Desde principios de este año, he seguido la coyuntura electoral con mucha atención. Tal vez peque de romántica, pero creo que es deber de los ciudadanos informarnos lo mejor posible. Por eso, he visto con juicio casi todos los debates presidenciales. Para mi sorpresa, a pesar de que estamos en una década crítica en términos de cambio climático y biodiversidad, la agenda ha estado muy marcada por una temática casi totalmente económica: hemos visto propuestas pensionales, tributarias y, en general, ideas que buscan que Colombia se recupere del coletazo de la crisis económica de la pandemia.
En cambio, durante los debates, he notado un gran ausente: el ambiente. Aunque se han organizado eventos muy importantes para informar al público sobre el tema, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad no han tenido el protagonismo que merecen.
Esto, sin duda, debe llevarnos a una reflexión. Tal vez desde el sector ambiental no hemos sido lo suficientemente exitosos en enmarcar esta urgencia, que es la más apremiante de nuestros tiempos, de manera suficientemente clara y explícita, tanto para los candidatos como para la ciudadanía en general. De golpe no hemos repetido lo suficiente que es imposible hablar de economía sin hablar de medio ambiente y que la biodiversidad es nuestro principal motor de desarrollo. Al final, estos son asuntos ambientales, pero también económicos.
Históricamente, en Colombia hemos entendido la conservación como una limitante al desarrollo económico, incluso cuando tenemos cada vez más ejemplos que demuestran que es posible trascender esta concepción. La protección de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático se han interpretado como una acción contraria al crecimiento económico, cuando la realidad es que son nuestra principal oportunidad para un desarrollo sostenible, justo e inclusivo. Somos el segundo país más biodiverso del planeta y proteger la biodiversidad no es solo cuestión de prepararnos para el futuro, dada nuestra vulnerabilidad al cambio climático, sino que es, también, nuestro mejor negocio. Ojalá el próximo gobierno lo entienda y logremos dejar atrás la falsa disputa entre la conservación y el desarrollo.
Para eso, sin embargo, será fundamental que logremos articular el medio ambiente con las discusiones económicas. La oportunidad para Colombia es enorme, pero es necesario que el Estado, con el sector privado y la sociedad civil, implemente acciones prioritarias en cuatro frentes: la coherencia fiscal con las metas ambientales, la creación de sistemas productivos regenerativos y sostenibles, la planeación territorial integrada y la seguridad hídrica.
El tema fiscal estará en la agenda del próximo gobierno y está claro que Colombia es poco eficiente en la distribución de sus recursos económicos. Pero, además, actualmente, contamos con subsidios e incentivos tributarios perjudiciales para el ambiente, como por ejemplo las tasas de crédito preferenciales a actividades agropecuarias por fuera de la frontera agrícola. Al mismo tiempo, contamos con una brecha de financiación del 32 % para nuestra Política Integral de la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos a 2030. Necesitamos reformar los subsidios perjudiciales, reubicándolos para aumentar los flujos de capital para cumplir con nuestras metas ambientales. Esto no solamente optimiza las inversiones, sino que reduce el gasto ambiental actual.
De manera complementaria, debemos garantizar la seguridad alimentaria a través de la creación y el fortalecimiento de sistemas productivos regenerativos y sostenibles, pues los métodos de producción agropecuaria tradicionales ponen en riesgo la sostenibilidad del agua, la productividad y el acceso a alimentos en el largo plazo. Lograrlo significaría un aporte sustancial a la lucha global contra el cambio climático. Un buen ejemplo es el proyecto Ganadería Colombia Sostenible, impulsado desde The Nature Conservancy (TNC). Mediante la implementación de modelos silvopastoriles de producción ganadera, el proyecto trajo un aumento del 25 % en producción lechera, un incremento de ingresos en fincas de USD$576 por hectárea y la conservación de 18.283 hectáreas de bosques.
Otro aspecto urgente es el de la planeación territorial, que actualmente se encuentra fragmentada. No hemos logrado que el ordenamiento del suelo y la planificación de las obras incorporen como criterio decisivo la biodiversidad y la adaptación y la mitigación del cambio climático. Esto debe cambiar, y para ello es fundamental que el Estado incorpore integralmente la jerarquía de la mitigación en todos sus procesos de ordenamiento y planeación.
Finalmente, la protección y restauración de nuestras cuencas de agua y el acceso equitativo y sostenible a este recurso debe ser una prioridad para el país. Tenemos un andamiaje institucional débil y necesitamos fortalecer los esquemas de gobernanza del agua, e impulsar la creación y el fortalecimiento de instrumentos de gestión hídrica como los Fondos de Agua. Estas son estrategias pioneras que permiten garantizar la sostenibilidad financiera y la articulación multisectorial para la protección de las cuencas, generando beneficios para todos los sectores del país.
Estas son apenas cuatro necesidades claves, pero el camino es largo y apremiante. Tal vez no sea tarde para que el medio ambiente tenga en los debates -y en la conversación nacional- el espacio que se merece, porque, en cualquier caso, la ambiental es la crisis más urgente de nuestros tiempos.
* Directora de The Nature Conservancy Colombia
Desde principios de este año, he seguido la coyuntura electoral con mucha atención. Tal vez peque de romántica, pero creo que es deber de los ciudadanos informarnos lo mejor posible. Por eso, he visto con juicio casi todos los debates presidenciales. Para mi sorpresa, a pesar de que estamos en una década crítica en términos de cambio climático y biodiversidad, la agenda ha estado muy marcada por una temática casi totalmente económica: hemos visto propuestas pensionales, tributarias y, en general, ideas que buscan que Colombia se recupere del coletazo de la crisis económica de la pandemia.
En cambio, durante los debates, he notado un gran ausente: el ambiente. Aunque se han organizado eventos muy importantes para informar al público sobre el tema, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad no han tenido el protagonismo que merecen.
Esto, sin duda, debe llevarnos a una reflexión. Tal vez desde el sector ambiental no hemos sido lo suficientemente exitosos en enmarcar esta urgencia, que es la más apremiante de nuestros tiempos, de manera suficientemente clara y explícita, tanto para los candidatos como para la ciudadanía en general. De golpe no hemos repetido lo suficiente que es imposible hablar de economía sin hablar de medio ambiente y que la biodiversidad es nuestro principal motor de desarrollo. Al final, estos son asuntos ambientales, pero también económicos.
Históricamente, en Colombia hemos entendido la conservación como una limitante al desarrollo económico, incluso cuando tenemos cada vez más ejemplos que demuestran que es posible trascender esta concepción. La protección de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático se han interpretado como una acción contraria al crecimiento económico, cuando la realidad es que son nuestra principal oportunidad para un desarrollo sostenible, justo e inclusivo. Somos el segundo país más biodiverso del planeta y proteger la biodiversidad no es solo cuestión de prepararnos para el futuro, dada nuestra vulnerabilidad al cambio climático, sino que es, también, nuestro mejor negocio. Ojalá el próximo gobierno lo entienda y logremos dejar atrás la falsa disputa entre la conservación y el desarrollo.
Para eso, sin embargo, será fundamental que logremos articular el medio ambiente con las discusiones económicas. La oportunidad para Colombia es enorme, pero es necesario que el Estado, con el sector privado y la sociedad civil, implemente acciones prioritarias en cuatro frentes: la coherencia fiscal con las metas ambientales, la creación de sistemas productivos regenerativos y sostenibles, la planeación territorial integrada y la seguridad hídrica.
El tema fiscal estará en la agenda del próximo gobierno y está claro que Colombia es poco eficiente en la distribución de sus recursos económicos. Pero, además, actualmente, contamos con subsidios e incentivos tributarios perjudiciales para el ambiente, como por ejemplo las tasas de crédito preferenciales a actividades agropecuarias por fuera de la frontera agrícola. Al mismo tiempo, contamos con una brecha de financiación del 32 % para nuestra Política Integral de la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos a 2030. Necesitamos reformar los subsidios perjudiciales, reubicándolos para aumentar los flujos de capital para cumplir con nuestras metas ambientales. Esto no solamente optimiza las inversiones, sino que reduce el gasto ambiental actual.
De manera complementaria, debemos garantizar la seguridad alimentaria a través de la creación y el fortalecimiento de sistemas productivos regenerativos y sostenibles, pues los métodos de producción agropecuaria tradicionales ponen en riesgo la sostenibilidad del agua, la productividad y el acceso a alimentos en el largo plazo. Lograrlo significaría un aporte sustancial a la lucha global contra el cambio climático. Un buen ejemplo es el proyecto Ganadería Colombia Sostenible, impulsado desde The Nature Conservancy (TNC). Mediante la implementación de modelos silvopastoriles de producción ganadera, el proyecto trajo un aumento del 25 % en producción lechera, un incremento de ingresos en fincas de USD$576 por hectárea y la conservación de 18.283 hectáreas de bosques.
Otro aspecto urgente es el de la planeación territorial, que actualmente se encuentra fragmentada. No hemos logrado que el ordenamiento del suelo y la planificación de las obras incorporen como criterio decisivo la biodiversidad y la adaptación y la mitigación del cambio climático. Esto debe cambiar, y para ello es fundamental que el Estado incorpore integralmente la jerarquía de la mitigación en todos sus procesos de ordenamiento y planeación.
Finalmente, la protección y restauración de nuestras cuencas de agua y el acceso equitativo y sostenible a este recurso debe ser una prioridad para el país. Tenemos un andamiaje institucional débil y necesitamos fortalecer los esquemas de gobernanza del agua, e impulsar la creación y el fortalecimiento de instrumentos de gestión hídrica como los Fondos de Agua. Estas son estrategias pioneras que permiten garantizar la sostenibilidad financiera y la articulación multisectorial para la protección de las cuencas, generando beneficios para todos los sectores del país.
Estas son apenas cuatro necesidades claves, pero el camino es largo y apremiante. Tal vez no sea tarde para que el medio ambiente tenga en los debates -y en la conversación nacional- el espacio que se merece, porque, en cualquier caso, la ambiental es la crisis más urgente de nuestros tiempos.
* Directora de The Nature Conservancy Colombia