracia y desechar las tentaciones autoritarias y regresivas que siguen rondando en Guatemala.
* Periodista y miembro del colectivo #JusticiaYa, desde donde se promovieron las protestas contra la corrupción en Guatemala durante 2015.
(c) The New York Times.